San Pedro Sula, Honduras.
Según la acusación de la Fiscalía, los que compraron las incapacidades causaron perjuicio a la empresa y al IHSS porque las incapacidades fueron remuneradas.
Luego de comparecer a la audiencia de declaración de imputado, un juez aplicó medidas sustitutivas a la prisión para 10 acusados de usar incapacidades falsificadas que compraron a empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El grupo de jóvenes en edades entre 20 a 30 años son empleados de call centers, y según la Fiscalía, adquirieron las incapacidades falsas en las que les daban de uno a tres días por enfermedad y las presentaron en las empresas que laboraban.
Los acusados son Tristan Pineda, Alexander Martínez, Omar Moncada, Darwing López, Walter López, Cristina Henríquez, Dayan Valladares, Amparo Vallecillo, Cristian Rivera y Cristoper Peralta.
En el caso están acusados otros sospechosos, entre ellos dos empleados del IHSS acusados de cohecho, pues recibieron dinero por la venta de las incapacidades.
Así operaba enfermera. Según el requerimiento fiscal presentado en el juzgado, el 18 de mayo autoridades de la regional del IHSS denunciaron la gran cantidad de incapacidades falsas no registradas en su sistema, ni extendidas por médicos de esas institución.
Con las investigaciones lograron identificar que una enfermera auxiliar del Seguro Social extendió las incapacidades y las vendió por 200 y 300 lempiras. Las personas que compraron las incapacidades no estaban registradas en el sistema del IHSS de que habían asistido a consulta en las fechas que tenían extendidas las incapacidades.
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Tampoco los documentos que los empleados presentaron al call center tenían firmas y sellos de los médicos que supuestamente los habían atendido.
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Luego de presentada la acusación, así como los argumentos de los abogados defensores, el juez, por el arraigo que tienen los imputados y que la pena por el delito de que les acusan no es grave, les impuso la medida de no salir del país. Además fijó para el 8 de abril la audiencia inicial en la que ambas partes podrán presentar las pruebas.
Padres de familia que acompañaron a sus hijos mostraron su indignación en la forma en que elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) capturaron a los muchachos cuando estaban trabajando.
Alejandra Vallecillo, madre de uno de las acusadas, dijo que acompañó a su hija cuando que le dieron la incapacidad porque en el call center no le recibieron la de un médico privado.
“Ella buscó a una persona en el Seguro y salieron con la hoja sin sospechar que era falsa”, afirmó. Indicó que demostraran que los muchachos no tuvieron mala intención.
