Separan al director legal del IHTT tras escándalo de bonos

Documentos revelan que también se pagaron 454,548 lempiras a una persona que fallecióen 2012. Secretario general del IHTT dijo que se han tomado acciones para recuperar el dinero.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) abrió una investigación de oficio del caso del pago irregular de bonos en el IHTT. Fachada de la institución en la capital.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) abrió una investigación de oficio del caso del pago irregular de bonos en el IHTT. Fachada de la institución en la capital.

Tegucigalpa.

Luego que LA PRENSA sacó a luz el irregular pago de subsidios por más de 12 millones de lempiras en el Instituto Hondureño de Transporte (IHTT), ayer se conoció la separación del director legal de esa institución Raúl Sotelo.

La separación de Sotelo surge cuatro días después de que este diario publicara un informe interno en el que se reveló que las autoridades del IHTT autorizaron el pago de 12 millones de lempiras a 68 personas naturales y jurídicas que legalmente no podían recibir el beneficio.

Una fuente de la institución reveló a LA PRENSA que Sotelo se negó férreamente a refrendar los documentos que autorizaban el pago de los subsidios a varias organizaciones, cooperativas y empresas del transporte por estar plagadas de múltiples irregularidades, lo que motivó su despido.

“El director legal se opuso a todas las acciones ilegales relacionadas con el pago de los 115 millones de lempiras y le hicieron solicitudes para limpiar o darles un matiz de legalidad a los pagos y él se opuso a participar en estos hechos y prefirió que lo separaran”, apuntó la fuente.

Información documental en poder de LA PRENSA establece que el pago de los primeros 115 millones de lempiras en subsidios fue autorizado por la comisionada Pyubani Wiliams el 29 de septiembre de este año sin que hubiera una acta refrendada por los restantes comisionados.
Hasta ayer, ninguno de los tres comisionados del IHTT, Pyubani Williams, Rafael Ruiz y Roberto Zacapa, se habían referido al tema.

Claves
1- Según el informe, los pagos indebidos se entregaron a unas 68 personas y sociedades del sector del transporte (cesionarios) que no debían ser beneficiadas porque ya habían vencido o cedido sus derechos a terceros o no contaban con sus respectivos permisos de explotación vigentes.
2- El decreto 114-2020 solamente autorizaba el pago del subsidio a personas o empresas que tuvieran permisos de operación y explotación vigentes y a los que los estuvieran renovando antes de la entrada en vigor del decreto.

Pagaron bono a un fallecido

Documentos internos del IHTT establecen que en el pago de subsidios se benefició a personas ligadas al transporte que ya habían fallecido.

Entre las personas a las que se les pagó el bono sobresale el transportista Fausto Roger Aguilar Rivera, quien era socio de la Cooperativa de Transporte Mixto Suyapa Limitada (Cotramsul), dentro de la cual contaba con tres certificados de operación con los números 20063518, 20063526 y 20063523.

El 16 se noviembre de 2012, el señor Fausto Aguilar Rivera falleció, pero el 24 de marzo de 2017, según expediente número SOL00182042, su viuda, por medio de la Cooperativa, solicitó la cesión de los derechos del certificado número 20063518 y el IHTT por medio de la secretaría general procedió a hacer y notificar un requerimiento de algunos requisitos que le hacían falta, quedando sin resolver el expediente hasta la fecha.

El 24 de enero de 2019, la misma cooperativa presentó dos solicitudes para la renovación de los certificados 20063526 y 20063523 con expedientes número SOL00237469 y SOL00237473, y dentro de la información que adjunta a los expedientes están dos contratos de compraventa a plazos con reserva de dominio sobre los mismos vehículos que utilizaba el difunto, ambos de fecha 14 de enero de 2019, suscritos por el señor Fausto Aguilar Rivera, quien falleció en 2012.

De esta circunstancia tenía conocimiento el IHTT desde el 24 de marzo del 2017, ya que además el mismo Instituto había hecho un requerimiento anterior sobre el otro certificado del difunto que era reclamado por la viuda, porque se falsificó la firma del señor Fausto Aguilar en dicho contrato.

A pesar de esto, el IHTT emitió resolución favorable de la cooperativa renovando el documento y procedieron a la entrega de los certificados de operación.

Sobre estos tres certificados, el IHTT realizó un primer pago a favor de la cooperativa en concepto del bono compensatorio por L454,548.15 por los tres certificados y se desconoce si a la fecha ya efectuaron los dos pagos restantes, ya que había presión de los comisionados en que se pagaran el viernes anterior. El certificado 20063518 se pagó sin resolverse y con un requerimiento pendiente; por consiguiente, en este caso su pago es ilegal porque no se trata de una concesión vigente como establece el decreto número 114-2020.

En cuanto a los certificados 20063526 y 20063523 se pagaron sobre la base de información errónea, falsa y fraudulenta y que era de conocimiento de las autoridades del IHTT.

Pese al fallecimiento del señor Fausto Aguilar, el IHTT siempre renovó y pagó esos certificados a favor de la cooperativa, que según el decreto 114-2020 debía pagarle a su afiliado o socio que en este caso es el difunto.

Frente a esta irregularidad, la pregunta que surge es ¿quién se lucró con ese dinero pagado por el Estado a través del IHTT?

De toda esta información se cuenta con los certificados de operación, acta de defunción, sentencia de herencia a favor de la viuda y los contratos que fueron falsificados.

Toda esta documentación del fallecimiento del señor Fausto Aguilar está escaneada en el sistema del Instituto desde marzo de 2017, “por tal motivo es imposible que no se hubieran dado cuenta de la anomalía que se estaba cometiendo al hacer efectivo el pago del subsidio”, indicó la fuente.

El bono compensatorio excepcional fue aprobado por el Congreso Nacional en agosto de este año por 355 millones de lempiras con el fin de ayudar a los transportistas de la capital afectados por la pandemia del covid-19 y en cumplimiento a otro decreto de 2017 que no se pudo materializar en aquel momento, y se comenzó a pagar el 30 de septiembre.

La Prensa