Tegucigalpa, Honduras.
Un juicio previsto el próximo lunes contra ocho hondureños acusados por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres el 3 de marzo de 2016 en el occidente del país, fue reprogramado para el 17 de septiembre, informó este viernes a Efe una fuente oficial.
El juicio fue reprogramado debido a que 'la proposición de pruebas se alargó unos días más, entonces el Código Penal establece que debe haber un mínimo de diez días entre la proposición de pruebas y el inicio del debate', explicó el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.
El juicio será celebrará entre el 17 de septiembre y 19 de octubre próximo, señaló Duarte, sin precisar más detalles del caso del asesinato de Cáceres, que conmocionó a Honduras y a organizaciones ambientalistas y de derechos humanos de todo el mundo.
Los imputados son Mariano Díaz Chávez (oficial del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energéticos (DESA), una compañía a la cual Cáceres se enfrentó por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca.
También están imputados Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte Meza, y Óscar Arnaldo Tareas.
Los ocho son acusados por el Ministerio Público del asesinato en perjuicio de Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa del ambientalista mexicano Gustavo Castro.
Castro es el único testigo del crimen y el día del suceso era huésped de Cáceres y resultó herido de bala, aunque no de gravedad.
Cáceres, quien era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada por dos hombres armados que irrumpieron en su casa en la ciudad de La Esperanza, occidente del país, La Esperanza, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.
Su muerte causó gran conmoción en el mundo de los defensores del medioambiente y también de los derechos humanos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) destacó que en un comunicado el pasado 3 de marzo, en el segundo aniversario del crimen, 'la urgencia de profundizar' en la investigación sobre la muerte de Cáceres para conocer la verdad y sancionar a los responsables del crimen.
Resaltó además 'la responsabilidad' del Estado de Honduras de investigar este caso con la 'debida diligencia' a través de una investigación 'expedita, independiente, pronta y exhaustiva'.
El delito de asesinato es castigado en Honduras con una pena de hasta 30 años de cárcel, mientras el de asesinato en su grado de ejecución de tentativa con hasta 20, según el Código Penal.
Un juicio previsto el próximo lunes contra ocho hondureños acusados por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres el 3 de marzo de 2016 en el occidente del país, fue reprogramado para el 17 de septiembre, informó este viernes a Efe una fuente oficial.
El juicio fue reprogramado debido a que 'la proposición de pruebas se alargó unos días más, entonces el Código Penal establece que debe haber un mínimo de diez días entre la proposición de pruebas y el inicio del debate', explicó el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.
El juicio será celebrará entre el 17 de septiembre y 19 de octubre próximo, señaló Duarte, sin precisar más detalles del caso del asesinato de Cáceres, que conmocionó a Honduras y a organizaciones ambientalistas y de derechos humanos de todo el mundo.
Los imputados son Mariano Díaz Chávez (oficial del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energéticos (DESA), una compañía a la cual Cáceres se enfrentó por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca.
También están imputados Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte Meza, y Óscar Arnaldo Tareas.
Los ocho son acusados por el Ministerio Público del asesinato en perjuicio de Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa del ambientalista mexicano Gustavo Castro.
Castro es el único testigo del crimen y el día del suceso era huésped de Cáceres y resultó herido de bala, aunque no de gravedad.
Cáceres, quien era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada por dos hombres armados que irrumpieron en su casa en la ciudad de La Esperanza, occidente del país, La Esperanza, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.
Su muerte causó gran conmoción en el mundo de los defensores del medioambiente y también de los derechos humanos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) destacó que en un comunicado el pasado 3 de marzo, en el segundo aniversario del crimen, 'la urgencia de profundizar' en la investigación sobre la muerte de Cáceres para conocer la verdad y sancionar a los responsables del crimen.
Resaltó además 'la responsabilidad' del Estado de Honduras de investigar este caso con la 'debida diligencia' a través de una investigación 'expedita, independiente, pronta y exhaustiva'.
El delito de asesinato es castigado en Honduras con una pena de hasta 30 años de cárcel, mientras el de asesinato en su grado de ejecución de tentativa con hasta 20, según el Código Penal.
