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No hay trabas para retrasar fallo en caso de “Mi Rosa”

Lo expuesto en recursos de amparo no es tema de fondo, por lo que se puede emitir sentencia, dice magistrado.

La ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, está a la espera de su sentencia tras la denegación de los amparos. Imagen de archivo.
La ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, está a la espera de su sentencia tras la denegación de los amparos. Imagen de archivo.

TEGUCIGALPA.

A juicio del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Bustillo, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción no tiene ningún obstáculo para emitir la sentencia del proceso penal conocido como Caja Chica de la Dama.

La semana antepasada se informó desde el Poder Judicial que los jueces de sentencia no podían emitir el fallo debido a que estaban a la espera de los antecedentes de un recurso de amparo que fue denegado a los encausados.

A mi juicio muy personal, los recursos que se presentaron en la Sala Constitucional eran por el tema de medidas cautelares no era por temas de fondo, a mi criterio es que el tribunal pudo haber dictado la sentencia y no esperar a que se resolvieran los amparos”, aseguró el magistrado Bustillo.

Sépalo
Los acusados en el caso son la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, su cuñado Mauricio Mora y Saúl Fernando Escobar.

En los recursos de amparo que fueron denegados, los abogados de Rosa Elena Bonilla y Mauricio Mora solicitaban el cambio de medidas cautelares y no la modificación de alguna figura delictiva.

Nada le impide al tribunal dictar sentencia, porque no es un tema de fondo lo que se estaba tratando en los recursos de amparo”, reiteró el funcionario.

Los jueces del Tribunal de Sentencia del circuito anticorrupción siguen a la espera de los antecedentes que no han sido enviados por la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Mientras ellos no reciban esos antecedentes, no dictarán el fallo.

Por el caso Caja Chica de la Dama se formuló acusación contra Rosa Elena Bonilla de Lobo, quien junto a otros exfuncionarios habrían cometido los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita por haberse apoderado de más de 16 millones de lempiras y haber creado una red de blanqueo de capitales para ocultar el dinero proveniente del Estado y que estaba destinado a obras sociales.