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Control de bienes incautados al narcotráfico levanta polémica

<p>Una iniciativa para controlar el destino y uso de los bienes incautados al narcotráfico destapó este martes polémicas acusaciones en Nicaragua.</p>

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Una iniciativa para controlar el destino y uso de los bienes incautados al narcotráfico, que según la ley deben ser distribuidos entre varias instituciones, destapó este martes polémicas acusaciones en Nicaragua.

Los reclamos surgieron tras conocerse que las autoridades nicaragüenses no tienen idea de adónde fueron a parar los 11,7 millones de dólares, 533 vehículos, 37 lanchas y cuatro avionetas que la policía y el ejército confiscaron en los últimos cuatro años al narcotráfico y otros grupos del crimen organizado.

Se está tratando de hacer "un inventario de los bienes incautados, porque hasta el momento no existe", admitió una portavoz del Ministerio de Gobernación, Carolina Téllez Según la "Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Sustancias Controladas", los bienes incautados debieron haberse repartido entre la Policía, la Fiscalía, el Ministerio de Salud, el estatal Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas, ONGs vinculadas al tema y al Ejército en caso de medios aéreos y navales.

"Pero la verdad es que la ley no se ha cumplido, porque todas las instituciones que hemos consultado coinciden en que no les han dado ni un solo centavo", dijo el presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, José Pallais, a la AFP.

La versión fue confirmada por el Fiscal General de la República, Julio Centeno, que aseguró que no han recibido "ni una sola pluma" de todas las confiscaciones hechas al narcotráfico. Centeno señaló que las autoridades ni siquiera "una bicicleta, ni una patineta" le dieron a los fiscales que enfrentan dificultades para movilizarse en las zonas donde opera el narcotráfico.

Las ONGs tampoco "han recibido ni un solo centavo" de esos fondos, dijo Grethel López, representante de Casa Alianza -entidad que brinda rehabilitación a niños adictos a las drogas- durante las consultas hechas por el Congreso sobre el tema. Entonces, "¿dónde está ese dinero?", preguntó el directivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEEPP, Roberto Orozco.

"Bueno, esa es la pregunta del millón", dijo el presidente de la Comisión de Justicia, que aduce que los fondos se encuentran dispersos sin ningun control entre la Policía, el Poder Judicial, el Ejército y el Ministerio de Hacienda. Según los legisladores, el desorden ha sido promovido por los mismos jueces, que en vez de distribuir los bienes de acuerdo con lo que establece la ley lo hacen a su libre arbitrio.

Los legisladores pusieron como ejemplo un reciente fallo en que un juez penal ordenó entregar a la Corte Suprema de Justicia cuatro vehículos y 10.000 dólares que habían sido incautados a dos narcotraficantes. La mala distribución ha generado malestar entre funcionarios de las instituciones beneficiadas, que recurren muchas veces de amparo para exigir que se cumpla la ley.

Para poner orden en casa, los diputados de la Comisión de Justicia decidieron crear una Unidad de Análisis de Bienes Incautados, IABI, adscrita al Ministerio de Hacienda, para que el dinero confiscado entre de inmediato a las arcas públicas. La iniciativa forma parte de una reforma a la Ley de Estupefacientes que la Comisión de Justicia se propone dictaminar y someter a la aprobación de los diputados del Congreso dentro de tres meses.