Severas penas a testaferros impone la nueva Ley de Lavado

La nueva Ley contra el Lavado de Activos en Honduras contempla penas de hasta 20 años de prisión a partir de 2015.

Los bienes serán decomisados a los testaferros y a estos se les aplicarán penas de hasta 15 y 20 años de prisión.
Los bienes serán decomisados a los testaferros y a estos se les aplicarán penas de hasta 15 y 20 años de prisión.

Tegucigalpa, Honduras.

La lucha contra el lavado de activos viene con fuerza en 2015. El Congreso Nacional aprobó una nueva Ley Especial contra el Delito del Lavado de Activos antes de que finalizara el año, a la que incorporó nuevas figuras entre las que se destaca el castigo contra los testaferros, quienes se pusieron de moda en Honduras tras el escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

A falta de la aprobación de un artículo en la nueva ley, los congresistas iniciarán el año debatiendo sobre el secreto profesional para que el nuevo reglamento sea aprobado totalmente y comiencen a aplicarse las severas penas.

“La lucha contra la corrupción pública y el establecimiento de sanciones más severas para los culpables del blanqueo de dinero son elementos fundamentales que aprobamos en la nueva ley, la que es un requerimiento al Estado de Honduras por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi)”, explicó el presidente de la Comisión de Seguridad del Legislativo, Tomás Zambrano.

El año 2015 es crucial, pues la Gafi revisará si Honduras deja de ocupar la lista gris como país no colaborador en el lavado de activos. “Aprobar esta ley es un requisito que debíamos cumplir para la revisión que viene en 2015; es una exigencia internacional. Una de las novedades en esta ley es la autonomía del delito de lavado de activos porque actualmente al llevarle un proceso a alguien tenía que existir otro delito para poder acusarlo de lavado”, manifestó Zambrano.

Objetivos

La ley da vida a la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ciplaf), dirigida por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

En la ley ya se tipifican como delito de lavado de activos todos los ilícitos relacionados con el crimen organizado, delitos de medio ambiente, extorsión, narcotráfico, tráfico de personas, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, tráfico de influencias, corrupción y delitos conexos.

La pena mayor es de 15 a 20 años cuando el valor de los bienes decomisados o incautados van más allá de los 120 salarios mínimos equivalentes a unos L720,000 lempiras, pero si lo comete un funcionario público, la pena aumenta un tercio a la sanción por la que se le puede acusar.

Entre otras novedades en la ley se destaca el delito por encubrimiento y el de asociación ilícita en el lavado de activos.

El lavado de activos omisos que pueden cometer las instituciones bancarias o empleados de la banca o el sistema financiero.

Asimismo se establece el delito del testaferrato para personas que prestan su nombre para abrir cuentas de banco, adquirir títulos valores o bienes inmuebles.

Sobre los bienes incautados, la ley indica que una vez que exista sentencia de comiso o un fallo de privación de dominio, queda establecido que un 45% se destina al sector justicia y seguridad, 45% para prevención y 10% para la Oabi.

La Prensa