Tegucigalpa, Honduras.
El Congreso Nacional aprobó ayer el primero de tres debates al que someterán el paquete de reformas penales y de otras leyes que van orientadas a luchar contra la extorsión y la asociación ilícita.
Antes de las 8:00 pm se leyó el dictamen. La sesión se suspendió cerca de las 9:00 pm y se convocó para este día a las 3:00 pm.
Tomás Zambrano, prosecretario y miembro de la Comisión Dictaminadora del Congreso, descartó que uno de los objetivos de las reformas sea criminalizar las marchas o protestas por medio del delito de terrorismo.
“Se reforma el 335 del Código Penal el que establece que una o más personas que formen parte de asociaciones ilícitas, no estamos hablando de personas políticas o grupo social, que desarrollen de manera sistemática acciones criminales, por ejemplo la quema de buses sea catalogada como terrorismo”, aclaró.
Otro de los cambios en lo referente a la extorsión es que ese este delito se calificará desde el momento en que una persona reciba un mensaje o llamada aunque no se concretice la entrega del dinero. También se podrá aceptar como prueba anticipada las declaraciones grabadas en cámaras Gesell para evitar que las víctimas de extorsión o terrorismo asistan a los juicios en reiteradas ocasiones. Vaticinó que mañana podrían estar aprobando la reforma en la instalación de la cuarta legislatura.
Análisis
El mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, se refirió en conferencia de prensa al inicio de aprobación de las reformas.
Expuso que el pueblo debe analizar la situación que se está viviendo y de esa forma deducir si es necesaria la aprobación de las reformas.
Apuntó que hay oposición a estos cambios, pero afirmó que “vamos de frente contra la impunidad, a los delincuentes se les acabó la fiesta”.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, añadió que la opinión de este Poder del Estado fue únicamente técnica. “Estamos propiciando que las reformas que se aprueben en el Congreso se hagan con base en el respeto de los derechos no solo de los imputados, sino también de las víctimas, y por otro lado, al respeto de tratados y convenios internacionales”, instó.
El Congreso Nacional aprobó ayer el primero de tres debates al que someterán el paquete de reformas penales y de otras leyes que van orientadas a luchar contra la extorsión y la asociación ilícita.
Antes de las 8:00 pm se leyó el dictamen. La sesión se suspendió cerca de las 9:00 pm y se convocó para este día a las 3:00 pm.
Tomás Zambrano, prosecretario y miembro de la Comisión Dictaminadora del Congreso, descartó que uno de los objetivos de las reformas sea criminalizar las marchas o protestas por medio del delito de terrorismo.
“Se reforma el 335 del Código Penal el que establece que una o más personas que formen parte de asociaciones ilícitas, no estamos hablando de personas políticas o grupo social, que desarrollen de manera sistemática acciones criminales, por ejemplo la quema de buses sea catalogada como terrorismo”, aclaró.
Otro de los cambios en lo referente a la extorsión es que ese este delito se calificará desde el momento en que una persona reciba un mensaje o llamada aunque no se concretice la entrega del dinero. También se podrá aceptar como prueba anticipada las declaraciones grabadas en cámaras Gesell para evitar que las víctimas de extorsión o terrorismo asistan a los juicios en reiteradas ocasiones. Vaticinó que mañana podrían estar aprobando la reforma en la instalación de la cuarta legislatura.
Análisis
El mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, se refirió en conferencia de prensa al inicio de aprobación de las reformas.
Expuso que el pueblo debe analizar la situación que se está viviendo y de esa forma deducir si es necesaria la aprobación de las reformas.
Apuntó que hay oposición a estos cambios, pero afirmó que “vamos de frente contra la impunidad, a los delincuentes se les acabó la fiesta”.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, añadió que la opinión de este Poder del Estado fue únicamente técnica. “Estamos propiciando que las reformas que se aprueben en el Congreso se hagan con base en el respeto de los derechos no solo de los imputados, sino también de las víctimas, y por otro lado, al respeto de tratados y convenios internacionales”, instó.
