Tegucigalpa, Honduras
La Secretaría del Congreso Nacional remitió hasta ayer al Poder Ejecutivo para su correspondiente sanción, el decreto legislativo que deroga la polémica reforma al artículo 335-B del Código Penal que violenta la libertad de expresión a través de la figura de apología del terrorismo.
Tomás Zambrano, secretario de Poder legislativo, confirmó a LA PRENSA que el documento contentivo de la enmienda fue remitido formalmente la tarde de ayer al presidente Juan Orlando Hernández a efecto de que estampe la sanción presidencial y lo envíe al diario oficial La Gaceta a su correspondiente publicación para que de esta forma se convierta en ley de la república.
En el artículo 335-B del Código Penal establecía que incurre en apología del odio e incitación de actos de terrorismo, quien “públicamente o través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de este, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión”.
El lesivo artículo fue aprobado por el Poder Legislativo en 2017 bajo un controversial procedimiento a iniciativa del diputado nacionalista Óscar Álvarez Guerrero.
Desde su aprobación, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y la Asociación de Prensa Hondureña (APH) libraron una permanente batalla para que los diputados derogaran la iniciativa por considerarla atentatoria a los artículos 72 y 74 de la Constitución de la República y la Ley de Emisión del Pensamiento.
El 25 de mayo pasado en el marco del Día del Periodista, el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, anunció que este artículo sería anulado, después de que la Fiscalía de Defensa de la Constitución del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia emitieran dictámenes en los que sugería su derogatoria por violentar garantías constitucionales en materia de libertad de expresión.
Posteriormente, el 6 de junio, la Cámara Legislativa derogó por unanimidad el artículo 335-B del Código Penal por considerar que atentaba contra la libertad de expresión; sin embargo, desde esa fecha no había sido remitido al Ejecutivo para su sanción.
El atraso se originó por el hecho de que el pasado 25 de julio se introdujo una moción de reconsideración bajo la resolución 01-2018, referente a la derogatoria del artículo 335-B del Código Penal contenido en el decreto 6-2017.
Oliva informó el lunes anterior en su cuenta de Twitter que esta semana se enviaría la reforma al Código Penal que deroga al 335-B a sanción presidencial, cumpliendo así con la promesa hecha a los periodistas y en consonancia con su política de apertura total a los medios de comunicación.
Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas, aplaudió la decisión del Congreso y pidió al presidente Juan Orlando Hernández que proceda a la sanción inmediata del decreto para que sea publicado en La Gaceta lo antes posible y se elimine de una vez por todas esa amenaza que todavía pende sobre la cabeza de los periodistas. “Esperamos que el presidente Juan Orlando Hernández no le dé mucho tiempo a la sanción presidencial y envíe pronto a publicación el decreto que deroga el 335-B”.
El presidente de los periodistas concluyó diciendo que “la libertad de expresión y de prensa son fundamentos de la democracia que no se deben menoscabar, sino que fortalecer”.
