Tegucigalpa, Honduras.
El despilfarro y los supuestos malos manejos financieros y administrativos en la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph) llegaron a tal extremo que más de 600,000 lempiras (unos 25,000 dólares) fueron sustraídos de sus cuentas bancarias bajo el argumento que el dinero se destinó al pago del “ impuesto de guerra” a grupos pandilleros de la capital.
A lo anterior se suman otras anomalías como la erogación de miles de lempiras en supuestos contratos de trabajo a personal que no estaban autorizados por la asamblea general y el Comité Ejecutivo, incluyendo la erogación de 1.2 millones de lempiras a la anterior presidenta de la gremial, Dulce María Zavala.
Estos y otros hechos están consignados y respaldados con copias de cheques, actas notariales y otros documentos que ya se encuentran en poder del Ministerio Público y del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Según la documentación, entre mayo y diciembre de 2018 se emitieron varios cheques por valores que oscilaban entre los 1,000 a 20,000 lempiras a diferentes personas y entidades pero que no contaban con la debida justificación y autorización del comité ejecutivo.
De los registros se colige que la mayoría de los cheques fueron emitidos bajo la firma de la expresidenta de la Andeph Dulce María Zavala entre enero y marzo de 2018, pero los mismos fueron cobrados en los meses subsiguientes.
Una fuente de la actual directiva de la Andeph reveló a LA PRENSA que a esa fecha Zavala ya no estaba autorizada para firmar cheques en nombre de la organización en vista de que había vacado de la presidencia desde mediados de 2016, tras haber sido despedida de la administración pública y habérsele terminado el fuero sindical. Además, estaba en vigor una resolución legal que ordenaba congelar todas las cuentas de la organización mientras no se eligiera una nueva junta directiva.
Extorsión
En una acta notarial levantada en marzo de este año con motivo de las indagaciones, el entonces administrador de la Andeph, Rafael Antonio Rivas Flores, quien tuvo que huir a Estados Unidos, admitió que entre abril y noviembre de 2018 se emitieron diversos cheques de la cuenta bancaria 500200-98, pero adujo que los pagos se hicieron a una pandilla que lo había secuestrado y amenazado de muerte.
“Hubo movimientos por valores cercanos a los 600,000 lempiras en varios retiros bancarios mediante cheques debido a la extorsión a la que fui sometido con amenazas de muerte por grupos antisociales maras en el barrio El Centro de la ciudad de Tegucigalpa”, declaró en ese momento. En el acta se hace constar que de esta situación se le informó a Dulce María Zavala, quien se mostró sorprendida de la situación y dejó entrever que este nunca se lo mencionó.
La actual junta directiva de la Andeph también solicitó al Ministerio Público investigar el nombramiento de Zavala como directora ejecutiva de la organización y el consiguiente pago de 40,000 lempiras mensuales desde julio de 2016 hasta la fecha, ya que no existen las actas de asamblea ni del directorio ejecutivo autorizando ambas resoluciones.
Además solicitaron investigar ingresos y egresos desde noviembre de 2011 a diciembre de 2018.
El despilfarro y los supuestos malos manejos financieros y administrativos en la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph) llegaron a tal extremo que más de 600,000 lempiras (unos 25,000 dólares) fueron sustraídos de sus cuentas bancarias bajo el argumento que el dinero se destinó al pago del “ impuesto de guerra” a grupos pandilleros de la capital.
A lo anterior se suman otras anomalías como la erogación de miles de lempiras en supuestos contratos de trabajo a personal que no estaban autorizados por la asamblea general y el Comité Ejecutivo, incluyendo la erogación de 1.2 millones de lempiras a la anterior presidenta de la gremial, Dulce María Zavala.
Estos y otros hechos están consignados y respaldados con copias de cheques, actas notariales y otros documentos que ya se encuentran en poder del Ministerio Público y del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Según la documentación, entre mayo y diciembre de 2018 se emitieron varios cheques por valores que oscilaban entre los 1,000 a 20,000 lempiras a diferentes personas y entidades pero que no contaban con la debida justificación y autorización del comité ejecutivo.
De los registros se colige que la mayoría de los cheques fueron emitidos bajo la firma de la expresidenta de la Andeph Dulce María Zavala entre enero y marzo de 2018, pero los mismos fueron cobrados en los meses subsiguientes.
Una fuente de la actual directiva de la Andeph reveló a LA PRENSA que a esa fecha Zavala ya no estaba autorizada para firmar cheques en nombre de la organización en vista de que había vacado de la presidencia desde mediados de 2016, tras haber sido despedida de la administración pública y habérsele terminado el fuero sindical. Además, estaba en vigor una resolución legal que ordenaba congelar todas las cuentas de la organización mientras no se eligiera una nueva junta directiva.
 La expresidenta Dulce María Zavala es investigada.
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En una acta notarial levantada en marzo de este año con motivo de las indagaciones, el entonces administrador de la Andeph, Rafael Antonio Rivas Flores, quien tuvo que huir a Estados Unidos, admitió que entre abril y noviembre de 2018 se emitieron diversos cheques de la cuenta bancaria 500200-98, pero adujo que los pagos se hicieron a una pandilla que lo había secuestrado y amenazado de muerte.
“Hubo movimientos por valores cercanos a los 600,000 lempiras en varios retiros bancarios mediante cheques debido a la extorsión a la que fui sometido con amenazas de muerte por grupos antisociales maras en el barrio El Centro de la ciudad de Tegucigalpa”, declaró en ese momento. En el acta se hace constar que de esta situación se le informó a Dulce María Zavala, quien se mostró sorprendida de la situación y dejó entrever que este nunca se lo mencionó.
La actual junta directiva de la Andeph también solicitó al Ministerio Público investigar el nombramiento de Zavala como directora ejecutiva de la organización y el consiguiente pago de 40,000 lempiras mensuales desde julio de 2016 hasta la fecha, ya que no existen las actas de asamblea ni del directorio ejecutivo autorizando ambas resoluciones.
Además solicitaron investigar ingresos y egresos desde noviembre de 2011 a diciembre de 2018.
