Tegucigalpa, Honduras.
Un equipo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) junto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) en Honduras, iniciaron el pasado 4 de abril una investigación en las oficinas de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
Esto ante la denuncia de supuestas irregularidades en las compras hechas por la emergencia del COVID-19, informó el Ministerio Público en un comunicado.
Las autoridades de esta entidad hicieron hincapié que 'aún y cuando existe una Ley Especial para la Gestión , Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos, donde se establece que antes de una investigación debe existir un informe de Tribunal Superior de Cuentas', se consideró oportuno adelantar el proceso investigativo a la espera del trabajo que realiza el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en torno a las compras de emergencia.
La polémica se genera debido a que artículos como mesas de comedor, televisores, percoladoras, dispensadores de agua y mesas de noche, entre otros artículos se adquirieron de emergencia para combatir la pandemia que deja más de 400 contagiados en Honduras, entre ellos 31 fallecidos.
Percoladoras valoradas en 4,000 lempiras (aproximadamente $160) y televisores de 32'' a L10,000 (más de $400) generaron polémica en las redes sociales, aunque Copeco aseguró que las compras se han hecho en base a ley y garantizando la transparencia de todos los procesos.
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Este martes 14 de abril, luego de iniciarse una auditoría forense por parte del TSC en Copeco por las polémicas compras de emergencia fueron suspendidos varios de sus empleados.
Ricardo Leonel Cardona, jefe del Gabinete Presidencial, envió una carta al titular de Copeco, Gabriel Rubí, en la que le instruye suspender al administrador Cristian Elías Santelli Echeverría y demás empleados involucrados en el informe que obtuvo la Secretaría de Finanzas sobre compras realizadas para atender la emergencia sanitaria.
A criterio del Ministerio Público, la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos violenta 'preceptos constitucionales al exceder su alcance y temporalidad a la validez del decreto que la contiene, además de remplazar la facultad que tiene el Poder Judicial de juzgar y le otorga esta facultad al TSC, frenando de esta manera atribuciones investigativas y avances en la lucha contra la corrupción', afirma el comunicado, en el marco de las polémicas compras de Copeco.
Honduras atraviesa una crisis sanitaria a causa del coronavirus que ya deja 31 personas muertas y más de 400 infectados, según datos del Sistema de Gestión de Riesgo (Sinager).
