San Pedro Sula, Honduras.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) se reunirá esta semana para analizar un nuevo cobro que el Gobierno les impondrá de forma indirecta a las compañías que transporten por vía marítima hidrocarburos y sustancias potencialmente contaminantes.
“Habrá reuniones con los más afectados, los navieros, porque todo eso ya se paga, tanto a la Empresa Nacional Portuaria (ENP) como a la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC). Esto sería un cobro más, esto no debe ser”, advirtió Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal del Cohep.
A criterio de Solórzano, en estas reuniones deben participar representantes de la Marina Mercante, Operadora Portuaria Centroamericana, ENP, navieras “para determinar lo que procede”.
“Si esto significa un nuevo costo, nos vamos a oponer. Las reuniones serán entre lunes y martes”, anunció.
| Casos
En 20 años, la Municipalidad de Puerto Cortés ha registrado tres derrames de derivados de petróleo.
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Reglamento.
Efectivamente, partir del próximo 9 de septiembre las empresas marítimas que transporten hidrocarburos y sustancias contaminantes deberán contratar los servicios de una compañía especializada en atender los derrames de agentes químicos nocivos provenientes de los buques.
El Gobierno comenzó desde el año antepasado a socializar la instauración del Sistema nacional de respuesta ante derrames de hidrocarburos y otras sustancias contaminantes en el mar cuyas normas están contenidas en el reglamento de prevención (Acuerdo 022-2015).
“Tenemos como fecha tentativa el 9 de septiembre para que entre en vigor esta nueva medida; pero aún seguimos en proceso de socialización”, informó Juan Carlos Rivera García, director de la Marina Mercante.
| Juan Carlos Rivera García, Director de Marina Mercante, dijo: “No tenemos contrato con esta empresa, cualquier otra puede ofrecer el servicio”.
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Rivera García explicó “que no existe ninguna contratación de parte del Gobierno de alguna empresa, lo que se tiene realmente... es una normativa que indica que cuando una embarcación entre en puerto hondureño tiene que presentar una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en el caso de que haya un tipo de derrame y tiene que presentar un certificado OSRO que lo da una compañía que está autorizada por la Marina Mercante”.
Actualmente, en Honduras solo la empresa panameña Ocean Pollution Control (OPC) está autorizada para ofrecer ese servicio.
En 2012, la Dirección General de la Marina Mercante, mediante el Acuerdo 023-2012, decidió “designar a Ocean Pollution Control Honduras (OPC) como la organización de Atención de Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Contaminantes (OSRO) de la República de Honduras a fin de asegurar la capacidad real de respuesta y activación efectiva del Plan nacional de contingencia para combatir la contaminación causada por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas”.
No vamos a permitir un nuevo cobro porque esos servicios ya son pagados por las empresas. Gustavo Solórzano, Asesor legal de Cohep
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Al ser consultado vía teléfono por Diario LA PRENSA, Rivera García reconoció que habrá un impacto económico en “las empresas que potencialmente puedan contaminar el mar porque deben pagar el servicio”.
Rivera García argumentó que si en este momento hubiese un derrame de hidrocarburos en gran escala en Puerto Cortés, habría una crisis que se extendería hasta Belice y Guatemala y causaría daños al Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Operaciones.
Ocean Pollution Control, que tiene oficina frente a las playas públicas de Puerto Cortés, se convirtió en 2009, por medio de una ordenanza, en la única entidad habilitada por la Municipalidad de este municipio para prestar servicios de prevención y control de contaminación marítima.
En diciembre de 2018, Ocean Pollution Control se encargó de atender un derrame de pet coke (derivado de petróleo) en la terminal de graneles de Puerto Cortés.
Diario LA PRENSA contactó por vía telefónica a Elvin Torres, gerente de Ocean Pollution Control Honduras, para conocer los servicios que ofrece y las tarifas que cobra; pero no respondió estas preguntas.
Eduardo Ramos, empresario del sector logístico y naviero, dijo que el cobro por servicios prestados por OPC “no está aprobado”, pero “no es correcto”.
Antecedente.
En Honduras, Ocean Pollution Control no ha estado envuelta en escándalos o conflictos legales con el Gobierno o empresas; pero en su país se vio en los últimos diez años enfrentada con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Desde 1997 hasta inicios de 2019 mantuvo una concesión para atender los derrames en Panamá; pero la AMP decidió finalizar el contrato con esa compañía que era la única que ofrecía el servicio.
En Panamá, a finales de 2016, OPC perdió una demanda contra AMP totalizada en $35 millones. Esa afirma alegaba que había registrado pérdidas porque esa entidad gubernamental le redujo las tarifas que les cobraba a los barcos.
