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Solo un 2.5% del “tasón” se destinó a la prevención

En 2018, la recaudación fue de L2,735.6 millones, pero solo se destinaron L68.2 millones a la prevención.

Con fondos de la Tasa de Seguridad se arrienda el 85% de la flota vehicular con la que cuenta la Secretaría de Seguridad; pero el monto de esa inversión no es claro.
Con fondos de la Tasa de Seguridad se arrienda el 85% de la flota vehicular con la que cuenta la Secretaría de Seguridad; pero el monto de esa inversión no es claro.

Tegucigalpa, Honduras.

En 2018, la Tasa de Seguridad Poblacional recaudó 2,735.6 millones de lempiras, pero solo 68.2 millones, es decir, un 2.5% del total de lo aportado por los hondureños, se destinó para prevenir la violencia.

Lo anterior, según criminólogos significó que el Gobierno siguió privilegiando el control, represión y disuasión del delito frente a la prevención del crimen en las comunidades con mayores problemas de inseguridad.

Datos proporcionados a LA PRENSA por el Comité Técnico del Fideicomiso (CTF) establecen que en 2018 la Tasa de Seguridad Poblacional recibió más de 2,735 millones de lempiras en concepto de recaudaciones e intereses por inversiones.

De esa cantidad, la Secretaría de Seguridad se llevó la mayor tajada con un total de 1,469.6 millones de lempiras, es decir, un 54% de la totalidad de los fondos recaudados, seguido por la Secretaría de Defensa con 468.9 millones, un 17.2% del total.

Autoridades del CTF indicaron que esa inversión se justifica, ya que se fortalecieron las capacidades técnicas y logísticas de la Policía Nacional con mejores equipos, tecnología y nuevos laboratorios criminalísticos en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Además, se invirtió en la construcción y mejoramiento de las sedes policiales departamentales en varias regiones del país, el mejoramiento de la operatividad y capacidad de reacción de la Policía y en la implementación de la tercera etapa de la Policía Militar y de Orden Público.

En contraste a la enorme inversión que se destinó a seguridad y defensa, la Corte Suprema de Justicia apenas recibió 102 millones de lempiras (3.7%), el Ministerio Público 224.7 millones (8.2%), la Dirección de Investigación e Inteligencia 172.2 millones (6.3%) y Prevención 68.2 millones (2.5%).

Parte de los fondos fueron destinados a la contratación de servicios de seguridad privada para la protección de los bienes bajo control de la Oficina Administradora de los Bienes Incautados (Oabi), la seguridad de los miembros de la Comisión Especial de Depuración de la Policía y para funcionamiento del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia.

También se asignaron millonarios recursos al fortalecimiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) del Ministerio Público, en la Operación Morazán, en los Despachos Móviles para Audiencias Penales de la Corte Suprema de Justicia y la construcción de nuevos parques para una Vida Mejor, entre otros proyectos.

Desde 2012, cuando la Tasa de Seguridad comenzó a operar, se han percibido un poco más de 22,756.2 millones de lempiras en concepto de recaudaciones, financiamiento externo y otros ingresos, la mayor parte de los cuales se destinaron a Seguridad y Defensa.

Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), interpretó que la prevención no es de impacto, es decir, para que una persona aprenda y desarrolle una conducta no violenta deben pasar cinco años. “Por eso es que vamos paso por paso en las escuelas, y ahí es donde está el problema que las estrategias no han sido enfocadas para prevención, sino para control y disuasión del delito, y llámese control a las leyes y fortalecimiento de las instituciones de seguridad”, valoró.

Ayestas recordó que en seguridad ciudadana existen cuatro pilares: el control y disuasión del delito con legislación y fortalecimiento de las capacidades de las instituciones y combate a la impunidad; pero esto debe ir acompañado por la prevención de la violencia en niños jóvenes, la rehabilitación y reinserción de privados de libertad.