Washington, Estados Unidos
Lena Gutiérrez, exvicepresidenta del Congreso Nacional, acusada en 2015 por cargos de fraude, crímenes contra la salud pública y falsificación de documentos en un esquema para defraudar al sistema de salud pública que sobrepasó los 120 millones de dólares.
Sentenciada en 2015 por abuso de autoridad y malversación de 1.3 millones de dólares de un proyecto de construcción de carretera y sentenciada a medidas
sustitutivas en lugar de la prisión.
Índice de impunidad
El Departamento de Estado de Estados Unidos reveló ayer un nuevo informe que divulga la identidad de once funcionarios señalados por haber cometido actos de corrupción en Honduras, que se suman a los 10 divulgados este 4 de abril.
El informe también señala funcionarios de El Salvador y Guatemala.
El reporte fue presentado al Congreso de EEUU por representantes del Departamento de Estado, que “en coordinación con otras agencias, continúa explorando opciones para imponer sanciones a los funcionarios señalados”, según cita el informe.
En el nuevo listado de funcionarios que “han sido señalados de haber cometido o haber facilitado actos de corrupción” se encuentran 11 políticos hondureños entre ellos Rafael Leonardo Callejas, presidente de Honduras (1990-1994), acusado en 2015 en cortes estadounidenses por su conexión con el caso de corrupción de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa), y se declaró culpable en 2016 de haber aceptado $500,000 en sobornos.
Óscar Kilgore, exalcalde de San Pedro Sula, fue acusado en 2017 de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos. Sandra Deras, exalcaldesa de Choloma, quien fue acusada de abuso de autoridad, falsificación y malversación de fondos públicos.
| Dato
Destaca labor de la Macchi El informe revelado ayer destaca la labor de la Maccih y la Ufecic en la investigación y el combate a la corrupción en el país
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sustitutivas en lugar de la prisión.
Gladys Aurora López, diputada del Congreso Nacional, fue acusada en 2018 de malversación de 879,000 dólares de fondos públicos.
Fredy Renán Nájera Montoya, exdiputado del Congreso Nacional, quien en 2018 fue acusado en cortes estadounidenses de supuestamente haber usado su posición para facilitar el tráfico de drogas y la corrupción. También está acusado de haber planeado en 2009 el asesinato del director antidrogas Julián
Arístides González.
Jorge Rivera Avilés, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, fue acusado en 2018 de 131 cargos de abuso de autoridad y 60 cargos de malversación de fondos públicos.
Los exmiembros del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial (jueces) Celino Arístides Aguilera, José Francisco Quiroz, Liliam Maldonado y Julio César Barahona también fueron acusados de malversación.
Teodoro Bonilla, exvicepresidente del Consejo de la Judicatura, fue sentenciado en 2017 a seis años de prisión por tráfico de influencias y abuso de autoridad en un caso relacionado con lavado de dinero.
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 Fredy Nájera (diputado), Rafael l. Callejas (expresidente), Jorge Avilés (expresidente CSJ), Sandra Deras (exalcaldesa), Celino Aguilera (consejero), Óscar Kilgore (exalcalde), Lena Gutiérrez (exdiputada), Gladis lópez (exdiputada), Liliam Maldonado (consejera), Julio Barahona (consejero) Y Francisco Quiroz (consero).
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El reporte destaca que “los avances en el combate a la corrupción y a la impunidad en Honduras en los últimos años son gracias a las investigaciones conjuntas de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad Corrupción (Ufecic).
Sin embargo, el reporte anticipa que “prevalecen serios desafíos, incluyendo altos índices de impunidad y las acciones del Congreso Nacional de Honduras para socavar las investigaciones a través de legislaciones que buscan debilitar la habilidad de la Maccih y la Ufecic para desarrollar y enjuiciar casos de corrupción”, destaca el informe del Departamento de Estado.
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