Investigación revela desvío de L11.4 millones del Bono 10 Mil

La Ufecic con apoyo de la Maccih presentó requerimiento contra funcionarios de Banadesa y otros por drenar dinero destinado a obras sociales para gastos de publicidad y personales.

Operación.Vivienda allanada en la residencial Los Hidalgos de Tegucigalpa.
Operación.Vivienda allanada en la residencial Los Hidalgos de Tegucigalpa.

TEGUCIGALPA.

Un nuevo caso de corrupción presentó ayer la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).

El caso bautizado como Corrupción sobre ruedas involucra a siete funcionarios públicos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y de Casa Presidencial, que habrían desviado más de 11 millones de lempiras (unos $468,000) de fondos públicos destinados a obras sociales.

Los fiscales, desde el viernes y bajo condición de reserva, presentaron ante los tribunales la prueba anticipada en el caso, así como requerimientos fiscales.

Los informes
Cuatro vehículos asegurados fueron pagados con el fondo de Capital Semilla y sirvieron para beneficiar a personas como Carol Alvarado y José Galdames, según la Ufecic.
Tres fundaciones o proyectos de bienestar social drenaron recursos del Estado, según la investigación: Bono 10 Mil, Fundación Acción Social y Proyecto Capital Semilla.

Se emitieron siete órdenes de captura para los implicados, de los cuales la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) detuvo a cuatro: Juan Ramón Maradiaga Santos, Gonzalo Molina Solórzano, Carlos Josué Romero Puerto y Elmer Geovani Ordóñez Espinal. Ayer comparecieron en audiencia de declaración de imputado y la juez les decretó medidas distintas a la prisión preventiva. La audiencia inicial se programó para el 27 de septiembre a las 9:00 am.

La trama. Ana María Calderón, vocera de la Maccih, en conferencia de prensa, detalló cómo se conformó una estructura para crear un esquema mediante el cual se usaron los fondos destinados para el Bono 10 Mil, asignados a Banadesa. Estos se canalizaron a través de la empresa de fachada Servicios e Inversiones AID.

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“Hubo Alquiler ficticio de vehículos para ser usados o transferidos a funcionarios públicos”:Ana María Calderón, vocera de la Maccih

“Desviaron fondos para arrendar vehículos blindados para la distribución del bono. La documentación concluyó que en realidad esos vehículos blindados fueron utilizados para trasladar personeros que iban a trabajar en la campaña electoral del año 2013. Este servicio fue pagado por Banadesa por medio de cheques no negociables en un monto de 4,154,020 lempiras”, explicó la vocera de la Maccih.

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Los acusados por este caso son Juan Ramón Maradiaga Franco (gerente administrativo de Banadesa) y David Eduardo Ortiz Handal (gerente financiero de Banadesa), ambos acusados por abuso de autoridad, 17 delitos de fraude y 39 delitos de uso de documentos públicos falsos.

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Se aseguraron cinco vehículos de una de las implicadas.

Además, Elmer Geovany Ordóñez Espinal y Carlos Josué Romero Puerto acusados de 17 delitos de fraude. Carol Vanessa Alvarado Izaguirre es acusada de cómplice necesaria de 18 delitos de fraude, Claudia Noriega González como cómplice necesaria de 17 delitos de fraude y Harry Herrera Carballo (gerente administrativo de Presidencial) por abuso de autoridad. Noriega ya enfrenta una acusación por el caso Pandora.

La investigación

La Ufecic y la Maccih investigaron el caso por siete meses, lo que les permitió recolectar más de 100 elementos de prueba que se incluyen en el informe preliminar de auditoría forense que se compone de al menos 500 páginas. “Se determinó que Carol Alvarado y Claudia Noriega actuaron como cómplices necesarios para crear la empresa de fachada AID, donde drenaron los recursos.

El dinero fue utilizado entre el 4 de julio de 2013 y 19 de mayo de 2014, con un monto gastado de 11,401,151 lempiras que fueron usados mediante 104 débitos”, explicó Calderón.

Decretamos en secretividad el caso hasta realizar las diligencias, no se
ha concluido.

Luis Javier Santos, coordinador de Ufecic

Hay un informe de contaduría elaborado por Ufecic que detalla los movimientos del dinero, en donde se muestra que los acusados autores y cómplices arrendaron vehículos con fondos del Bono 10 Mil, creado en 2010 mediante un convenio con el Praf para favorecer a personas de la tercera edad, jóvenes y niños.

“También se extendieron cheques por concepto de publicidad y propaganda. Desde las cuentas de AID se trasladaban recursos a las cuentas personales de Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, fondos que incluso sirvieron para pagar sus tarjetas de crédito”, dijo la vocera.

A nombre de AID se extendieron fondos que sirvieron para pagar gastos de hospedaje a los asistentes a una convención política del Partido Nacional en Comayagua el 15 de marzo de 2014.

Se detectó que en un evento en el estadio Nacional, en enero de 2013, se efectuó un pago por 7,500 sándwiches a un costo de 862,500 lempiras.

El Congreso Nacional, entre el 30 de octubre y el 13 diciembre de 2013, emitió tres cheques que fueron depositados a la cuenta de AID por un monto de 706,320 lempiras para pagar propaganda institucional, publicidad y otros eventos.

A la fecha no hay documentos que acrediten que hayan sido utilizados para ese fin, informaron los investigadores.

Aseguramientos. Un Juzgado de Privación de Dominio ordenó asegurar nueve vehículos y una empresa, de los cuales Carol Vanessa Alvarado y su esposo José Antonio Galdames, exministro de Ambiente, son socios.

La Prensa