Investigan red de extorsión dentro de la Policía Nacional

Las labores de Inteligencia han permitido identificar a sujetos que llegan a cobrar la extorsión a negocios y luego de cumplir la labor se trasladan a una sede policial.

Más de 1,500 policías serán despedidos de la institución cuando el decreto de emergencia sea publicado en La Gaceta.
Más de 1,500 policías serán despedidos de la institución cuando el decreto de emergencia sea publicado en La Gaceta.

Tegucigalpa, Honduras.

Una organizada red dedicada al cobro de la extorsión en negocios, puntos de taxis y terminales de buses del transporte urbano de la capital de la República estaría operando dentro de la Policía Nacional, según las primeras indagaciones realizadas por agentes de inteligencia del Estado.

Las investigaciones se encuentran avanzadas y las mismas han logrado establecer la supuesta participación de miembros de la carrera policial en esta actividad criminal en perjuicio de comerciantes y trabajadores del transporte público.

Esta es la primera vez que se inicia un seguimiento de esta envergadura para determinar la existencia de una estructura de criminalidad organizada dentro del estamento policial, porque anteriormente se ha investigado, pero de forma individual y aislada a agentes y oficiales implicados en este delito.

Debido a la magnitud y la relevancia no se ofrecieron detalles precisos del caso para no entorpecer las investigaciones que ha venido realizando la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y que aún se encuentran en curso.

De hecho este es uno de los expedientes emblemáticos que la DIECP elevará a consideración de la Misión de Apoyo de Combate a la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) relacionados al tema de corrupción policial, se informó.

Una fuente de inteligencia que participa directamente en las indagaciones reveló que los primeros indicios establecen que existe un alto porcentaje de participación de policías en esta red de criminalidad organizada.

Este hecho cobra relevancia luego que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) estableció la participación del excomisario álvaro Ernesto García, exjefe de la Unidad de Pandillas de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), en la estructura de la mara Salvatrucha (MS-13) dedicada al cobro de la extorsión, sicariato y otros delitos.

“Estamos indagando la participación de policías en temas de extorsión, pero ya como criminalidad organizada, no del simple chantaje a la pulpería o al negocio o el cobro de la mordida puntualmente, sino algo mucho más grande y grave”, indicó el investigador.

Como resultado de las indagaciones y seguimientos realizados hasta ahora, se ha podido establecer e identificar una misma dinámica de operación de los implicados.

Concretamente los investigadores han venido dando seguimiento desde hace varias semanas a un vehículo particular, cuyas características se omiten por los motivos antes mencionados, el cual después de realizar el cobro de la extorsión en diferentes puntos de la ciudad, se traslada e ingresa a una unidad policial de la capital.

En este caso también hay testigos que identifican el mismo automotor que llega al negocio a cobrar la cuota semanal del mal llamado “impuesto de guerra”.

En función del seguimiento se ha podido determinar que los delincuentes siguen el mismo patrón: cobran la cuota de extorsión y luego se movilizan a la sede policial a donde supuestamente entregan el dinero.

“Se identificó particularmente un vehículo que en el caso de algunos negocios y otro caso aislado del cobro del impuesto de guerra a taxistas coinciden en que este llega a recoger el dinero de la extorsión y luego se moviliza a la unidad policial”, confió la fuente de inteligencia.

Además se logró establecer que el carro y sus ocupantes operan también por las noches.

En base a esto y otros hallazgos realizados, “nosotros consideramos el posible involucramiento de los miembros de la Policía, aunque aún no sabemos a qué nivel de jerarquía, pero al final puede ser una ramificación de todo lo que implica el tema de la extorsión en el país”, aseveró.

La información proporcionada por los testigos y las indagaciones realizadas por los investigadores coinciden en la participación de los mismos protagonistas.

“Ya hay un avance importante, por lo menos para identificar quién podría ser el propietario de ese vehículo, quién lo conduce y de dónde sale todo eso, entonces estamos en esa labor de inteligencia para luego convertirla en información más concreta”, reveló el investigador.

La investigación partió de información que llegó a la unidad de inteligencia de la DIECP y a la cual se le ha dado seguimiento.

Además de este caso, este organismo encargado de la depuración ha logrado confirmar la participación de policías como facilitadores en el cobro de la extorsión.

Casos emblemáticos

RED DE EXTORSIÓN. Uno de los casos que será elevado a consideración de la misión de apoyo contra la Corrupción de la oea es la existencia de una estructura criminal dedicada al cobro de la extorsión en el que estarían implicados miembros activos de la Policía. esta red operaría dentro de la institución.

JULIÁN ARÍSTIDES GONZÁLEZ. El extitular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico fue asesinado el 8 de diciembre de 2009. Su esposa denunció que los sicarios fueron policías que salieron en motocicleta del cuartel general de la Policía.

FISCAL ORLAN CHÁVEZ. El entonces coordinador de la unidad contra el Lavado de activos de la fiscalía de Privación de Dominio fue asesinado en supuesto retén policial en abril de 2014. en su asesinato también se culpa a miembros de la Policía.

ALFREDO LANDAVERDE. El exasesor de seguridad y titular del Consejo Nacional Contra el Narcotráfico fue asesinado por sicarios en diciembre de 2011, justamente tras comparecer en un programa televisivo donde denunció la corrupción en la Policía Nacional.

DELITOS CONTRA LA VIDA. Otro de los casos que será sometido a la Maccih es el que implica a tres oficiales de la Policía Nacional en supuestos delitos de asesinato. El caso actualmente se encuentra abierto en el Ministerio Público y ha sido retomado por agentes de la DIECP.

La Prensa