Tegucigalpa. El sector privado solicita al Gobierno entrante que presidirá Juan Orlando Hernández que revise y analice con todos los sectores la Ley de ordenamiento de las finanzas públicas, para llegar a un consenso democrático y lograr estabilidad política, económica y social.
Esa es la conclusión principal a la que llegaron los presidentes de más de 60 organizaciones que integran la cúpula del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Hombres y mujeres de negocios llegaron de los cuatro puntos cardinales del país para coincidir en que esta normativa aprobada por el Congreso Nacional (CN) “adolece de vicios de inconstitucionalidad en varias de sus disposiciones”, expuso Aline Flores, presidenta del Cohep, en una rueda de prensa al final de la reunión.
En ese marco se conformó una comisión para analizar cuál es el impacto económico, jurídico y social de las referidades medidas fiscales y si interpondrán un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para detener su aplicación.
Las críticas
Flores señaló la falta de socialización y consulta, así como la premura con la que se aprobó esa ley -que entró en vigor el pasado 2 de enero- debido a que afecta el clima de inversión en el país y tiene un efecto directo en las empresas, sus trabajadores y los consumidores, lo que perjudica la competitividad.
También se generarán presiones inflacionarias y una caída en la demanda de bienes y servicios, complicando aún más las posibilidades de reactivación de la economía.
Se aseguró también que la ley impone nuevas cargas tributarias a las empresas y a las personas, representando medidas que afectan la economía.
La ley -continuó Flores- no viene acompañada de medidas concretas para la reducción efectiva del gasto público, la administración integral de la deuda, ni reducción del aparato estatal.
El Cohep, sin embargo, sus organizaciones miembros están de acuerdo en apoyar las medidas para evitar la evasión fiscal y el crecimiento de la economía informal; pero debe hacerse de manera ordenada, garantizando seguridad jurídica y la simplificación administrativa, ampliando la base tributaria a través de la modernización y despolitizando, efectivamente, la agencia recaudadora de impuestos.
Esta ley -continúa- el documento, tiene “efectos significativos sobre la canasta básica, los precios, la tasa de interés, la devaluación, los salarios y la rentabilidad de las empresas”, en especial con efectos negativos sobre la mediana, pequeña y microempresa del país.
Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), proyectó que el nuevo paquete fiscal tendrá un impacto estimado de un 5% en relación con el producto interno bruto (PIB), debido a la cantidad de recursos que obtendrá el Gobierno vía cobro de impuestos y por la inflación que generará.
