Tegucigalpa, Honduras.
El Ministerio Público de Honduras descubrió que el anterior gobierno, del expresidente Porfirio Lobo, suscribió al menos 22 contratos con empresas ligadas al cartel local de narcotraficantes Los Cachiros, informó este miércoles una fuente oficial.
Los 22 contratos fueron requisados en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi), el Fondo Vial y Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), dijo a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
El Ministerio Público de Honduras descubrió que el anterior gobierno, del expresidente Porfirio Lobo, suscribió al menos 22 contratos con empresas ligadas al cartel local de narcotraficantes Los Cachiros, informó este miércoles una fuente oficial.
Los 22 contratos fueron requisados en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi), el Fondo Vial y Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), dijo a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Añadió que las investigaciones se llevan a cabo a raíz del testimonio que rindió en una corte de Nueva York el exjefe de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga.
En dos audiencias los días 6 y 16 de marzo pasados, Rivera acusó a figuras públicas, incluyendo al expresidente Lobo (2010-2014), de dar apoyo logístico al cartel para transportar toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos.
Rivera presentó su testimonio en un juicio contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo, en el cual también mencionó que instituciones estatales firmaron contratos con la empresa Indimar, propiedad del cartel, a cambio de sobornos para 'lavar' fondos producto del narcotráfico.
Las investigaciones
Mora explicó que los fiscales 'van a seguir las investigaciones para ver si hay más contratos' que haya firmado Indimar con las instituciones del Estado.
En el caso de los contratos suscritos por la ENEE con Indimar se trata principalmente de la construcción de carreteras y viviendas en la zona de El Patuca, en el oriental departamento de Olancho, donde se construye una represa hidroeléctrica.
Mora indicó que una vez que Rivera cumpla la condena en Estados Unidos, o si es liberado, tendrá que cumplir en Honduras una pena por los delitos que cometió, incluyendo 78 asesinatos en lo que confesó haber participado, incluyendo el del zar antidrogas hondureño Julián Arístides González, en diciembre de 2009.
Rivera será sentenciado el próximo 14 de abril por parte de un juez estadounidense, quien podría condenarlo a cadena perpetua o dejarlo en libertad por haber colaborado con la justicia estadounidense, tras lo cual obtendría otra identidad.
Mora explicó que si Estados Unidos cambia la identidad a Rivera 'los fiscales tendrían que discutir' las opciones que quedarían para lograr su regreso a Honduras para que responda por sus delitos. AFP
