Washington, Estados Unidos.
En relación con la demanda interpuesta en el caso de la Corporación Forestal e Industrial de Olancho, S.A., ( Corfino) contra el Estado de Honduras por Cortez Byrd y Simmons Lumber Company, la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito del Estado de New York ratificó ayer que el Estado de Honduras goza de inmunidad soberana y que la sentencia de 2003 no es ejecutable.
La Corte declaró de manera categórica que el caso queda “cerrado.”
La sentencia se logró luego de varios años de trabajo en la defensa del caso por parte de la Embajada de Honduras en Estados Unidos, la Procuraduría General de la República (PGR) y el abogado Juan Basombrio y su equipo de trabajo.
El caso se inició en 1997 a raíz de un proyecto de un aserradero en Honduras, propiedad de Corfino.
“Este resultado representa una gran victoria para Honduras, dijo el embajador de Honduras en Estados Unidos, Jorge Milla Reyes.
El diplomático informó que el trabajo formal sobre este caso se comenzó durante la gestión del embajador Jorge Ramón Hernández Alcerro y destacó el trabajo de la procuradora general de la república de aquel momento, Ethel Deras.
En relación con la demanda interpuesta en el caso de la Corporación Forestal e Industrial de Olancho, S.A., ( Corfino) contra el Estado de Honduras por Cortez Byrd y Simmons Lumber Company, la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito del Estado de New York ratificó ayer que el Estado de Honduras goza de inmunidad soberana y que la sentencia de 2003 no es ejecutable.
La Corte declaró de manera categórica que el caso queda “cerrado.”
La sentencia se logró luego de varios años de trabajo en la defensa del caso por parte de la Embajada de Honduras en Estados Unidos, la Procuraduría General de la República (PGR) y el abogado Juan Basombrio y su equipo de trabajo.
El caso se inició en 1997 a raíz de un proyecto de un aserradero en Honduras, propiedad de Corfino.
“Este resultado representa una gran victoria para Honduras, dijo el embajador de Honduras en Estados Unidos, Jorge Milla Reyes.
El diplomático informó que el trabajo formal sobre este caso se comenzó durante la gestión del embajador Jorge Ramón Hernández Alcerro y destacó el trabajo de la procuradora general de la república de aquel momento, Ethel Deras.
