Buenos Aires.
Despejar el horizonte de la deuda pública de Argentina, con densos nubarrones a la vista, se presenta como el desafío prioritario del presidente electo argentino, Alberto Fernández, que necesita aliviar las cargas financieras del país para tratar de reactivar su deprimida economía.
Este es un desafío que Fernández, el que asumirá la presidencia el próximo 10 de diciembre, ha reconocido durante la pasada campaña electoral: el abultado endeudamiento es el mayor condicionante para recuperar la actividad económica, por lo que es uno de los primeros problemas que hay que resolver.
El asunto tiene su urgencia porque los compromisos financieros de Argentina para 2020 son abultados, y de hecho, este mismo año, el pasado agosto, el Gobierno del saliente presidente Mauricio Macri se vio obligado a diferir el pago de deudas a corto plazo para evitar una sangría mayor de reservas del Banco Central.
Alternativas.
Según Gabriel Torres, vicepresidente regional de Moody’s, Fernández deberá lidiar con las “importantes dificultades crediticias” que mantienen la calificación soberana de Argentina en Caa2 (riesgo sustancial), “incluida la necesidad de reestructurar la deuda púbica, y deberá abordar al mismo tiempo graves desequilibrios fiscales con opciones limitadas de financiación”.
| Negociación
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Diversos informes de consultoras privadas señalan que Argentina deberá afrontar el próximo año vencimientos de capital e intereses por entre 40,200 y 63,700 millones de dólares, cálculos que difieren si se toman o no en cuenta las deudas no solo con acreedores privados, sino también con organismos internacionales e instituciones del propio sector público argentino.
Sin posibilidad de refinanciarse en los mercados internacionales por las altas tasas que debería convalidar, con una economía en caída y una generación de divisas insuficiente, a Argentina no le quedan muchas alternativas: negociar con acreedores o declarar el cese de pagos, algo que hizo por última vez a finales de 2001. La vía de la negociación voluntaria ya había sido planteada como necesidad por el propio Macri, quien dejará al país con una deuda que, según el Gobierno, a finales de septiembre ascendía a 315,000 millones de dólares (equivalente al 68% del PIB), de los cuales 126,000 millones estaban en manos de acreedores privados y 75,000 millones eran con organismos internacionales.
Tanto Alberto Fernández como sus asesores económicos han planteado en campaña negociar con los tenedores de bonos y con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mayores plazos de pago, sin quita sobre el capital y los intereses.
En las últimas semanas algunos analistas y agentes del mercado han puesto en duda que no haya ningún tipo de rebaja; pero todos coinciden en que la propuesta no podrá en modo alguno ser agresiva como la de la reestructuración de 2005, cuando Argentina logró una quita del 65.4 %, porque repetir esa salida implicaría un coste de reputación que mantendrían al país excluido de los mercados.
