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ONU y Parlamento Europeo repudian crimen de ambientalista

Piden al Estado de Honduras acciones rápidas para esclarecer el asesinato.

Garífunas y lencas en el funeral de Berta Cáceres. Foto: AFP/Orlando Sierra
Garífunas y lencas en el funeral de Berta Cáceres. Foto: AFP/Orlando Sierra

Ginebra, Suiza.

La relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, condenó ayer “enérgicamente” el asesinato de la dirigente ambientalista hondureña Berta Cáceres y pidió justicia para este tipo de crímenes.

“Berta Cáceres es el nombre más reciente en una larga lista de activistas indígenas asesinados por defender sus derechos humanos”, afirmó la responsable en un comunicado.

Tauli-Corpuz agregó que “ya es hora de que las naciones del mundo hagan que los perpetradores comparezcan ante la justicia y protejan a los activistas indígenas que protestan pacíficamente por el saqueo de sus tierras y sus recursos”, instó Tauli-Corpuz.

Para la relatora de la ONU “es muy probable que su asesinato esté vinculado con su trabajo en defensa de los derechos humanos del pueblo indígena lenca”.

La presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Elena Valenciano, mostró también su repudio por el asesinato de Berta Cáceres y pidió a Honduras que proteja a los activistas que defienden “legítimamente” las libertades fundamentales.

La eurodiputada socialista española pidió una “reacción rápida de las autoridades para investigar meticulosamente este asesinato y llevar ante la justicia a los responsables”, y agregó que “este crimen no puede quedar impune”.

Valenciano manifestó que “por medio de un cobarde y espantoso crimen se han llevado la vida de una mujer valiente e inquebrantable; pero la causa de Berta Cáceres seguirá viva a través de todos aquellos en Honduras, y en muchos otros países del mundo, que siguen luchando por defender pacíficamente los derechos y las libertades de los más vulnerables”, enfatizo.

En su opinión, el caso de Cáceres ha sido “una espantosa crónica de una muerte anunciada”, ya que “vivió durante décadas bajo amenazas y acoso” y urgió al Gobierno hondureño garantizar la protección a los defensores de los derechos humanos.