Caso Pandora: jueza aún no da resolución

El anuncio para dar la resolución ya lleva más de tres horas de retraso

Tegucigalpa, Honduras.

Pese a que para este viernes se esperaba que la juez natural, Lidia Álvarez, diera una resolución sobre los imputados del caso de Pandora, ella aún no se pronuncia.

Varios medios de comunicación, familiares y simpatizantes de los imputados, entre ellos, varios funcionarios públicos, se encuentran en las afueras de la Corte Suprema de Justicia esperando la resolución.

Antecedente.

La Fiscalía y la defensa de los acusados por el caso de Pandora desarrollaban las conclusiones de la audiencia inicial y hoy se podría conocer si 27 imputados reciben auto de formal procesamiento con prisión preventiva o sobreseimiento.

A las 8:15 pm, culminó la etapa de evacuación de pruebas y la juez natural, Lidia Álvarez, dio un receso de dos horas para que analizaran los hechos sometidos a juicio y luego presentaran sus conclusiones.

Al filo de las 10:00 pm dio inicio esta última etapa de la audiencia inicial.

“Vamos a terminar como a las tres de la mañana”, dijo el abogado Dagoberto Mejía, defensor Jean Francoise de Peyrecave, acusado de lavado de dinero.

Mientras, ayer durante el transcurso de la audiencia, la jueza Álvarez rechazó todas las nulidades y excepciones presentadas por la defensa de los acusados por el caso Pandora y admitió todos los medios de prueba del Ministerio Público, posibilitando que el desarrollo del juicio continuara.

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La audiencia inicial por el caso Pandora, que se celebra en la sala II del Tribunal de Sentencia, se ha convertido en extenuantes jornadas desde el miércoles que se dio inicio a este momento procesal.

“Fueron resueltas las nulidades y excepciones y el caso ya no se retrasa por ese asunto”, dijo Carlos Silva, vocero de la Corte Suprema de Justicia.

Algunos representantes legales de los procesados pidieron, como nulidad, que se dejara sin valor el juicio porque alegaron el requerimiento fiscal estaba mal elaborado y que se basó en un informe del Tribunal Superior de Cuentas que no debía ser considerado como prueba.

La nulidad es la situación con la que se pide declare sin fundamento un acto jurídico, en este caso el requerimiento que la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) interpuso contra 38 personas por el desvío de L282 millones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería por medio de dos fundaciones.

Mientras, la togada también rechazó dos excepciones, una de estas orientada a que el litigio se detuviera mientras se realiza un juicio político contra los siete diputados acusados de lavado de dinero por el latrocinio.

La segunda excepción que se desestimó fue planteada por la defensa de Arnaldo Urbina, exalcalde de Yoro, Yoro, en la que se alegaba que al exfuncionario se le estaba aplicando un doble juicio, pues a este se le condenó en 2017 por lavado de activos y la Ufecic lo procesó por lavado de activos relacionado con el desvío de recursos.

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Se aprobó que se agregue asociación ilícita contra cinco acusados.

La jueza consideró que toda la carga probatoria de la Ufecic era legal y pertinente y por ello lo validó.

Entre las evidencias de la entidad acusadora se encuentra un testimonio por escrito de una testigo protegida que huyó del país.

De igual manera, fueron considerados como correctos dos peritajes sobre la ruta del dinero malversado que presentó el Ministerio Público.

La audiencia inicial estaba programa para las 11:00 am en la sala II del Tribunal de Sentencia, pero la jueza primero resolvió las nulidades y excepciones.

Tras la resolución, la audiencia inicial comenzó a las 3:00 de pm con la presentación de las pruebas del Ministerio Público y al cierre de esta edición no había concluido.

A esta audiencia, que comenzó el miércoles, han estado compareciendo 27 de los 38 procesados.

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El domingo se cumplen los seis días de detención judicial contra el primer grupo de 20 acusados que deben de conocer su suerte legal ese día.

El exalcalde Urbina es representado por su abogado, Marlon Duarte, ya que él se encuentra en el Tercer Batallón de Infantería, en Naco, Cortés.

Asimismo, herederos del difunto exministro de Finanzas William Chong Wong, a quien días antes de morir se le acusó de violación de los deberes de los funcionarios, solicitaron que la causa no sea cerrada y por ello se encuentra incluido en el juicio.

Los 27 acusados llegaron a las 5:00 am para no ser captados por la prensa. Hay nueve personas que andan prófugas y que completan la lista de las 38 acusadas.

La Ufecic presentó el requerimiento al señalar que el ministro de la SAG, Jacob Regalado, entre 2011 y 2013 firmó convenios con las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibatistta para transferirles L282 millones que tenían que ser destinados a capacitaciones de agricultores.

Según la Ufecic, el dinero fue usado en financiamiento de campañas políticas, compra de bienes, entre otros.

Nuevo delito

El vocero Silva manifestó que la togada Álvarez también admitió que se agregara el delito de asociación ilícita contra el exministro de la SAG Jacobo Regalado y otras cuatro personas. Regalado fue acusado inicialmente de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y lavado de dinero.

De igual forma, la asociación ilícita también se imputó para la exgerente de la SAG Norma Kaffy, a quien le imputan violación de los deberes de los funcionarios y fraude; y Laura Arita, quien responde por falsificación ideológica. A otros dos acusados que están prófugos se les adicionó la asociación ilícita. Carlos Silva expresó que cuatro imputados tenían previsto contestar las acusaciones.

Entre los acusados se encuentra Elvin Santos, diputado del Partido Liberal, quien fue acusado de lavado de dinero, ya que, según la Fiscalía, era dirigente de ese instituto político cuando las fundaciones le transfirieron L99 millones para pagar una deuda con un banco.

“Vamos a demostrar que en el tiempo en que se hicieron las transferencias al partido, en ese momento Elvin Santos no tenía cargos en el partido”, aseguró Raúl Suazo Lagos, defensor de Santos.

Otros parlamentarios imputados de lavado son los nacionalistas Celín Discua, Rodolfo Irías Navas, Elden Vásquez y Miguel Edgardo Martínez.

A estos se les sindica de recibir dinero de las fundaciones que usaron en la campaña política de 2013.

Los acusados tienen detención judicial en el Primer Batallón de Infantería, en Mateo, en el caso de los hombres y tres mujeres en la cárcel de mujeres de Támara, Francisco Morazán.

La Prensa