Tegucigalpa, Honduras.
La Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional se apresta a realizar en los próximos días una barrida total de más de 100 asesores legales que laboran en la Secretaría de Seguridad y en las diferentes direcciones de la institución policial en razón de múltiples irregularidades detectadas en el desempeño de sus funciones.
La depuración del personal que presta estos servicios legales es un hecho y se hará efectiva en el curso de la presente semana como parte de la evaluación del personal auxiliar que efectúa el organismo depurador, ya que se detectó que muchos de estos profesionales se confabularon con oficiales y agentes que estaban cuestionados por diversas faltas y delitos, informó una fuente oficial.
En las investigaciones realizadas por los depuradores se detectó un escandaloso tráfico de autorizaciones, permisos no justificados, alteración de informes y dictámenes, así como la extensión de licencias de forma irregular para favorecer a oficiales y agentes que estaban en proceso de investigación o que se encontraban en lista de depuración por diversas irregularidades.
De estas indagaciones se desprende que muchos de estos abogados incluso negociaron las demandas judiciales que los policías depurados entablaban en los tribunales de justicia a cambio de jugosas tajadas para favorecerlos en juicio y que estos pudieran cobrar millonarias sumas de dinero al Estado de Honduras por concepto de indemnizaciones y sueldos caídos.
Borrones
Por ejemplo, policías que reprobaban las pruebas de confianza aplicadas por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y que no eran aptos para continuar en el servicio por este y otros actos delictivos, se les modificaban los informes u oficios para poder ascender.
De hecho, las autoridades de la DIECP denunciaron que los dictámenes con los resultados de las pruebas de confianza aplicadas a altos oficiales eran modificados para favorecerlos y no afectar su ascenso al grado inmediato superior.
Un caso concreto se presentó en 2014 con dos subcomisionados y un comisario que reprobaron el polígrafo y a quienes la DIECP recomendó separar.
Sin embargo, un abogado de la Subgerencia de Personal dictaminó que los resultados de esa prueba no era suficiente elemento legal como para truncarles su derecho al ascenso, por lo que fueron promovidos grado inmediato superior. Como este hay decenas de casos registrados en los archivos.
La Comisión tiene plenamente documentados los casos e identificados a los funcionarios responsables de estos actos ilícitos, quienes serán denunciados formalmente ante el Ministerio Público para que rindan cuenta ante la justicia.
Lo anterior deja al descubierto y ratifica la escandalosa corrupción que imperaba en la Policía Nacional, no solamente entre los oficiales y agentes, sino también entre el personal auxiliar que labora en la institución.
Batallón de asesores
En un minucioso trabajo de búsqueda en la base de datos de más de 14,000 policías y auxiliares contratados por la Secretaría de Seguridad,
LA PRENSA logró detectar al menos 59 abogados o licenciados en Derecho laborando con cargos diversos como defensores o auxiliares jurídicos, analistas, oficiales o asesores legales con sueldos entre 20,000 y 42,000 lempiras mensuales.
No obstante, la Comisión documentó una asombrosa cifra de más de 100 juristas contratados en toda la institución, muchos de los cuales no aparecen en planilla.
Consultado, al respecto, el depurador Alberto Solórzano confirmó la información y comentó en tono jocoso que han encontrado abogados en “postas, sanitarios, alcobas y closets”.
Llama la atención que el Departamento de Asesoría Legal de esa secretaría tiene contratados ocho profesionales del Derecho que son suficientes para atender los asuntos jurídicos de la institución; pero en la nómina general de la Policía aparecen abogados hasta en jefaturas departamentales como Islas de la Bahía y La Mosquitia.
Hay casos insólitos como en la Unidad Metropolitana de la capital (Umep) en donde están contratados al menos 10 abogados con sueldos entre 21,000 y 42,000 lempiras.
Solórzano informó que este asunto ya fue analizado y en los próximos días se procederá a la cancelación de todo este personal supernumerario.
La Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional se apresta a realizar en los próximos días una barrida total de más de 100 asesores legales que laboran en la Secretaría de Seguridad y en las diferentes direcciones de la institución policial en razón de múltiples irregularidades detectadas en el desempeño de sus funciones.
La depuración del personal que presta estos servicios legales es un hecho y se hará efectiva en el curso de la presente semana como parte de la evaluación del personal auxiliar que efectúa el organismo depurador, ya que se detectó que muchos de estos profesionales se confabularon con oficiales y agentes que estaban cuestionados por diversas faltas y delitos, informó una fuente oficial.
| Nuevas generaciones
A la par del proceso de depuración se han incorporado a la Policía a 736 nuevos oficiales y agentes de escala básica.
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De estas indagaciones se desprende que muchos de estos abogados incluso negociaron las demandas judiciales que los policías depurados entablaban en los tribunales de justicia a cambio de jugosas tajadas para favorecerlos en juicio y que estos pudieran cobrar millonarias sumas de dinero al Estado de Honduras por concepto de indemnizaciones y sueldos caídos.
Borrones
Por ejemplo, policías que reprobaban las pruebas de confianza aplicadas por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y que no eran aptos para continuar en el servicio por este y otros actos delictivos, se les modificaban los informes u oficios para poder ascender.
De hecho, las autoridades de la DIECP denunciaron que los dictámenes con los resultados de las pruebas de confianza aplicadas a altos oficiales eran modificados para favorecerlos y no afectar su ascenso al grado inmediato superior.
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Policías y auxiliares
Tiene contratados la Secretaría de Seguridad en las direcciones y jefaturas departamentales de la Policía Nacional.
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Sin embargo, un abogado de la Subgerencia de Personal dictaminó que los resultados de esa prueba no era suficiente elemento legal como para truncarles su derecho al ascenso, por lo que fueron promovidos grado inmediato superior. Como este hay decenas de casos registrados en los archivos.
La Comisión tiene plenamente documentados los casos e identificados a los funcionarios responsables de estos actos ilícitos, quienes serán denunciados formalmente ante el Ministerio Público para que rindan cuenta ante la justicia.
Lo anterior deja al descubierto y ratifica la escandalosa corrupción que imperaba en la Policía Nacional, no solamente entre los oficiales y agentes, sino también entre el personal auxiliar que labora en la institución.
Batallón de asesores
| Nueva ley de personal
La Comisión presentó al Congreso una nueva propuesta de ley de Personal de la Policía que regulará las relaciones laborales entre el estado y el personal policial y el personal auxiliar contratado.
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No obstante, la Comisión documentó una asombrosa cifra de más de 100 juristas contratados en toda la institución, muchos de los cuales no aparecen en planilla.
Consultado, al respecto, el depurador Alberto Solórzano confirmó la información y comentó en tono jocoso que han encontrado abogados en “postas, sanitarios, alcobas y closets”.
Llama la atención que el Departamento de Asesoría Legal de esa secretaría tiene contratados ocho profesionales del Derecho que son suficientes para atender los asuntos jurídicos de la institución; pero en la nómina general de la Policía aparecen abogados hasta en jefaturas departamentales como Islas de la Bahía y La Mosquitia.
Hay casos insólitos como en la Unidad Metropolitana de la capital (Umep) en donde están contratados al menos 10 abogados con sueldos entre 21,000 y 42,000 lempiras.
Solórzano informó que este asunto ya fue analizado y en los próximos días se procederá a la cancelación de todo este personal supernumerario.
