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“Se está estableciendo un régimen de censura y autocensura”: CPH

Solicitarán ante la Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad del nuevo Código Penal en lo atinente a los artículos que lesionan la libertad de expresión y de prensa.

Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras.
Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) se declaró ayer en sesión permanente hasta lograr que las restricciones y penalidades con cárcel que establece el nuevo Código Penal de Honduras para los periodistas, sean derogadas o se declare su inaplicabilidad a fin de que no laceren las libertades de expresión y prensa.

Dagoberto Rodríguez, presidente del CPH, detalló en exclusiva a LA PRENSA desde Copenhague, Dinamarca, las acciones a emprender para hacer que se respete la libre emisión del pensamiento.

Video: Nuevo Código Penal castigará calumnia y difamación en las redes sociales

¿Cuál es su análisis sobre los artículos del nuevo Código Penal que violenta la libertad de expresión?

Estamos haciendo las consultas con los expertos en materia de derechos humanos y libertad de expresión y con la Oficina del Alto Representante de las Naciones Unidas de Derechos Humanos para tener una visión más amplia sobre este nuevo articulado, pero a primera vista y a la luz de los tratados internacionales, especialmente del artículo 13 del Pacto de San José, y los artículos 72 y 74 de la Constitución de la República, hay varios artículos que son lesivos a la libertad de expresión y prensa y que crean un régimen de censura y autocensura a periodistas, medios de comunicación y la ciudadanía en general que se expresa a través de las redes sociales. Lejos de apuntalar este derecho, el Código establece disposiciones que restringen aún más la libertad de expresión y criminalizan ese derecho.

¿Cuáles son los artículos que considera de mayor impacto para el ejercicio periodístico?

El artículo 28 que se refiere a la responsabilidad penal en delitos cometidos a través de medios de difusión. En esta parte se hace corresponsables a los editores y directores del medio de difusión en los que se transmita información que una autoridad judicial considere como delitos al honor. También el artículo 231 que se refiere a las injurias y calumnias sobre una institución financiera y sus funcionarios. Además, los artículos 231, 232 y 233. Este último hace corresponsables de los delitos de injuria y calumnia a la persona natural o jurídica de un medio informativo.

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¿El diputado Mario Pérez asegura que la nueva legislación más bien despenaliza las figuras de injuria y calumnia, y que desaparece la difamación. ¿Cómo lo interpreta usted?

Si bien desaparece la figura de la difamación, sigue primando la cárcel en los delitos de injuria y calumnia, cuando el estándar internacional en materia de responsabilidades ulteriores establece que este tipo de delitos deben trasladarse a la esfera civil. De hecho el relator especial de libertad de expresión aconsejó al Estado de Honduras despenalizar o no castigar con cárcel estas figuras penales y recomendó sancionarlas en la esfera civil, pero con esto el Estado hondureño se resiste a aplicar esa recomendación interamericana. Vale decir que el relator establece que no deben ser punibles las expresiones de hechos públicos o contra figuras públicas. Ese es y debe ser el estándar al que debe suscribirse Honduras.

En el nuevo Código está la figura de calumnia indirecta, ¿cómo lo debe interpretar el periodista?

Esto es grave, porque ahora la legislación penal no solo criminaliza y castiga al autor directo de una información o expresión pública que sea considerada por una autoridad judicial como una injuria y una calumnia, sino también a una expresión hecha por terceros que sea reproducida, posteada o compartida por una persona a través de un medio de difusión o a través de WhatsApp y otras redes sociales. Prácticamente se está estableciendo un régimen de censura y autocensura en el internet y los medios tradicionales. Prácticamente con esto tomaron las disposiciones contempladas en la polémica Ley Nacional de Ciberseguridad y lo trasladaron al Código Penal.

¿Estas disposiciones afectan solo a los periodistas?

Es importante decir que estas disposiciones son de aplicación general a toda la ciudadanía y no solo a los periodistas. La libertad de expresión es un derecho de todas las personas y no solo es monopolio de los periodistas.

Es preocupante el hecho de que este Código no solo criminaliza a los periodistas y redactores, sino que ahora se extiende a editores, coordinadores, jefes de redacción, directores y propietarios de medios de comunicación por los delitos de injurias y calumnias. Algo nunca antes visto en el país y en el continente. Esto establece un régimen de censura y autocensura en los medios.

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¿Cuáles son los efectos que podría tener en quienes usan las redes sociales?

Justamente lo que mencionaba anteriormente. Es decir, cualquier persona que divulgue una información por redes sociales o grupos de WhatsApp, por ejemplo, y que sea considerada por una autoridad judicial como una injuria o una calumnia, especialmente contra funcionarios públicos, quedan expuestos a las sanciones penales contempladas en el nuevo Código, con el agravante que si la información o expresiones denigrantes son divulgadas por internet y redes sociales las penas se aumentan 1/2 y 1/6.

¿Qué tratados internacionales lesionan esta nueva legislación y por qué?

El Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de Chapultepec.

¿Qué impacto tiene en el periodismo de denuncia e investigación?

Un gran impacto, imagínese que se criminaliza a la fuente anónima y reservada en las notas periodísticas de investigación y se llega al extremo de prohibir las expresiones “se dice, se asegura”, lo cual es insólito en una sociedad democrática en donde prima la libertad de prensa e información.

¿Qué cambios pedirá el Colegio de Periodistas que se haga sobre la nueva legislación?

Nosotros vamos a pedir la inconstitucionalidad de los artículos que lesionan la libertad de expresión y de prensa. Independientemente de las argumentaciones que se han presentado, hay un retroceso muy grave en el país en materia de garantías y libertades. Históricamente para el CPH la libertad de expresión es un asunto innegociable. Por la paz y la armonía del país pedimos a los legisladores recapacitar y derogar tales disposiciones.

¿Tomarán algunas acciones?

El CPH se ha declarado en sesión permanente y ha llamado su bases a estar pendientes de la convocatoria a futuras acciones. No descartamos salir a las calles a demandar la protección y el cumplimiento de este derecho. Pedimos a la sociedad en general y a los dueños de medios de comunicación acompañarnos en esta lucha en defensa de nuestras libertades y del estado de derecho.

¿A qué cree que se deba tanta intención del Estado en poner bozal a los periodistas?

Esto no es nuevo, diferentes gobiernos han pretendido e intentado poner límites a la libertad de expresión y de prensa. Los gobiernos siempre pretenden evitar la crítica y la libre expresión. Pero en los últimos años hemos visto una escalada sin precedentes con diversas regulaciones que pretenden poner un bozal a la prensa.