Tegucigalpa, Honduras.
La emisión de una nueva tarjeta de identidad y el proceso de identificación de todos los hondureños es un asunto imperioso para poder superar los principales problemas encontrados en el Registro Nacional de las Personas (RNP), según consta en un informe oficial.
Se estima que la emisión de la nueva tarjeta de identidad costaría 50 millones de dólares, los cuales se financiarían con fondos nacionales y de la cooperación internacional.
El miércoles, el Gobierno presentó al Legislativo un anteproyecto de ley para la emisión de un nuevo documento de identificación como parte de un paquete de reformas electorales que incluye la ciudadanización de las mesas electorales, la regulación de la reelección presidencial, la elección de diputados por distrito electoral y la delimitación del financiamiento de los partidos.
Censo desactualizado
Según el análisis del Ejecutivo, la desactualización tecnológica en lo relativo con la emisión de las tarjetas de identidad y la inconsistencia de la base de datos de la identificación de los hondureños, que toma el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para la elaboración el censo nacional electoral, son los desafíos a superar.
Esta desactualización implica que en la base de datos figura un número relativamente alto de personas difuntas, de ciudadanos con domicilio diferente al real y de hondureños que han emigrado al exterior.
Por otro lado, esta base de datos tiene un número de inconsistencias relativamente alto respecto a la información del Registro Civil, por lo que el censo electoral es impreciso y por tanto no es fiable, lo que constituye un riesgo en los futuros procesos electorales.
En las últimas elecciones, el censo fue de 6,046,873 de hondureños aptos para ejercer el sufragio, de los cuales 3,087,533 eran mujeres equivalente al 51.06%, y el 48.94%, es decir, 2,959,339 eran hombres.
Según el informe de la Misión de Observadores de la Unión Europea, actualmente un 30% de los registros corresponde a personas fallecidas o emigrantes, más un número impreciso de votantes inscritos en ciudades o pueblos improbables a su centro de votación.
El documento establece que a raíz de las fallas antes planteadas, el registro de ciudadanos contiene un número bastante alto de personas inexistentes.
Suplantación
Lo anterior tiene su origen en el hecho de que el subregistro de defunciones en Honduras es bastante alto (un 16% según el RNP), lo que repercute en la base de datos de identificación y en consecuencia en el censo electoral.
Está probado que esto deriva en un riesgo de suplantación de identidad durante la jornada electoral, aunque no hay evidencia de que el problema tenga una magnitud relevante.
Otro aspecto relevante que incide en esta problemática es la alta cantidad de emigrantes al exterior.
Se estima que la cantidad de personas que no han votado en las dos últimas elecciones y que figuran en el censo electoral son unos 650.000 hondureños. Sin embargo, se debe considerar que esta cifra incluye también difuntos.
A efectos de tratar este problema, el TSE clasificó a los ciudadanos en dos censos electorales: el activo, conformado por los que votan por primera vez y por aquellos que han votado en alguna de las dos últimas elecciones; y el pasivo, conformado por los que no han ejercido el sufragio en las dos últimas elecciones.
Además del riesgo de suplantación de identidad relacionado con el subregistro de defunciones, la presencia de emigrados en el censo electoral contribuiría a quitar representatividad a las elecciones debido a que la tasa de participación se reduce en forma significativa y, además, obliga a sobredimensionar y malgastar recursos destinados a preparar el acto electoral, indica el informe.
Otro problema planteado por el RNP es que debido a fallas, el registro contiene un número significativo de ciudadanos con datos erróneos, derivado de la desactualización de la información domiciliaria.
Esto se debe a que los ciudadanos se mudan y no registran el cambio tal como debieran y existe una práctica electoral fraudulenta que consiste en registrar a los votantes en circunscripciones distintas de las que les corresponde.
Otros de los problemas identificados es que hay miles de niños y jóvenes mayores de cinco años y menores de 18 que no están identificados y, por otro lado, hay una demanda irregular de tarjetas de identidad. Frente a esos problemas, el Gobierno plantea en su propuesta identificar un estimado de nueve millones de personas, de las cuales 6.3 millones son mayores de edad y 2.7 se encuentran entre los 5 y 18 años no cumplidos.
También realizar un registro decadactilar y de reconocimiento facial para efectos civiles y criminales e imprimir y distribuir la identidad para los mayores de edad al final de 2019.
La emisión de una nueva tarjeta de identidad y el proceso de identificación de todos los hondureños es un asunto imperioso para poder superar los principales problemas encontrados en el Registro Nacional de las Personas (RNP), según consta en un informe oficial.
Se estima que la emisión de la nueva tarjeta de identidad costaría 50 millones de dólares, los cuales se financiarían con fondos nacionales y de la cooperación internacional.
El miércoles, el Gobierno presentó al Legislativo un anteproyecto de ley para la emisión de un nuevo documento de identificación como parte de un paquete de reformas electorales que incluye la ciudadanización de las mesas electorales, la regulación de la reelección presidencial, la elección de diputados por distrito electoral y la delimitación del financiamiento de los partidos.
Censo desactualizado
Según el análisis del Ejecutivo, la desactualización tecnológica en lo relativo con la emisión de las tarjetas de identidad y la inconsistencia de la base de datos de la identificación de los hondureños, que toma el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para la elaboración el censo nacional electoral, son los desafíos a superar.
Esta desactualización implica que en la base de datos figura un número relativamente alto de personas difuntas, de ciudadanos con domicilio diferente al real y de hondureños que han emigrado al exterior.
Por otro lado, esta base de datos tiene un número de inconsistencias relativamente alto respecto a la información del Registro Civil, por lo que el censo electoral es impreciso y por tanto no es fiable, lo que constituye un riesgo en los futuros procesos electorales.
En las últimas elecciones, el censo fue de 6,046,873 de hondureños aptos para ejercer el sufragio, de los cuales 3,087,533 eran mujeres equivalente al 51.06%, y el 48.94%, es decir, 2,959,339 eran hombres.
Según el informe de la Misión de Observadores de la Unión Europea, actualmente un 30% de los registros corresponde a personas fallecidas o emigrantes, más un número impreciso de votantes inscritos en ciudades o pueblos improbables a su centro de votación.
El documento establece que a raíz de las fallas antes planteadas, el registro de ciudadanos contiene un número bastante alto de personas inexistentes.
Suplantación
Lo anterior tiene su origen en el hecho de que el subregistro de defunciones en Honduras es bastante alto (un 16% según el RNP), lo que repercute en la base de datos de identificación y en consecuencia en el censo electoral.
Está probado que esto deriva en un riesgo de suplantación de identidad durante la jornada electoral, aunque no hay evidencia de que el problema tenga una magnitud relevante.
Otro aspecto relevante que incide en esta problemática es la alta cantidad de emigrantes al exterior.
Se estima que la cantidad de personas que no han votado en las dos últimas elecciones y que figuran en el censo electoral son unos 650.000 hondureños. Sin embargo, se debe considerar que esta cifra incluye también difuntos.
A efectos de tratar este problema, el TSE clasificó a los ciudadanos en dos censos electorales: el activo, conformado por los que votan por primera vez y por aquellos que han votado en alguna de las dos últimas elecciones; y el pasivo, conformado por los que no han ejercido el sufragio en las dos últimas elecciones.
Además del riesgo de suplantación de identidad relacionado con el subregistro de defunciones, la presencia de emigrados en el censo electoral contribuiría a quitar representatividad a las elecciones debido a que la tasa de participación se reduce en forma significativa y, además, obliga a sobredimensionar y malgastar recursos destinados a preparar el acto electoral, indica el informe.
Otro problema planteado por el RNP es que debido a fallas, el registro contiene un número significativo de ciudadanos con datos erróneos, derivado de la desactualización de la información domiciliaria.
Esto se debe a que los ciudadanos se mudan y no registran el cambio tal como debieran y existe una práctica electoral fraudulenta que consiste en registrar a los votantes en circunscripciones distintas de las que les corresponde.
Otros de los problemas identificados es que hay miles de niños y jóvenes mayores de cinco años y menores de 18 que no están identificados y, por otro lado, hay una demanda irregular de tarjetas de identidad. Frente a esos problemas, el Gobierno plantea en su propuesta identificar un estimado de nueve millones de personas, de las cuales 6.3 millones son mayores de edad y 2.7 se encuentran entre los 5 y 18 años no cumplidos.
También realizar un registro decadactilar y de reconocimiento facial para efectos civiles y criminales e imprimir y distribuir la identidad para los mayores de edad al final de 2019.
