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Pena de muerte, oneroso castigo

"La pena de muerte queda totalmente abolida en Honduras", Constitución de la República.

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Alejandro Varela nunca quiso ver un fusilamiento, pero recuerda con nostalgia un caso que se dio en Potrerillos, Cortés. “Supe que los mataban. Una vez unos condenados se hicieron a un lado en pleno fusilamiento. Pero el jefe del pelotón les dijo que no se iban a salvar, pero que les iba a conceder su último deseo: una pacha de guaro y un puro”, manifestó el sampedrano que laboró en los juzgados criminales por más de 40 años.

Según el hondureño de 85 años, a él le tocaba firmar las sentencias de muerte en los tiempos del general Tiburcio Carías Andino. “Me ponía triste cada vez que hacia una sentencia de muerte. No era yo quien las dictaba sino el juez, a mí me tocaba transcribirlas”.

En Honduras la pena de muerte se instauró en 1936, en el gobierno de Carías. Los datos son pocos. Varela le contó a LA PRENSA cómo eran las ejecuciones en tiempos del general.

“A mí como secretario me tocó redactar y firmar la sentencia de muerte de varios criminales que fueron fusilados en el cuartel general. Recuerdo que uno de los ejecutados fue un psicópata y pervertido sexual que violaba a menores de edad, luego los estrangulaba”.

La abolición de la pena de muerte en el país llegó con la Junta Militar de Gobierno que derrocó a Julio Lozano Díaz. En la actualidad, la pena de muerte es prohibida en Honduras, aunque nuevos aspirantes a la Presidencia se refirieron al tema en campaña.

Costos millonarios

Según el Centro de la Pena de Muerte, al estado de California le cuesta 114 millones de dólares al año sostener las ejecuciones. En Kansas los costos son 70% más caros; mientras que en Indiana, el total sobrepasa los costos completos de las sentencias a cadena perpetua.

En Carolina del Norte cada ejecución cuesta 2.16 millones de dólares y en Florida 51 millones de dólares.

En el estado más ejecutor, Texas, un caso de pena de muerte cuesta un promedio de 2.3 millones de dólares, casi tres veces el costo de encarcelar a alguien en una celda sencilla de máxima seguridad por 40 años, según el Centro.

Los estadounidenses que pagan impuestos son los que corren con los gastos de las ejecuciones, que arrancan cuando los condenados llegan al corredor de la muerte.

En Estados Unidos

El Centro de Pena de Muerte señala que Gran Bretaña ejerció influencia en Estados Unidos para que se estableciera dicha condena en la mayoría de sus estados.

“Cuando los colonos europeos llegaron, ya llevaban la pena de muerte instalada. La primera ejecución se dio en Virginia en 1608 y el ejecutado fue un espía de España”, dice el Centro.

Tiempo después, en el año 1767, algunos países comenzaron a exponer la idea de abolir la pena de muerte. Argumentaban que no había justificación para quitarles la vida a las personas. En 1834, Pensilvania dejó de ejecutar a los condenados en público y decidió empezar a hacerlo en los centros penitenciarios.

Doce años después, Michigan se convirtió en el primer estado en abolirla para todos los delitos, excepto la traición. A finales del siglo XIX, muchos países siguieron el ejemplo.

El número de ejecutados sigue bajando cada año en Estados Unidos. “Texas sigue haciendo honor al nombre de ‘estrella solitaria’, con el que se le identifica, ya que mantiene el liderazgo en ejecuciones, aunque también experimentó una reducción del 30%”, según el Centro de Pena de Muerte.

A favor y en contra

Según un estudio de la Universidad de Barcelona, las personas e instituciones que se muestran a favor de la pena de muerte se basan en la ley del talión: “vida por vida, ojo por ojo, diente por diente”.

Además, en el ejercicio de la legítima defensa, el miedo a la reincidencia y al riesgo nulo de sentenciar a un inocente.

Los que están en contra señalan que se deben confrontar otras consideraciones religiosas, como el amor al prójimo y el perdón.

Para la población que está en contra de la pena de muerte, no está demostrado que esta cumpla una función de prevención general negativa porque si fuera así ya no existirían delitos.