El gobierno de transición del presidente Roberto Micheletti se consolida. En Casa de Gobierno, Micheletti juramentó ayer, en horas de la tarde, a nueve funcionarios más que lo acompañarán en la ardua labor de gobernar Honduras hasta el 27 de enero de 2010, día en que tomará posesión el candidato que gane las elecciones en la próxima contienda electoral, el 29 de noviembre del presente año.
En un ambiente ordenado y respetando el protocolo necesario que rige las juramentaciones de funcionarios públicos, Micheletti llamó de uno en uno a los nueve ciudadanos que prestaron juramento sobre la Constitución de la República. La primera en ser llamada fue la diputada liberal María Dilma Quezada, ahora secretaria privada del presidente Michelleti. Enseguida se llamó al también diputado liberal Gabo Jalil Mejía, quien desde ayer fue anunciado como subsecretario de Defensa.
También pasó a jurar frente a la Constitución de la República el ciudadano Juan Fernando ávila, como subsecretario de Cultura, Artes y Deportes; el diputado liberal Luis Martínez, como nuevo director del Patronato Nacional de la Infancia, Pani; Roberto Orellana, como viceministro de la Juventud y la diputada liberal Martha Lorena Alvarado, como vicecanciller de la República.
Algo distintivo en el gobierno de Micheletti son las pretensiones de combatir la delincuencia a un alto nivel, ya que ayer nombró a dos subsecretarios de Seguridad: Mario Perdomo, quien fue ratificado en su puesto, y Luis Saúl Bueso Mazariegos, quien estará ejerciendo sus funciones en la zona norte del país. Micheletti ratificó en su puesto al viceministro de la Presidencia, Ricardo Arias Brito.
Ratificados
El tan solo hecho de que un funcionario del gobierno anterior acepte la ratificación en su cargo en este nuevo mandato constitucional, da señales de transparencia en el proceso de sustitución presidencial que Honduras vivió el pasado domingo 28 de junio del presente año.
“Yo ya estaba en mi cargo, me quedo aquí en Tegucigalpa, siempre cumpliendo con mi responsabilidad y si el nuevo gobierno ha considerado que continúe prestando mis servicios, lo haré como siempre. Ahora voy a estar aquí, el nuevo viceministro Bueso Mazariegos estará en San Pedro Sula”, manifestó el viceministro de Seguridad, Mario Perdomo.
Bueso Mazariegos es del criterio que la delincuencia es un tema neurálgico en el mundo y Honduras no es la excepción. “Vamos a tratar con la experiencia, con el conocimiento que me ha brindado la vida, tratar de contribuir con la tranquilidad del hondureño. Hay que erradicar la violencia mayor, la que arrastra el temor, el terror dentro de la población como son los homicidios, secuestros y cualquier otro acto terrorista”, explicó el viceministro de Seguridad para la zona norte del país.
Visita de Insulza
Extraoficialmente, el presidente Micheletti comunicó que le notificaron de la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, para hoy viernes. “Todos los países del mundo son bienvenidos, le vamos a plantear (a Insulza) todo lo que ha acontecido mediante una cronología desde el día que iniciaron los cambios hasta esta fecha”, manifestó Micheletti.
Respecto a las declaraciones que el ex presidente Manuel Zelaya emitió en una rueda de prensa desde Panamá, anunciando que Insulza viene hoy a Honduras, el presidente Micheletti respondió textualmente: “No sé si es que él (Zelaya) manda a la OEA a Honduras o si es la organización la que viene. Vamos a escuchar a la comisión, de repente no es conmigo que van a hablar, pero lo van a hacer, tengo entendido que con la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, pues yo, soy la última parte si quieren hablar conmigo, pero los vamos a recibir”, enfatizó Micheletti.
Desde Panamá, Zelaya atacó de nuevo al gobierno, sin embargo, esta vez llegó más lejos al pronunciar que el nuevo gobierno que elijan los hondureños el 29 de noviembre no será legal. Micheletti se refirió a esas nuevas amenazas reiterando que los candidatos a la presidencia ya fueron electos por la voluntad del pueblo y preguntó por qué no sería reconocido. “Es un acto de legalidad la escogencia de los candidatos a la presidencia, lo que él (Zelaya) intentó hacer sí es un acto de ilegalidad y por eso es que está donde está”, afirmó.
Acerca de la juramentación de los funcionarios que ocuparán las dependencias del Estado que faltan, Micheletti informó que se hará en los próximos días, aduciendo que están tratando de escoger a los mejores ciudadanos del país.
Ambiente
La normalidad ha llegado a Casa Presidencial. Los retenes de militares y policías se han dispersado y la avenida San Juan Bosco, calle principal de acceso al Palacio José Cecilio del Valle, mejor conocido como Casa de Gobierno, ya no tiene el acceso restringido.
Desde tempranas horas fue notoria la poca cantidad de militares que resguardan la Casa de Gobierno.
En las afueras los negocios vecinos ya restablecieron sus ventas y ya mostraban otra cara. Sin embargo, se notó que cambiaron los vidrios que fueron destrozados por los manifestantes que apoyan el retorno del destituido presidente Zelaya. Además, empleados de restaurantes borraban de las paredes los mensajes (muchos de ellos insultos) que las manifestaciones a favor de Mel escribieron no sólo frente a Casa de Gobierno sino por toda la capital.
Las visitas de diputados no se hicieron esperar en Casa de Gobierno. Diputados como Marco Antonio Andino y Valentín Suárez estuvieron esperando al presidente Micheletti para sostener una reunión. El ajetreo volvió a Casa Presidencial y los empleados del gobierno de Manuel Zelaya ya se están presentando a sus labores, lo mismo que miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, quienes continúan con las inspecciones en la sede del Poder Ejecutivo.
Funcionarios juramentados:
1) Enrique Ortez Colindres, canciller de la República
2) Gabriela Núñez, ministra de Finanzas
3) Desiré Rosales, ministra del Consejo de Ciencia y Tecnología de Honduras, Cohcit
4) Adolfo Lionel Sevilla, ministro de Defensa
5) Nicolás García Sorto, ministro de Trabajo
6) Norman Ochoa, ministro de la Serna
7) Sandra Midence, presidenta del Banco Central de Honduras
8) Mario Noé Villafranca, ministro de Salud
9) Carlos Banegas, ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social, Fhis
10) Rosario Carías, viceministra de Educación
11) José Alfredo San Martín, director de Aeronáutica Civil
12) Julio Miranda, asesor en Etnias
13) Alma Rodas, directora del Instituto Nacional de Estadísticas, INE
14) Mirna Aída Castro, ministra de Cultura, Artes y Deportes
15) Ana Abarca Uclés, ministra de Turismo
16) Jorge Augusto Aguilar, gerente de Hondutel
17) German Leitzelar, ministro sin cartera en Asuntos Sociales
Principales dependencias públicas sin funcionarios juramentados:
1) Ministerio de la Presidencia
2) Secretaría de Agricultura y Ganadería
3) Secretaría de Educación
4) Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Soptravi
5) Instituto Nacional de la Mujer, Inam
6) Instituto Nacional Agrario, INA
7) Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Enee
8) Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Sanaa
9) Empresa Nacional Portuaria
10) Instituto de la Propiedad
11) Secretaría de Gobernación y Justicia
12) Comisión Permanente de Contingencias
13) Empresa Nacional de Artes Gráficas, Enag
14) Secretaría de Seguridad
15) Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel
16) Secretaría de Industria y Comercio
17) Dirección de la Marina Mercante
18) Fondo Vial
19) Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, Setco
La orden de allanamiento y captura siguieron a un requerimiento
Fuerzas Armadas cumplieron órdenes
Las Fuerzas Armadas de Honduras cumplieron órdenes judiciales al detener al ex presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, según la Corte Suprema de Justicia.
El órgano judicial emitió las órdenes para el allanamiento de la residencia de Zelaya Rosales en la colonia Tres Caminos, de la capital, y para su captura, las cuales fueron emitidas a raíz de un requerimiento fiscal interpuesto en su contra el pasado 25 de junio. El ex mandatario es acusado por el Ministerio Público por suponerlo responsable de delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones, en perjuicio de la administración pública y del Estado de Honduras.
Una vez interpuesta la acusación, el pleno de los quince magistrados que integran el pleno de la CSJ, por unanimidad de votos, designó a uno de sus magistrados para que conozca el proceso en las etapas preparatoria e intermedia.
El magistrado designado fue José Tomas Arita, que dictó la orden de captura y de allanamiento, como lo solicitó el MP. Para ese efecto, el juez natural competente libró comunicación al teniente coronel René Antonio Hepburn, asignado al Estado Mayor Conjunto, para que procediera al allanamiento de la casa de Zelaya.
Ese mismo día, el 26 de junio, el juez libró otra comunicación al jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, ordenándole delegar la captura de Zelaya, por el requerimiento fiscal interpuesto por el MP. La orden judicial fue ejecutada la mañana del 28 de junio, día en que el Ejecutivo celebraría una encuesta declarada ilegal por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo. En un comunicado, la CSJ informó que la secretividad del caso fue suspendida el pasado 30 de junio.
El 26 de junio, el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo ordenó a las FF AA que decomisara el material para la encuesta que Zelaya Rosales, acompañado por una turba, rescató de la Fuerza Aérea. Las instrucciones judiciales se dictaron a las FF AA por ser éstas el garante de la Constitución, la cual el Ejecutivo pretendía derogar.
En otro requerimiento fiscal, interpuesto el pasado 26 de junio, por los mismos delitos será conocido por el Juzgado Penal Unificado por no estar en esa fecha ostentando el cargo de Presidente. En el mismo comunicado, el Poder Judicial deja constancia a la comunidad nacional e internacional de “que si el origen de las acciones de ese día (28 de junio) estaba basado en una orden judicial emitida por juez competente, su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales y debe desarrollarse con todo lo que ilegalmente se anteponga a devolver al Estado de Honduras el imperio de la ley”.
