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Reabren investigación contra actual directora del Injupemp

  • 16 junio 2015 /

Tegucigalpa, Honduras.

A raíz de las recomendaciones formuladas por la comisión multipartidaria del Congreso Nacional, el Ministerio Público resolvió reabrir una investigación en contra de la actual directora del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), Martha Doblado Andara por la aprobación irregular de varios préstamos hipotecarios y personales a su favor.

Este caso fue publicado en exclusiva por diario LA PRENSA en agosto del año pasado, con base en documentos que revelaron la forma improcedente en la que la funcionaria se aprobó financiamientos por más de L 2.7 millones en un plazo récord obviando los controles y disposiciones internas.

Conforme a la investigación periodística, Doblado Andara violentó el reglamento interno de la institución y sorteó los controles regulares valiéndose de su condición privilegiada de máxima responsable de esa entidad para que se le concediesen los créditos.

El primer caso se trató de un préstamo individual de liberación de hipoteca con un banco privado de dos inmuebles situados en la comunidad de El Tablón, El Pilinguín, jurisdicción del Distrito Central, por un monto de 2,376,600 lempiras.

Este financiamiento fue otorgado violentando el reglamento de préstamos de la institución y, además, se modificó el valor de la valuación de las propiedades, según el dictamen número 030-2014-DIP del 21 de enero de 2014 emitido por la División de Ingeniería y Proyectos y validado por el Departamento de Préstamos de Vivienda.

Foto: La Prensa

LA PRENSA sacó a luz varias de las irregularidades que hoy investiga el Ministerio Público, entre estos la compra de bonos y el otorgamiento de préstamos.
Para favorecer a la funcionaria también se manipuló el software de análisis de crédito conocido como sistema AS/400, cuyo parámetro máximo es de seis millones de lempiras, pero se extendió a 10 millones para que calzará con el valor de las propiedades de Andara.

Por otro lado, la directora del Injupemp se aprobó un financiamiento personal por 300,000 lempiras, que, al igual que el anterior, no cumplió con las disposiciones legales que establece la institución.

En este caso la irregularidad consistió en que la funcionaria no estaba facultada para acceder a un financiamiento personal en vista que recién había retornado al sistema de previsión después de haber retirado sus aportaciones y debía esperar un plazo mínimo de seis meses para ser sujeta a un nuevo crédito.

Este y otros hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción, la cual abrió un expediente investigativo; sin embargo, inexplicablemente el caso fue cerrado.

En su informe, la comisión multipartidaria sacó a luz nuevamante el caso y por presiones de varios de sus miembros, entre ellos los diputados Edgardo Casaña, Doris Gutiérrez y Marlene Alvarenga, el Ministerio Público se ha visto obligado a reabrirlo y para ello emprendió nuevas diligencias.