Tegucigalpa, Honduras.
El juzgado de letras de privación de dominio de bienes de origen ilícito ordenó el inicio de juicio de 192 propiedades incautadas a la mara Salvatrucha (MS-13) en la o peración Avalancha I.
Durante esa operación, ejecutada en febrero de 2016 por el Ministerio Público, la Policía y Fuerzas Armadas, se incautaron estos bienes que, según las pesquisas, se obtuvieron producto de ganancias de extorsión, sicariato y venta de drogas.
La judicatura especializada comenzó a efectuar la notificación de la apertura del juicio a 125 personas que figuran como propietarios de los capitales embargados para que en las audiencias del debate hagan la presentación de sus pruebas y las contrasten con las que mostrará la Fiscalía.
Una vez que estén notificadas estas 125 personas, se señalará la fecha de juicio de privación de dominio. En el juicio, el juez puede ordenar el comiso de los bienes, es decir pasarlos a favor del Estado u ordenar su devolución al dueño.
La operación Avalancha I representó, de acuerdo con el MP, el mayor golpe a las operaciones financieras de la Salvatrucha, en la que incautaron negocios que eran utilizados supuestamente como fachadas para lavar dinero que obtenían de las distintas actividades ilícitas a las que se dedican.
De los 192 bienes incautados, 46 corresponden a inmuebles y 156 son vehículos. También se embargaron casas, vehículos y tres millones de lempiras en efectivo. Asimismo, arrestaron a 20 personas, entre las cuales se encuentra el exalcalde de Talanga, Francisco Morazán, Neptaly Romero, a quien acusaron de legislación penal por lavado de dinero. La incautación de estos bienes se hizo en aplicación a la Ley sobre Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito, una norma que sirve para despojar de capitales cuyos propietarios no pueden justificar.
Esta legislación no impone penas de cárcel porque no es de tipo penal.
Las propiedades incautadas por el Ministerio Público fueron remitidas a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) para su manejo.
Vendidos
La Oabi ha vendido, mediante subasta anticipadas, algunos bienes, como 100 de los vehículos livianos y pesados y algunos artículos de ferreterías. La subasta anticipada se hizo con base en la Ley sobre Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito, que permite la enajenación de capitales de difícil o costoso manejo.
El dinero obtenido de las subastas se encuentra en cuentas bancarias de esta organización del Estado, mientras el juzgado de letras de privación de dominio de benes de origen ilícito decide el destino de las propiedades.
El inicio de este juicio se presenta en medio de un debate entre fuerzas políticas sobre la necesidad de reformar la Ley sobre Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito.
El Congreso Nacional aprobó una reforma a esta ley que prohibía que se hicieran incautaciones sobre bienes que fueran domicilio de personas y que predominara el aseguramiento - limitación de hacer contratos cobre un bien- antes que la incautación.
Pero el presidente Juan Orlando Hernández vetó la ley por razones constitucionales y pidió que la reforma fuera analizada por la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal. La Fiscalía embargó 296 cuentas bancarias, en las cuales se encontraron 17 millones de lempiras, y se confiscaron otros 17 millones que estaban en caletas en casas aseguradas.
El juzgado de letras de privación de dominio de bienes de origen ilícito ordenó el inicio de juicio de 192 propiedades incautadas a la mara Salvatrucha (MS-13) en la o peración Avalancha I.
Durante esa operación, ejecutada en febrero de 2016 por el Ministerio Público, la Policía y Fuerzas Armadas, se incautaron estos bienes que, según las pesquisas, se obtuvieron producto de ganancias de extorsión, sicariato y venta de drogas.
La judicatura especializada comenzó a efectuar la notificación de la apertura del juicio a 125 personas que figuran como propietarios de los capitales embargados para que en las audiencias del debate hagan la presentación de sus pruebas y las contrasten con las que mostrará la Fiscalía.
Una vez que estén notificadas estas 125 personas, se señalará la fecha de juicio de privación de dominio. En el juicio, el juez puede ordenar el comiso de los bienes, es decir pasarlos a favor del Estado u ordenar su devolución al dueño.
La operación Avalancha I representó, de acuerdo con el MP, el mayor golpe a las operaciones financieras de la Salvatrucha, en la que incautaron negocios que eran utilizados supuestamente como fachadas para lavar dinero que obtenían de las distintas actividades ilícitas a las que se dedican.
De los 192 bienes incautados, 46 corresponden a inmuebles y 156 son vehículos. También se embargaron casas, vehículos y tres millones de lempiras en efectivo. Asimismo, arrestaron a 20 personas, entre las cuales se encuentra el exalcalde de Talanga, Francisco Morazán, Neptaly Romero, a quien acusaron de legislación penal por lavado de dinero. La incautación de estos bienes se hizo en aplicación a la Ley sobre Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito, una norma que sirve para despojar de capitales cuyos propietarios no pueden justificar.
Esta legislación no impone penas de cárcel porque no es de tipo penal.
Las propiedades incautadas por el Ministerio Público fueron remitidas a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) para su manejo.
Vendidos
La Oabi ha vendido, mediante subasta anticipadas, algunos bienes, como 100 de los vehículos livianos y pesados y algunos artículos de ferreterías. La subasta anticipada se hizo con base en la Ley sobre Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito, que permite la enajenación de capitales de difícil o costoso manejo.
El dinero obtenido de las subastas se encuentra en cuentas bancarias de esta organización del Estado, mientras el juzgado de letras de privación de dominio de benes de origen ilícito decide el destino de las propiedades.
El inicio de este juicio se presenta en medio de un debate entre fuerzas políticas sobre la necesidad de reformar la Ley sobre Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito.
El Congreso Nacional aprobó una reforma a esta ley que prohibía que se hicieran incautaciones sobre bienes que fueran domicilio de personas y que predominara el aseguramiento - limitación de hacer contratos cobre un bien- antes que la incautación.
Pero el presidente Juan Orlando Hernández vetó la ley por razones constitucionales y pidió que la reforma fuera analizada por la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal. La Fiscalía embargó 296 cuentas bancarias, en las cuales se encontraron 17 millones de lempiras, y se confiscaron otros 17 millones que estaban en caletas en casas aseguradas.
