Estafan a clientes con venta de casas ajenas

San Pedro Sula, Honduras

Una red de estafadores, integrada por comisionistas, notarios y probablemente empleados del Instituto de la Propiedad (IP), está dejando literalmente en la calle a algunos sampedranos con la venta de casas ajenas mediante procedimientos aparentemente legales.

Esta red cuenta con individuos que se encargan de identificar y rentar viviendas, cuyos dueños se encuentran en Estados Unidos o en otro país, para después venderlas con documentos falsos que los acreditan como propietarios.

Tome nota La Cámara Nacional de Bienes Raíces de Honduras (Canabirh) les aconseja a nacionales y extranjeros tomar medidas de precaución cuando compren bienes en Islas de la Bahía porque en este departamento hay individuos que venden las propiedades a dos personas a la vez.

Primero, estos sujetos se convierten en inquilinos de la vivienda y, luego, registran a su nombre todos los servicios públicos, sin que el propietario se entere. Finalmente, ellos cambian cerraduras de puertas y controles de portones, cuando son eléctricos.

Una vez que ellos crean todas las condiciones ficticias con las cuales demuestran que son propietarios del inmueble, otro miembro de la red se dedica a promocionarla a precios inferiores, hasta un 50%, a los pagados en el mercado de bienes raíces para que los clientes se entusiasmen.

Cuando el vendedor consigue el cliente, se pone en contacto con un funcionario del Instituto de la Propiedad (IP) para que le proporcione la clave catastral que, al final, resulta falsa.

Con la clave catastral, el vendedor, el supuesto dueño y el comprador van a un bufete de esta ciudad donde un notario hace una escritura pública y da fe de que el inmueble le pertenece al estafador y que el acto celebrado es legal.

“Dicha banda cuenta con comisionistas que son los que proporcionan las propiedades, personas que prestan el nombre por una cantidad de dinero, notarios que certifican la veracidad de la venta y claves catastrales proporcionadas por personal confabulado que trabaja en el IP”, relató un comerciante que ha sido víctima de esa red.

Sépalo Autoridades del IP advierten que ejecutarán acciones contra empleados que actúen ilegalmente.

Este ciudadano, que le solicitó el anonimato a LA PRENSA, perdió 2.5 millones de lempiras por haber comprado en febrero una casa en una colonia del sector noroeste de la ciudad y que pertenece a un hondureño que tiene seis años de vivir en EUA.

Por la casa, él pagó L2 millones, le dio L20,000 de comisión al vendedor e invirtió más de L400,000 en el mejoramiento de la vivienda.

Días después de tomar posesión de la casa, pues el IP le registró la escritura, la víctima realizó un viaje al exterior sin pensar que se encontraría con una sorpresa desagradable al retornar.

Cuando regresó de vacaciones, se enteró que había sido víctima de una estafa.

“Mi hija me informó que personas desconocidas no los dejaban entrar a la casa. Que un señor (el verdadero dueño) había instalado cámaras y candados. Además, el dueño, con justa razón, me denunció por usurpación”, dijo la víctima.

El comprador, que perdió el dinero y se quedó sin casa, presentó la denuncia al Ministerio Público para que realice la investigación y libre orden de captura contra las personas que, a su juicio, forman una “banda criminal”.

Investigación. José Noé Cortés, secretario ejecutivo del IP, le dijo a LA PRENSA que las máximas autoridades de esa institución están en la disposición de apoyar cualquier proceso de investigación y proceder legalmente contra empleados que participen en actividades ilícitas.

“Tenemos casos de falsificación de documentos públicos que han sido trasladados al Ministerio Público. El IP tiene convenios con ASJ (Asociación para una Sociedad más Justa) y el Ministerio Público para transparentar los procesos”, expresó.

En junio de 2015, la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública liberó requerimientos contra 17 empleados vinculados en actos de corrupción.

En esa ocasión, la Fiscalía actuó luego de recibir más de 100 denuncias presentadas por ASJ, representante de Transparencia Internacional (TI), por corrupción administrativa y por delitos relacionados con el registro de venta de propiedades ajenas en el Litoral Atlántico.

Cortés le explicó a LA PRENSA que ahora el IP cuenta con una inspectoría que “investiga esos casos bajo secretividad”.

Sin ánimos de eximir de responsabilidades a funcionarios que pudieran estar vinculados, Cortés explicó que “en estos casos de falsificación de documentos públicos tienen responsabilidad directa los notarios porque son los que dan fe pública”.

Consejos para evitar el fraude Isidoro Enamorado, uno de los fundadores de la Cámara Nacional de Bienes Raíces de Honduras (Canabirh), les recomienda a los hondureños “tomar precauciones jurídicas desde el momento que piensan invertir” y deben considerar que “el notario es el primer filtro, pues él es quien se encarga de, por medio del IP y catastro municipal, asegurarse de la legalidad del bien inmueble”. Todos deben seguir estos consejos. Buscar a un especialista. Los compradores deben buscar a corredores de bienes raíces que están constituidos legalmente y registrados en las cámaras de comercio, Canabirh y, desde el 15 de junio, inscritos por orden de una ley, en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Revisar el tracto sucesivo El comprador debe revisar el tracto sucesivo en el Instituto de la Propiedad, es decir, el encadenamiento de las transmisiones de dominio del bien para comprobar que la persona que vende ha sido realmente el último propietario. Conocer al notario. Deben buscar notarios que gocen de credibilidad y no tengan antecedentes negativos “porque de todo hay en la viña del señor”. El notario es ojos y oídos y es el ministro de fe pública del Estado.