Tegucigalpa, Honduras.
Al menos 38 funcionarios, diputados y personas particulares fueron acusados ayer por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) de desviar 282 millones de lempiras, unos 12 millones de dólares, en la campaña política de los Partidos Nacional y Liberal en 2013.
Los imputados en el denominado caso Pandora, cuyos nombres no se publicaron por motivos de investigación, enfrentan cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos públicos, lavado de activos y falsificación de documentos públicos.
Ana María Calderón, vocera interina de la Maccih, informó en rueda de prensa que los 282 millones de lempiras salieron de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de la Secretaría de Finanzas a través de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras.
La Maccih y la Ufecic pudieron constatar que parte de los fondos fueron utilizados para financiar la tarjeta de crédito La Cachureca, desembolsos a coordinadores de campaña del Partido Nacional, en la logística de las elecciones del 24 de noviembre de 2013, compra de dos oficinas en Torre Metrópoli y el pago de un préstamo por 99 millones al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (Ccepl).
Los fondos desviados estaban destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes y para fortalecer políticas agroalimentarias en poblaciones de Olancho, Intibucá y Colón.
También se desviaron dineros que estaban destinados a la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco, así como para el funcionamiento de la escuela de campo para agricultores de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, El Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua.
Según la Maccih-Ufecic, la mayor parte de los recursos fueron destinados estrictamente al financiamiento de la campaña política de los partidos Nacional y Liberal y para otros gastos personales, pese a que no precisa de quién o quiénes.
Calderón manifestó que los hechos fueron denunciados por el inversionista italiano y cónsul honorario de Italia en Roatán luego de que trascendiera que su fundación estaba siendo utilizada para movimientos irregulares de fuertes sumas de dinero y operaciones atípicas no autorizadas.
La información sobre estos movimientos irregulares también quedó registrada en un informe de auditoría realizado en la SAG por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Por las implicaciones y el involucramiento de funcionarios, diputados y particulares en la trama de corrupción.
Modo de operación
Los dineros de los proyectos agropecuarios antes mencionados eran entregados a los responsables de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras y luego habrían sido depositados en cuentas de particulares, así como de candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional, Partido Frente Amplio (Faper) y directamente a las arcas del Ccepl.
Para lavar el dinero, las autoridades de la Secretaría de Agricultura de ese entonces firmaron con las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras siete convenios, una adenda y un desembolso duplicado.
Ante la gravedad de los hechos, la Maccih y la Ufecic solicitaron a la Corte Suprema de Justicia las órdenes de captura de los 38 imputados en el caso Pandora y también el aseguramiento de sus bienes.
“Estos hechos revelan una gravedad, es por eso que el Ministerio Público y la Ufecic están solicitando medidas cautelares consistentes en órdenes de captura de los imputados, así como el aseguramiento de sus propiedades”, amnifestó la vocera de la Maccih.
Calderón recordó que este es el cuarto caso que presenta la Ufecic y que antecede a Red de Diputados, Caja Chica de la Dama y Pacto de Impunidad.
Agradeció las gestiones del fiscal Óscar Fernando Chinchilla por su compromiso con la Maccih, así como al fiscal Luis Javier Santos, encargado de la Ufecic.
Más tamprano, el titular de la Ufecic, Luis Javier Santos, se apersonó a la Corte Suprema, adonde entregó los expedientes en varias cajas de cartón.
Informó que se han entregado los expedientes y solo hay que esperar que se nombre el juez natural para que conozca el requerimiento contra estas 38 personas, aunque se abstuvo de proporcionar los nombres de los sindicados.
Por su lado, Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, indicó que la información será trasladada a la Presidencia a efecto de que se programe una reunión del pleno de magistrados en la que se designe al juez natural que conocerá los expedientes presentados por la Ufecic.
“La secretaría general deberá hacer la notificación que corresponde a presidencia y una vez que la reciba será convocado un pleno de la Corte bajo el principio de celeridad que podría ser a principios de la próxima semana, se están haciendo las coordinaciones de agenda a fin de que en ese pleno sean designados los jueces naturales”, explicó.
“Entendemos que se está haciendo una petición específica de parte de Ufecic en el sentido de mantener la reserva hasta este momento de estas diligencias por movimiento que ellos están haciendo para la ubicación de algunas personas”, acotó.
El director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), Ricardo Castro, informó que en las próximas horas se ejecutarán las primeras órdenes de capturas.
Al menos 38 funcionarios, diputados y personas particulares fueron acusados ayer por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) de desviar 282 millones de lempiras, unos 12 millones de dólares, en la campaña política de los Partidos Nacional y Liberal en 2013.
Los imputados en el denominado caso Pandora, cuyos nombres no se publicaron por motivos de investigación, enfrentan cargos por los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos públicos, lavado de activos y falsificación de documentos públicos.
Ana María Calderón, vocera interina de la Maccih, informó en rueda de prensa que los 282 millones de lempiras salieron de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de la Secretaría de Finanzas a través de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras.
La Maccih y la Ufecic pudieron constatar que parte de los fondos fueron utilizados para financiar la tarjeta de crédito La Cachureca, desembolsos a coordinadores de campaña del Partido Nacional, en la logística de las elecciones del 24 de noviembre de 2013, compra de dos oficinas en Torre Metrópoli y el pago de un préstamo por 99 millones al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (Ccepl).
Los fondos desviados estaban destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes y para fortalecer políticas agroalimentarias en poblaciones de Olancho, Intibucá y Colón.
También se desviaron dineros que estaban destinados a la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco, así como para el funcionamiento de la escuela de campo para agricultores de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, El Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua.
Según la Maccih-Ufecic, la mayor parte de los recursos fueron destinados estrictamente al financiamiento de la campaña política de los partidos Nacional y Liberal y para otros gastos personales, pese a que no precisa de quién o quiénes.
Calderón manifestó que los hechos fueron denunciados por el inversionista italiano y cónsul honorario de Italia en Roatán luego de que trascendiera que su fundación estaba siendo utilizada para movimientos irregulares de fuertes sumas de dinero y operaciones atípicas no autorizadas.
La información sobre estos movimientos irregulares también quedó registrada en un informe de auditoría realizado en la SAG por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Por las implicaciones y el involucramiento de funcionarios, diputados y particulares en la trama de corrupción.
Modo de operación
Los dineros de los proyectos agropecuarios antes mencionados eran entregados a los responsables de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras y luego habrían sido depositados en cuentas de particulares, así como de candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional, Partido Frente Amplio (Faper) y directamente a las arcas del Ccepl.
Para lavar el dinero, las autoridades de la Secretaría de Agricultura de ese entonces firmaron con las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras siete convenios, una adenda y un desembolso duplicado.
Ante la gravedad de los hechos, la Maccih y la Ufecic solicitaron a la Corte Suprema de Justicia las órdenes de captura de los 38 imputados en el caso Pandora y también el aseguramiento de sus bienes.
“Estos hechos revelan una gravedad, es por eso que el Ministerio Público y la Ufecic están solicitando medidas cautelares consistentes en órdenes de captura de los imputados, así como el aseguramiento de sus propiedades”, amnifestó la vocera de la Maccih.
Calderón recordó que este es el cuarto caso que presenta la Ufecic y que antecede a Red de Diputados, Caja Chica de la Dama y Pacto de Impunidad.
Agradeció las gestiones del fiscal Óscar Fernando Chinchilla por su compromiso con la Maccih, así como al fiscal Luis Javier Santos, encargado de la Ufecic.
Más tamprano, el titular de la Ufecic, Luis Javier Santos, se apersonó a la Corte Suprema, adonde entregó los expedientes en varias cajas de cartón.
Informó que se han entregado los expedientes y solo hay que esperar que se nombre el juez natural para que conozca el requerimiento contra estas 38 personas, aunque se abstuvo de proporcionar los nombres de los sindicados.
Por su lado, Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, indicó que la información será trasladada a la Presidencia a efecto de que se programe una reunión del pleno de magistrados en la que se designe al juez natural que conocerá los expedientes presentados por la Ufecic.
“La secretaría general deberá hacer la notificación que corresponde a presidencia y una vez que la reciba será convocado un pleno de la Corte bajo el principio de celeridad que podría ser a principios de la próxima semana, se están haciendo las coordinaciones de agenda a fin de que en ese pleno sean designados los jueces naturales”, explicó.
“Entendemos que se está haciendo una petición específica de parte de Ufecic en el sentido de mantener la reserva hasta este momento de estas diligencias por movimiento que ellos están haciendo para la ubicación de algunas personas”, acotó.
El director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), Ricardo Castro, informó que en las próximas horas se ejecutarán las primeras órdenes de capturas.
