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Zelaya fue separado por decreto del Congreso

  • 29 junio 2009 /

Un decreto legislativo fue leído para explicar los motivos por los cuales el presidente Manuel Zelaya sería separado de su cargo.

    Un decreto legislativo fue leído para explicar los motivos por los cuales el presidente Manuel Zelaya sería separado de su cargo.

    El secretario del Congreso, José Alfredo Saavedra, leyó el documento frente al pleno y explicó las causas por las cuales Zelaya había actuado “en forma irregular” y había puesto “en peligro el Estado de derecho”. Este decreto fue resultado de la investigación de una comisión especial nombrada por el Congreso para conocer las actuaciones de Zelaya y el porqué había desacatado fallos judiciales.

    La decisión de separar a Zelaya de su cargo fue fundamentada en el hecho de que el entonces gobernante “generó un clima de confrontación, división y zozobra al grado de poner en peligro inminente y de rompimiento al Estado de derecho y la gobernabilidad”.

    El decreto también explica que “de conformidad con los artículos 245, numeral 1, 321 y 322 de la Constitución de la República es deber del ciudadano presidente, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, los tratados y las convenciones y demás disposiciones legales.

    Considerando que es potestad del Congreso Nacional velar, aprobar o improbar la conducta de los Poderes Constituidos y demás instituciones del Estado. Considerando que los funcionarios no tienen más responsabilidades que las que les confiere la Ley”, cita.
    Entonces se dio paso a los diputados para que expusieran sus opiniones sobre la situación.

    “La sustitución legal de Zelaya Rosales está condicionada a que se establezca lo más pronto posible un gran diálogo nacional con todos los sectores políticos y no políticos”, dijo el diputado Antonio Rivera Callejas, en nombre de la bancada del Partido Nacional.

    “Nuestro país desde hace algún tiempo se encuentra sin norte, agitado políticamente, y en una confrontación nunca antes vista. En estos momentos esta situación requiere de un gran diálogo nacional”, agregó el diputado nacionalista. Según él, el apoyo a la sustitución legal “está condicionado a ese gran diálogo nacional”, todo con el fin de establecer la paz y la tranquilidad del país.

    El congresista pidió que se trabaje a nivel internacional, para darle a conocer a todos los organismos “que todo esto se hace en el marco de la legalidad y la paz. Tenemos que vernos como un país que respeta la ley y la democracia”, expresó.

    La renuncia

    Seguidamente, Saavedra leyó una carta de renuncia que fue dejada por Zelaya Rosales antes de viajar a Costa Rica.

    “Dada la situación política polarizada que se ha presentado, la cual ha dado lugar al desencadenamiento en un conflicto nacional que ha erosionado mi base política y debido a problemas insuperables de salud que me han impedido concentrarme en los asuntos fundamentales de Estado, cumplo con el deber de interponer mi renuncia irrevocable a la Presidencia de la República junto con la de mi gabinete de Gobierno efectiva a partir de esta fecha.

    Con mi renuncia espero contribuir a sanar las heridas del ambiente político nacional.

    Atentamente,

    José Manuel Zelaya Rosales,
    Presidente de la República de Honduras”, explicaba la nota.

    Sin embargo, el presidente negó que haya renunciado. “Es totalmente falso. “Eso es una conspiración política apoyada por los militares”, dijo Zelaya a la cadena de televisión estadounidense CNN.

    El diputado Ricardo Rodríguez, coordinador de la comisión investigadora, explicó al pleno que el mandatario ha descuidado la atención a problemas sustanciales como la gripe A/H1N1, a los afectados por el terremoto, la crisis financiera, el desempleo y la seguridad de los hondureños.
    Además sus acciones como la sustracción del material que estaba confiscado en la Fuerza Aérea “demuestra que la conducta del ciudadano Presidente hace peligrar su fidelidad a la República, al cumplimiento de la Constitución y demás leyes que enmarcan el funcionamiento de los funcionarios poniendo en precario el Estado de derecho, la gobernabilidad y el sistema democrático”.