Tegucigalpa, Honduras.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró ayer inconstitucional parcialmente el convenio de creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
Una fuente del Poder Judicial confió que la Sala Constitucional sentenció específicamente parar el funcionamiento de la Unidad Especial Fiscal contra la Impunidad de la Corrupción ( Ufecic) del Ministerio Público.
Según la sentencia, la creación de la Unidad debió pasar por un proceso de reforma de la Ley del Ministerio Público y no ser aprobada directamente entre la Organización de Estados Americanos y las autoridades de la Fiscalía.
Hasta ahora el documento oficial no ha sido notificado por el Poder Judicial.
Sin embargo, ha trascendido en diferentes fuentes que la resolución de la Sala Constitucional está orientada a cuestionar el convenio que le dio vida a la Ufecic.
El acuerdo fue suscrito entre el entonces vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, y el Fiscal General, Óscar Chinchilla. La Ufecic surge como la entidad que investiga casos con el apoyo de fiscales de la Maccih y con sus recursos técnicos.
Algunos puntos que se observan es que las funciones de la Ufecic están por encima de normas constitucionales y de otros operadores de justicia, incluyendo el Tribunal Superior de Cuentas.
La polémica
A lo largo del día crecieron fuertes sospechas de que desde el Congreso Nacional se estaba impulsando una iniciativa contra la Maccih.
Incluso trascendió un documento jurídico elaborado por un equipo cercano al Congreso Nacional en el que cuestiona la constitucionalidad del convenio que dio vida a la Maccih. “El convenio de la Maccih vulnera la soberanía nacional al alternar la independencia de los poderes del Estado y de otras instituciones del Estado. El Congreso Nacional tuvo que realizar una aprobación del Convenio a través del proceso de reforma constitucional, cambiando simultáneamente el texto de la Constitución de la República”, establece el documento.
Sentencia que “en este caso procedería la declaratoria de inconstitucionalidad por razón de contenido y tendría que ser un análisis de la violación de la independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público y/o del Tribunal Superior de Cuentas para que se pueda señalar específicamente cuál debió ser el artículo constitucional a reformar”.
Este análisis concluye que el acuerdo firmado por la OEA y el Gobierno hondureño en 2016 es inconstitucional.
La intención de algunos parlamentarios sería frenar las acciones que ha emprendido la Misión en contra de miembros de la cámara legislativa, presuntamente implicados en grandes casos de corrupción.
Poder Judicial
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta Pérez, dijo que existe un ejercicio de revisión del Convenio de Creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
“Tengo entendido que hay un ejercicio de análisis y revisión por parte de la Sala Constitucional a efecto de abordar y resolver variedad de casos en el marco de su competencia y conocimiento”.
Aseguró que no tiene conocimiento sobre si los magistrados que integran la Sala Constitucional de la Corte emitieron una sentencia.
“No tengo el conocimiento si ellos han ‘agendado’ el tema de la resolución del recurso de inconstitucionalidad del convenio entre el Estado de Honduras y la Organización de Estados Americanos que da vida a la Maccih”.
El funcionario judicial dijo que la Sala de lo Constitucional ha concluido con la fase de la ejecución de los plazos y las acciones en pro previamente a dictar la sentencia.
Argueta manifestó que el punto que falta en el marco del procesamiento de esta solicitud y recurso de inconstitucionalidad es precisamente la emisión de la sentencia.
“No tengo conocimiento en detalle si en efecto han resuelto ese tema”, reiteró.
“Si la Sala ya se encuentra con la evacuación y cumplimiento de la gestión procesal diseñada en la ley, pensaría que están ellos facultados en el marco de los plazos procesales para dictar sentencia”, dijo.
Apoyo en el Ejecutivo
Ebal Díaz, ministro de la Presidencia, aseguró ayer que el convenio de creación de la Maccih cumple con todos los estándares constitucionales y así fue enviado al Congreso Nacional, donde se aprobó.
“No solamente sostenemos que es constitucional el convenio, sino que ratificamos el apoyo a las labores y los trabajos que hace la Maccih”, declaró el funcionario.
Al consultarle si ¿hay presiones para que se vaya la Maccih del país?, expuso: “Obviamente hay algunos grupos interesados en que se desmonte el esquema de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, pero reitero que la voluntad del Poder Ejecutivo expresada en la firma del convenio sigue siendo la misma”.
Indicó que no sabe de dónde vienen las intenciones de afectar el trabajo de la Maccih, “pero obviamente es una instancia que está bajo presión y nosotros esperamos que continúe y ayude al país en esa misión de acompañamiento a las instituciones para poder crear fortalezas y competencias para hacer más transparente la administración pública”.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró ayer inconstitucional parcialmente el convenio de creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
Una fuente del Poder Judicial confió que la Sala Constitucional sentenció específicamente parar el funcionamiento de la Unidad Especial Fiscal contra la Impunidad de la Corrupción ( Ufecic) del Ministerio Público.
Según la sentencia, la creación de la Unidad debió pasar por un proceso de reforma de la Ley del Ministerio Público y no ser aprobada directamente entre la Organización de Estados Americanos y las autoridades de la Fiscalía.
Hasta ahora el documento oficial no ha sido notificado por el Poder Judicial.
Sin embargo, ha trascendido en diferentes fuentes que la resolución de la Sala Constitucional está orientada a cuestionar el convenio que le dio vida a la Ufecic.
El acuerdo fue suscrito entre el entonces vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, y el Fiscal General, Óscar Chinchilla. La Ufecic surge como la entidad que investiga casos con el apoyo de fiscales de la Maccih y con sus recursos técnicos.
Algunos puntos que se observan es que las funciones de la Ufecic están por encima de normas constitucionales y de otros operadores de justicia, incluyendo el Tribunal Superior de Cuentas.
La polémica
A lo largo del día crecieron fuertes sospechas de que desde el Congreso Nacional se estaba impulsando una iniciativa contra la Maccih.
Incluso trascendió un documento jurídico elaborado por un equipo cercano al Congreso Nacional en el que cuestiona la constitucionalidad del convenio que dio vida a la Maccih. “El convenio de la Maccih vulnera la soberanía nacional al alternar la independencia de los poderes del Estado y de otras instituciones del Estado. El Congreso Nacional tuvo que realizar una aprobación del Convenio a través del proceso de reforma constitucional, cambiando simultáneamente el texto de la Constitución de la República”, establece el documento.
Sentencia que “en este caso procedería la declaratoria de inconstitucionalidad por razón de contenido y tendría que ser un análisis de la violación de la independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público y/o del Tribunal Superior de Cuentas para que se pueda señalar específicamente cuál debió ser el artículo constitucional a reformar”.
Este análisis concluye que el acuerdo firmado por la OEA y el Gobierno hondureño en 2016 es inconstitucional.
La intención de algunos parlamentarios sería frenar las acciones que ha emprendido la Misión en contra de miembros de la cámara legislativa, presuntamente implicados en grandes casos de corrupción.
Poder Judicial
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta Pérez, dijo que existe un ejercicio de revisión del Convenio de Creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
“Tengo entendido que hay un ejercicio de análisis y revisión por parte de la Sala Constitucional a efecto de abordar y resolver variedad de casos en el marco de su competencia y conocimiento”.
Aseguró que no tiene conocimiento sobre si los magistrados que integran la Sala Constitucional de la Corte emitieron una sentencia.
“No tengo el conocimiento si ellos han ‘agendado’ el tema de la resolución del recurso de inconstitucionalidad del convenio entre el Estado de Honduras y la Organización de Estados Americanos que da vida a la Maccih”.
El funcionario judicial dijo que la Sala de lo Constitucional ha concluido con la fase de la ejecución de los plazos y las acciones en pro previamente a dictar la sentencia.
Argueta manifestó que el punto que falta en el marco del procesamiento de esta solicitud y recurso de inconstitucionalidad es precisamente la emisión de la sentencia.
“No tengo conocimiento en detalle si en efecto han resuelto ese tema”, reiteró.
“Si la Sala ya se encuentra con la evacuación y cumplimiento de la gestión procesal diseñada en la ley, pensaría que están ellos facultados en el marco de los plazos procesales para dictar sentencia”, dijo.
Apoyo en el Ejecutivo
Ebal Díaz, ministro de la Presidencia, aseguró ayer que el convenio de creación de la Maccih cumple con todos los estándares constitucionales y así fue enviado al Congreso Nacional, donde se aprobó.
“No solamente sostenemos que es constitucional el convenio, sino que ratificamos el apoyo a las labores y los trabajos que hace la Maccih”, declaró el funcionario.
Al consultarle si ¿hay presiones para que se vaya la Maccih del país?, expuso: “Obviamente hay algunos grupos interesados en que se desmonte el esquema de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, pero reitero que la voluntad del Poder Ejecutivo expresada en la firma del convenio sigue siendo la misma”.
Indicó que no sabe de dónde vienen las intenciones de afectar el trabajo de la Maccih, “pero obviamente es una instancia que está bajo presión y nosotros esperamos que continúe y ayude al país en esa misión de acompañamiento a las instituciones para poder crear fortalezas y competencias para hacer más transparente la administración pública”.
