Tegucigalpa, Honduras.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) manifestó hoy su apoyo a la apelación que presentó el Ministerio Público del país contra la decisión de una jueza en un caso de presunta corrupción que involucra a diputados del Parlamento.
La Maccih indicó en su cuenta de Twitter que 'apoya' la apelación presentada esta semana por el Ministerio Público de Honduras que 'cuestiona resolución que dejó sin efecto delito de lavado de dinero a procesados en caso 'Pandora''.
Señaló que la Ley de lavado de Dinero de 2002 establece que ese delito 'es autónomo y así lo afirma la Sala Penal del Poder Judicial de Honduras en sentencia de 2011'.
El Ministerio Público hondureño informó hoy de que formalizó el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de la jueza Lidia Álvarez en el caso de corrupción, conocido como 'Pandora', que involucra a 38 personas, entre ellas diputados del Parlamento y exfuncionarios.
La jueza dictó el 28 de julio prisión preventiva contra el exministro de Agricultura Jacobo Regalado, al considerar que hay indicios de que el exfuncionario habría incurrido en los delitos de abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos.
Asimismo, dictó sobreseimiento definitivo a dos imputados, arresto domiciliario a una mujer por estar en período de lactancia materna y a 26, entre ellos diputados del Parlamento, medidas cautelares distintas a la prisión.
Entre los diputados imputados figuran el expresidente del Parlamento hondureño Rodolfo Irías Navas, del gobernante Partido Nacional, y el excandidato presidencial Elvin Santos, del Partido Liberal, quienes deberán comparecer, al igual que los otros acusados, a nueva audiencia en fecha aún no fijada.
El caso fue denunciado en junio por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic) y todos son acusados por el desvío de un poco más de 282 millones de lempiras (unos 11,7 millones de dólares) que fueron utilizados en la campaña de las elecciones generales de 2013, según la denuncia.
'La desviación de dinero público a cuentas personales y de partidos políticos a través de transacciones financieras para ocultar su origen, constituyen el delito de lavado de dinero atribuido en el caso 'Pandora'', enfatizó la Maccih, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Señaló que en este caso de presunta corrupción 'se revelan operaciones financieras que carecen de justificación y que se destinaron a beneficios personales, pago de campañas políticas y compra de bienes, cometiendo con ese accionar delito de lavado de dinero'.
'Recibir, ocultar y disfrutar de fondos obtenidos ilícitamente, aparentando que son de origen legal, constituye una conducta propia del delito de lavado de dinero', resaltó la Misión, que se instaló en Tegucigalpa el 19 de abril de 2016. EFE
