El Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción dictó ayer auto de formal procesamiento contra dos personas acusados de fraude por el tráfico de becas en la Secretaría de Salud.
En audiencia inicial se aplicó el fallo a Carlos Rolando Bustillo Chirinos y Danny Joseph Osorio, pero se les permitirá defenderse en libertad. A ambos se les prohibió salir del país y firmar un libro de control todos los viernes en esa judicatura.
Chirinos y Osorio se presentaron a finales de junio en el juzgado para responder por los delitos que le imputa el Ministerio Público.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los procesados se encargaban de buscar jóvenes para ofrecerles becas de estudio de Medicina, Odontología o Enfermería, entre otros carreras universitarias, sin que estos hubieran sido pasantes.
La lista de falsos becarios era entregada a la Unidad de Planillas de Salud, adonde se tramitaba el estipendio.
Los beneficiados con las becas recibían una parte del dinero y la otra se repartía entre cómplices del fraude.
El tráfico de becas se hizo entre 2014 y 2116 y, según al Ministerio Público, el hecho causó una pérdida de L10.4 millones.
En ese lapso se entregaron 144 becas ilícitamente, según la Fiscalía.
En unos 30 días se realizará la audiencia preliminar en este caso y a la cual deberán comparecer otros siete imputados que también tienen auto de formal procesamiento.
LA PRENSA denunció este trasiego de becas en enero de 2018.
Entre los acusados se encuentra la presunta cabecilla de las fraudulentas operaciones, Doris Obdulia Grádiz, quien era empleada de la Unidad de Planillas de Salud.
Grádiz escribía los nombres de los falsos estudiantes en acuerdos de becas falsificados y luego tramitaba los pagos ante la Secretaría de Finanzas.
El Ministerio Público acusó a Grádiz de 144 delitos de fraude. Ella es la única de los acusados que se encuentra presa en la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social, en Támara, Francisco Morazán.
