Toda una trama tejieron funcionarios, ex funcionarios y dueños de empresas constructoras para agenciarse proyectos en el Fondo Vial.
Documentación fehaciente deja al desnudo algunas de estas prácticas corruptas mediante las cuales se le ajudicaron millonarios contratos en 2006 a varias compañías, validando así la denuncia interpuesta por el diputado liberal Miguel Ángel Gámez.
En este festín de contratos amañados, que suman unos 10 de los casi 50 sometidos a licitación, figura el otorgado a la empresa Inseco, propiedad del ex ministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Soptravi, Sergio Canales, para la supervisión de los proyectos concedidos por el Fondo Vial.
Se intentó buscar la reacción de Canales, pero no fue posible.
De acuerdo a las pruebas obtenidas, Canales primero formó parte del comité técnico vial encargado de revisar las ofertas en representación del Colegio de Ingenieros; tras enterarse de las propuestas de las demás participantes se salió y, según consta en el acta 49 de la sesión, puso en su lugar a Rubén Reyes, otro miembro de ese colegio, lo que supuso una ventaja sobre los demás competidores.
Conocía la información
Tras salirse del comité vial Canales presentó su oferta para manejar el proyecto de verificación técnica económica y administrativa, cuyo fin es supervisar la ejecución de los proyectos en materia de carreteras del Fondo Vial.
Luego del proceso de precalificación, en diciembre de 2006 se le concedió desarrollar este plan, para lo cual se definió pagarle un monto de 45 millones de lempiras.
En este concurso de supervisión primero participaron 113 compañías. En una segunda ronda la cifra se redujo a 48, pero 15 no contaban con el perfil necesario para ganar, incluyendo a Inseco.
De acuerdo a una denuncia interpuesta en el Ministerio Público, el Fondo Vial negoció con las empresas ganadoras pagarles 39 por ciento por arriba de lo que generalmente se ha consignado.
Según algunas empresas perjudicadas, Inseco no tiene la experiencia de otras y se vio obligada a decir que algunos de sus directores tenían maestrías, pero en realidad no han terminado sus especializaciones.
Otra irregularidad detectada es que en la presentación de la planilla de empleados de Inseco aparecen dos funcionarios públicos, lo cual prohíbe la Ley de contratación del Estado.
Una de ellas es Yasmina Deras, quien es puesta como gerente de proyectos, pero a su vez es jefa de la Unidad técnica de superintendencia de concesiones. Por esta razón una de las compañías perjudicadas en la licitación, Corporación de Ingenieros Consultores, presentó una denuncia ante el TSC.
Suplantación
Antes de inscribirse la compañía Metro en la licitación de un proyecto carretero en El Paraíso, Karla Uclés, directora de Vivienda y una de las dueñas de la empresa, cedió todas sus acciones a otro socio, su esposo Mario Alberto Mejía del Cid.
El valor de lo entregado a Metro por esa obra asciende a 15 millones de lempiras, y a la empresa supervisora, Ideca, se le asignaron cuatro millones.
El traspaso de las acciones se concretó el 20 de junio de 2006, según se verifica en el testimonio de escritura pública con registro 414. Uclés se defiende al decir que no existió nada ilegal en la escogencia de la empresa de su esposo, pues ella no participó en ninguno de los procesos de la licitación.
Sostiene que como jefa de Vivienda no tiene ninguna ingerencia en la Dirección de Carreteras ni en el Fondo Vial como para influir en la selección a favor de Metro.
Antecedentes
La empresa Metro sí estaba inhabilitada para participar en la licitación, de acuerdo a la Ley de contratación. Este instrumento legal califica esta operación como “suplantación”, que es cuando en las proximidades de una licitación un funcionario traspasa su parte de la sociedad de la empresa que se inscribirá en la subasta a otra persona, independientemente de su relación.
La empresa Metro tiene antecedentes. El 20 de febrero de 2001 el presidente del Congreso Nacional, Rafael Pineda Ponce, solicitó al entonces ministro de Soptravi, Tomás Lozano, que reubicara a Karla Uclés y a Mario Mejía de un proyecto carretero que realizaba Metro en Intibucá, porque los pobladores del lugar se quejaron de falta de supervisión adecuada.
“Denuncias son por revanchismo político”: Castillo
Tegucigalpa. Las denuncias que formulara el diputado liberal y ex director del Fondo Vial, Miguel Ángel Gámez, sobre licitación de contratos irregulares son producto de represalias porque a conocidos suyos no se les adjudicaron obras.
Esa es la defensa que plantea el director de Obras Públicas, Guillermo Castillo, quien según el denunciante es dueño de una de las compañía que ganó un proyecto.
“Estas cosas son por cuestiones sectarias y políticas, aparentemente porque fue perjudicado; imagino que no fueron seleccionados sus amigos”.
