Ni los mismos empresarios que presentan las ofertas al Gobierno confían plenamente en las compras directas del Estado y esa opinion es compartida por el 87 de la población hondureña.
En el último informe de transparencia, Honduras aparece con un índice mundial de 2.5, de un diez posible; en otras palabras, está entre los países más corruptos del mundo.
Para la sociedad civil, las compras que hacen las instituciones del Estado van precedidas de sobornos, principalmente las que hacen Educación, Salud y Enee, mientras, para los empresarios, el mayor problema de las compras está justamente en los contratos de infraestructura, particularmente viales.
El diputado Celín Discua ha denunciado que sólo en el gobierno del ex presidente Manuel Zelaya (2006-2009) se hicieron compras directas por seis mil millones de lempiras. Por estas irregularidades, los legisladores y miembros del Tribunal Superior de Cuentas, TSC, piden que se eliminen las compras directas.
Desconfianza
Para Aline Flores, presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Ccit, las compras directas deberían desaparecer del esquema público.
“El Estado no debe comprar nada directo, ni siquiera por emergencia. Se decretan emergencias para justificar las compras sin licitación. Si no se para eso, no vamos a detener nunca la corrupción ni los malos entendidos. Por eso promovemos otro tipo de acciones, como una ley de veeduría, porque permitiría que esas compras sean monitoreadas por la sociedad civil y si en algún caso hay necesidad de una compra rápida, que la misma sociedad civil sirva de filtro para ver que lo que realmente se compre sea lo que se ocupe”, dijo la empresaria.
“Que no se maximicen cosas que no utilizarán o que no se vayan a quedar cortos para después justificar la emergencia. Eso es lo que hay que ver: que ambos aspectos sean congruentes”, añadió.
La intención, dijo, es que las compras y los precios sean abiertos, en Internet, porque actualmente todo va en sobres sellados.
“No se pueden ver los resultados y así uno mira por qué perdió o ganó y si presentó todo lo pedido o no. Se busca entonces cómo la sociedad o la comunidad sirvan de veedores en el gobierno central y en los municipales, y este tipo de procesos deben incorporarse al Plan de Nación”, añadió.
“Entre menos manipulación hay en los procesos, es mucho mejor”, la transparencia debe estar presente en los procesos, pero eso depende de darle más participación a la sociedad.
Mala percepción
El Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, ve con preocupación que delitos como el soborno aparecen legalmente en las compras directas.
“Sin que nada se pueda hacer para evitarlo”, según el presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas de Honduras y coordinador del CNA, Oswaldo Canales.
En una encuesta de percepción con representación nacional, en poder del CNA, se le preguntó a la ciudadanía sobre su conocimiento de las contrataciones públicas realizadas y el 62 por ciento de los encuestados, seis de cada diez, opinó que estos procesos son poco transparentes y medianamente confiables. El 22 por ciento consideró que no son nada transparentes y poco confiables y sólo el 4% opinó que son transparentes y confiables; a diferencia del ámbito municipal. Con este resultado se evidencia que una de las más significativas vulnerabilidades, desde la perspectiva ciudadana, radica en el bajo nivel de confianza sobre el sistema de contrataciones públicas.
Para el 87 por ciento de la población, ocho de cada diez personas, en las compras del Estado hay sobornos y luego el otro delito cometido es el mal uso de los recursos, fraude, el tráfico de influencias y, con un menor porcentaje, la colusión. Los empresarios opinan que el soborno es el ilícito más cometido en las compras.
En cuanto al sector dentro de las contrataciones públicas, la ciudadanía observa más actos de corrupción en educación con 23 por ciento, seguido por la energía con 21 por ciento, salud con 17 por ciento y telecomunicaciones con 16 por ciento.
Hasta 2008, el Estado tenía registrados a 1,300 oferentes, proveedores y contratistas, de acuerdo con la oficina que registra las compras del Estado, Oncae, particularmente la dependencia de Honducompras.
Entre los registrados en Honducompras, apenas el 48 por ciento fue contratista o proveedor del Estado en los últimos diez años, según la encuesta del CNA. El quince por ciento suscribió contratos más de tres veces al año y el 37 por ciento participó menos de tres veces al año. El 25 por ciento no ha tenido participación, pero en general casi el cincuenta por ciento sí hace contrataciones con el Estado.
Si bien los empresarios tienen una relativa confianza en los organismos internacionales para hacer los procesos de contratación pública, esta confianza relativa no es respaldada suficientemente, ya que la mayoría de los argumentos son negativos y el 47 por ciento de los entrevistados no sabe o no responde. En general, puede inferirse que, si bien los empresarios no tienen confianza en el actual sistema de contrataciones públicas, existe un manifiesto deseo o expectativa de que el Estado hondureño maneje todo este proceso, aunque tienen una leve preferencia porque sea manejado por los organismos internacionales.
Los bajos niveles de confiabilidad y transparencia en los procesos de contratación nacionales podrían explicar por qué una parte de los empresarios expresan mayor confianza en que los organismos internacionales ejecuten las contrataciones del Estado, el 40 por ciento, en comparación con los entes gubernamentales, con el 20 por ciento. Sin embargo, es notorio que el 23 por ciento del sector empresarial encuestado considere que esta actividad debería de ser hecha por agentes privados.
En su conjunto, estos bajos niveles de confianza de los empresarios con respecto a las entidades y los procesos de contratación pública afecta negativamente al capital social del país al no consolidarse las relaciones de confianza entre la ciudadanía y el Estado, especialmente en un aspecto tan importante de la gestión estatal como las contrataciones públicas, según el documento.
Entre los delitos de corrupción más reconocidos en las contrataciones públicas, aparece en primer lugar el soborno con el 88 por ciento, seguido por el tráfico de influencias, 87 por ciento, y el enriquecimiento ilícito, 85 por ciento. De hecho, estos ilícitos son los más comunes en la percepción general de la ciudadanía y los más denunciados ante los entes de control, aunque no necesariamente los más judicializados y sancionados.
El soborno
La percepción de que la práctica del soborno es la más común, cuando se pregunta a los empresarios acerca de la posibilidad de ganar una licitación o concurso mediante el pago de soborno. Las respuestas indican que es totalmente posible en el ámbito nacional y municipal.
No obstante, aunque se considera que la práctica del soborno es común en el país, llama la atención que la mayoría de los encuestados no saben o no responden cuando se les pide que mencionen los casos de soborno que más recuerdan -48%-. De los casos mencionados, los más recordados son los de Hondutel, la Enee y en la compra de medicamentos.
De los resultados de esta encuesta dirigida a empresarios puede decirse que el sector empresarial contratista con el Estado parece estar más convencido de la necesidad de establecer reglas de juego transparentes y garantizar la igualdad de oportunidades en un mercado abierto y competitivo, a pesar de que no existe una opinión clara sobre cuáles deberían ser estas reglas, según el CNA.
Mecanismos para contratar con fondos externos
En 1996 se puso en vigencia un sistema de adquisiciones públicas por medio de las Naciones Unidas con la aprobación del Gobierno de la República y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, aprobado el 17 de enero de 1995 y puesto en vigencia mediante decreto número 33-95. Debido a irregularidades en los procesos de contrataciones, la administración del presidente Ricardo Maduro aplicó dicho decreto, sometiendo hasta el año 2006 al proceso de gestión de este programa las contrataciones públicas con Hondutel, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y la Secretaría de Salud.
Posteriormente, dadas algunas vulnerabilidades en dichos procesos y en función de las directivas de la administración del presidente Manuel Zelaya, se finalizó este enfoque de las contrataciones, prestándose mayor atención al inicio de la actuación del control fiscal, funcionamiento de la Oncae y del sistema Honducompras. Algunos organismos multilaterales claves como BM y BID aportaron asistencia técnica y financiera en el proceso de crear y consolidar un marco legal y operativo para normar y regular las adquisiciones públicas, en particular bajo la consolidación de un sistema nacional amparado en la Ley de Contrataciones del Estado de 2001.
Sin embargo, a pesar de la tendencia a uniformar los procedimientos de contrataciones públicas, en Honduras subsisten al menos tres modalidades en las adquisiciones públicas con fondos externos: a) las diferenciadas, pero que se hacen amparadas en la Ley de Contrataciones del Estado y el seguimiento de Oncae, b) las que siguen procedimientos propios de licitación, contratación y concurso según las disposiciones de las fuentes
externas de financiamiento y c) las modalidades emergentes de las regulaciones y acuerdos según el Cafta y el acuerdo de adhesión UE. En el primer caso, se alinean los procedimientos del BID, BM y la Cuenta del Milenio, EUA, mientras que en la segunda modalidad aún operan los procesos de adquisiciones públicas del PNUD, UE, BCIE y otros cooperantes bilaterales, como Usaid.
En la segunda modalidad, a veces mencionada como “cerco fiduciario”, se aplican normas, procedimientos y sistemas de adquisiciones específicos de cada agencia cooperante, se manejan controles diferentes a los nacionales mediante unidades ejecutoras de proyectos.
