San Pedro Sula, Honduras.
Han pasado casi 19 años desde que el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, promulgara la Ley de la Firma Electrónica y Comercio Mundial y Nacional, que abrió nuevas oportunidades económicas, al tiempo de proteger los derechos de los consumidores de ese país.
La iniciativa respondía a la expansión impulsada, en gran parte, por el crecimiento de las tecnologías de la información, en especial de Internet.
Como en el resto del mundo, la firma electrónica permite a los consumidores hacer contratos electrónicos con la misma validez, protección y registro que aquellos firmados en papel.
Entre los avances en ese campo, en febrero pasado, representantes del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), explicaron que en un 35% había avanzado un proyecto para implementar la digitalización y una firma electrónica en el contexto del registro de inversionistas.
Eléutera es una organización sin fines de lucro con sede en San Pedro Sula y dedicada a influir por medio de la reforma o propuestas de
políticas públicas para que la vida del ciudadano sea más próspera, práctica y libre. A través de diferentes análisis, han destacado la necesidad de la firma electrónica para respetar el tiempo de los usuarios en trámites civiles y empresariales.
“Los trámites empresariales atañen al 10% de la población, contra todo el resto de la gente que tiene que sacar su cédula, pasaporte, partida de nacimiento, son servicios civiles en los que se puede trabajar para que la persona sienta que hacer un trámite no tiene que ser un dolor de cabeza”, considera Peña Panting.
A su criterio, cuando el aparato estatal es complejo es porque hay ganadores y nunca son los usuarios. “Sino el personal de la administración, ya sea por corrupción, control de poder, lo que sea, pero un sistema complejo beneficia a los de adentro”.
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay son los primeros países en Am?rica Latina en poner en práctica el notariado electrónico, y como todo proceso de transformación su implementación ha sido gradual.
Han pasado casi 19 años desde que el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, promulgara la Ley de la Firma Electrónica y Comercio Mundial y Nacional, que abrió nuevas oportunidades económicas, al tiempo de proteger los derechos de los consumidores de ese país.
La iniciativa respondía a la expansión impulsada, en gran parte, por el crecimiento de las tecnologías de la información, en especial de Internet.
Como en el resto del mundo, la firma electrónica permite a los consumidores hacer contratos electrónicos con la misma validez, protección y registro que aquellos firmados en papel.
Lea: Firma electrónica es vital para agilizar los trámites
En Honduras, pese a existir una Ley de Firma Electrónica desde 2013 que redactó el abogado Jorge Roberto Maradiaga, los mayores avances en ese campo empiezan a darse en los últimos dos años, tanto en el Gobierno como en la empresa privada.
“Si ya tenemos la normativas sobre el particular, que esa es la tendencia en el contexto global, nosotros deberíamos estar aplicando de principio a fin todo eso. Cuando hablamos de comercio electrónico hablamos del mensaje de datos, que es toda la información generada, enviada, archivada o comunicada por medios electrónicos, y ese mensaje de datos tiene el mismo valor y fuerza probatoria que la información por escrito”, indica el profesional del Derecho.
| Para que esta y otras tecnologías funcionen en Honduras, los expertos coinciden en la necesidad de Internet de banda ancha en todos los municipios del país.
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Lea también: Firma electrónica, gobierno digital y fast track para agilizar trámites
Además, la designada presidencial María Antonia Rivera anunció a inicios de año el arranque del proceso de firmas electrónicas en las aduanas, SAR y otras instituciones públicas, que entre otros beneficios ayudará a reducir costos y tiempo al eliminar el uso del papel y simplificar los trámites, “garantizando la confidencialidad de la información y cumpliendo con altos estándares de seguridad, debido a que está diseñada y certificada bajo mecanismos matemáticos cifrados”.
En noviembre del año pasado, el Instituto de la Propiedad (IP) certificó a Tecnisign como la primera empresa de firma electrónica y la autorizada como prestadora de servicios de certificación de firma electrónica (PSC). Antes, en 2017, el IP autorizó al Banco Central de Honduras (BCH) como la primera institución pública del país como PSC.
“Sin la firma electrónica no podemos avanzar al gobierno electrónico, y no solo va a eso, va a la economía pura y a arreglos entre personas. Los bancos son los principales usuarios del sistema notarial“, explica Guillermo Peña Panting, presidente de la Fundación Eléutera, quien añade que al año son emitidos más de 700,000 documentos notariales, a un costo promedio de 350 millones de lempiras distribuidos “en un sistema no tan sólido”; considera.
| La firma electrónica juega un papel importante en el comercio electrónico, en especial hace que sea más fácil obtener las firmas de los usuarios en los documentos claves.
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“Los trámites empresariales atañen al 10% de la población, contra todo el resto de la gente que tiene que sacar su cédula, pasaporte, partida de nacimiento, son servicios civiles en los que se puede trabajar para que la persona sienta que hacer un trámite no tiene que ser un dolor de cabeza”, considera Peña Panting.
A su criterio, cuando el aparato estatal es complejo es porque hay ganadores y nunca son los usuarios. “Sino el personal de la administración, ya sea por corrupción, control de poder, lo que sea, pero un sistema complejo beneficia a los de adentro”.
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay son los primeros países en Am?rica Latina en poner en práctica el notariado electrónico, y como todo proceso de transformación su implementación ha sido gradual.
