Tegucigalpa, Honduras
Cinco días han transcurrido desde que el pleno de magistrados de la Corte Suprema Justicia suspendiera la medida de prisión preventiva a los exmiembros del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, pero ellos aún siguen tras las rejas.
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delitos de corrupción son acusados los exconsejeros, lo que incluye el supuesto desvío de L13.5 millones de del presupuesto del Poder Judicial en su gestión
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El pasado 13 de septiembre el pleno de la Corte determinó que los imputados debían ser excarcelados, pero el proceso se ha dilatado.
Desde el 14 de abril se defendían en libertad, cuando en la audiencia inicial la jueza les dictó medidas sustitutivas a la prisión; sin embargo, fueron enviados a prisión el mes pasado.
“Se está a la espera de que se presente el acta de la resolución del recurso de amparo interpuesto por la defensa de los imputados”, informó Lucía Villars, vocera de la Corte Suprema de Justicia.
Estimó que faltan pocos detalles para que se haga el cambio de las medidas a los exfuncionarios judiciales.
Explicó que cuando la jueza en Materia de Corrupción tenga la resolución en sus manos, procederá a cambiar la medidas de prisión a medidas cautelares de no salir del país y presentarse periódicamente a los Juzgados.
Defensa
La abogada Nilia Ramos, defensora de los exconsejeros, dijo que “estamos esperando que nuestros representados sean excarcelados, le pedimos a la señora jueza que cumpla la resolución del pleno”. El abogado defensor Marcelino Vargas espera que a más tardar el miércoles estén saliendo de prisión.
Hasta ayer la Sala Constitucional no había remitido los antecedentes al Juzgado en Materia de Corrupción para que se proceda a liberar a los exfuncionarios judiciales.
Los exconsejeros Jorge Rivera Avilés, Teodoro Bonilla, Celino Aguilera, Francisco Quiroz y Julio Barahona guardan prisión preventiva en el Primer Batallón de Infantería.
Mientras que Liliam Maldonado está recluida en la Penitenciaría Nacional de Adaptación Social Femenil de Támara. Los exfuncionarios judiciales son acusados del presunto desvío de más de 13 millones de lempiras por concepto de viáticos.
Audiencia. Ayer en la audiencia preliminar, el Ministerio Público formalizó la acusación en su contra por malversación de caudales públicos y abuso de autoridad y pidió elevar el caso a juicio oral y público. La defensa aduce que el caso debe sobreseerse definitivamente porque consideran que las acciones por las que acusan a los exfuncionarios son meramente administrativas y que deben ser desvanecidas en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
La jueza que conoce el proceso judicial determinará el próximo jueves elevar el caso a juicio.
