TEGUCIGALPA.
Entre los requisitos para la residencia y la ciudadanía figuran que el beneficiario esté presente físicamente de manera continua en Estados Unidos, y esté inscrito o haya completado ciertos programas educativos.
Mientras, organizaciones de hondureños siguen de cerca el proceso, hacen cabildeos y abogan porque la incidencia permita que la ley se apruebe para terminar con la incertidumbre y miedo que aqueja a los tepesianos.
Una vía de acceso legal a la ciudadanía para los migrantes que están amparados bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca), el Estatus de Protección Temporal (TPS) y para los de Partida Forzada Diferida (DED), es lo que promueve la Ley HR6 o conocida como la Ley de Sueños y Promesas 2019, y que fue abordada en la visita de los congresistas estadounidenses a Honduras, el fin de semana pasado.
Nydia Velásquez, congresista de Nueva York, dijo que siguen en lucha para que el Senado apruebe el proyecto de ley que dará la ciudadanía a los hondureños bajo el TPS. “Entendemos la gran contribución que hacen los hondureños que viven en Estados Unidos y que tienen TPS.Ellos aportan a la economía de nuestro país y también a la sociedad norteamericana. Es una gran contribución, porque ellos tienen una participación de la fuerza laboral entre el 80 al 88% y entendemos que es importante aprobar esta legislación para que se acabe con la incertidumbre en la que viven los hondureños”, dijo Velásquez.
Los migrantes que están bajo el TPS fortalecen la economía norteamericana con sus ganancias. Solo los hogares cuyo jefe de hogar está bajo el TPS aportan 2,300 millones de dólares en impuestos federales y $1,300 millones en impuestos estatales y locales anualmente, según el Center for American Progress.
Se sigue abogando, se hace “lobby”, pero aún no hay una respuesta final a la ley Nelly Jerez, vicecanciller
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Lucha en el Senado. La Ley HR6 es una de las 10 prioridades que tienen los demócratas y la lucha ahora radica en que el Senado, de mayoría republicana, lo autorice para que posteriormente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decida si acepta o no la propuesta. Pero las organizaciones defensoras de migrantes siguen trabajando y abogan por más de 190,000 personas amparadas en el TPS.
La ley establece que de aprobarse, los migrantes bajo los programas de protección obtendrán un estatus de residentes permanentes con camino a la ciudadanía.
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Además cancela y prohíbe “los procedimientos de deportación contra ciertos extranjeros que ingresaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y se les conoce como dreamers”, así como de aquellos extranjeros amparados en un TPS o un DED.
Se incluye en la legislación proporcionar una visa de residencia provisional por 10 años, para que una vez cumplidos los 10 años, los beneficiarios soliciten la residencia permanente y cinco años más tarde calificarían para pedir la ciudadanía por naturalización.
| Datos
75,000 hondureños se inscribieron por primera vez al Estatus de Protección Temporal en 1998.
216 mil amparados bajo el TPS están a la espera de una resolución del Senado ante la propuesta de ley.
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Reacciones. Para Lisandro Rosales, canciller de Honduras, la iniciativa de ley es positiva y con un beneficio enorme para los miles de hondureños que con esperanzas esperan que el Senado defina su futuro.
“Hemos recibido la noticia y ya teníamos información que se encontraba para dictamen en el Congreso; ya pasó la aprobación de la reforma del TPS al Senado y la Cámara de Representantes. Se espera que estos procesos de ley dentro de Estados Unidos cumplan el término para apoyar a los migrantes y en especial los que están bajo el TPS”, apuntó.
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“Tenemos la esperanza que esta iniciativa nos dé la oportunidad de contar con una solución permanente a nuestra situación migratoria. No podemos seguir en zozobra, porque cada vez que se vence el tiempo del permiso, la angustia priva de saber que nos pueden deportar. Si la ley pasa, nos estarían generando paz y la seguridad de la familia”, dijo Víctor Hernández, hondureño amparado por el TPS.
Desde el 12 de marzo de este año, las representantes Lucille Roybal-Allard, Nydia Velázquez e Yvette Clarke, junto a líderes demócratas de la Cámara de Representantes, trabajan para que la ley sea una realidad. Ese, aseguran, es el camino para solucionar el limbo migratorio causado por la administración de Trump.
Los beneficiarios del TPS han vivido en Estados Unidos legalmente por unos 22 años y ahora buscan una protección permanente para ponerle fin a la zozobra que viven de ser deportados.
