Minerales de Occidente reinició operaciones este lunes en medio de ánimos caldeados entre pobladores de San Andrés Minas, Azacualpa y San Miguel.
'Hemos abierto cabildos y creado espacios para que la problación se pronuncie, y ahora estamos alegres por la apertura de la mina, ya que últimamente no hemos podido trabajar de forma estable por un grupo de personas financiadas por un movimiento', dijo el presidente del patronato de San Andrés, Javier Trigueros.
El líder de la comunidad puntualizó que el reinicio de las operaciones es de manera paulatina, es decir, activando algunos departamentos, por lo que esperan normalizar labores en 15 días o un mes.
Trigueros manifestó que el Ministerio Público (MP) aceptó los requerimientos, por lo tanto, la parte opositora a la mina irá a juicio en los próximos días.
-Educacion se miró afectada-
Con el cierre de Minerales de Occidente, unos 1,000 niños se vieron afectados, puesto que el centro educativo que está en la zona y el cual sirve para quienes son de escasos recursos económicos, tenía 10 maestros pagados por la empresa, es decir, la mayoría. Sin embargo, con el acuerdo definido el viernes pasado, ya todos los pequeños se reintegraron a la escuela con mucho entusiamos y listos para recibir el pan del saber.
Mientras tanto, Henrry Méndez, un representante del grupo que se opone al inicio de operaciones de Minerales de Occidente, alegó que no la dejarán operar, por la existencia de un convenio que se firmó en el año 2012 y el cual se venció en enero de este 2019, donde se mencionaba que ellos recibirían 395,000 lempiras como condición para explotar el cementerio, el cual, según su argumento, no han cumplido.
 Por más de un mes estuvieron paradas las labores en Minerales de Occidente, tras el anuncio de su representante legal. (Imagen de archivo)
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-Cierre de operaciones en diciembre del 2018-
La representante legal de Minerales de Occidente S.A. “MINOSA”, Sofía Aguilar, informó que por inseguridad jurídica, la compañía cerró operaciones en el municipio de La Union, Copan.
Aguilar dijo que fueron suspendidos más de 3,000 trabajadores directos e indirectos de la mina, además de todos los beneficios y ayudas en áreas de educación, salud, infraestructura y el pago de 3.5 millones de lempiras mensuales en impuestos a la Alcaldía de La Unión.
Aguilar manifestó que el cierre de la empresa se justificaba porque habían invasiones a la propiedad privada y las autoridades respectivas no actuaban conforme a Ley.
