Camaroneros demandan beneficios de Ley de Zonas Libres para tres empresas

TEGUCIGALPA.

La solicitud del Grupo Granjas Marinas (GGM) de operar las tres empresas ligadas al rubro camaronero bajo la Ley de Zonas Libres (Zoli) ha sido conocida por diversas instancias gubernamentales.

El secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, es uno de los funcionarios que ha sido partícipe del tema. El caso fue abordado en su despacho, en donde los ejecutivos de GGM expusieron la petición que realizaron a la Secretaría de Desarrollo Económico de la extensión de la Zoli, de acuerdo con la resolución 739-200, y la anulación de la resolución 200-2019 de la SDE.

Lo resuelto por las autoridades de la SDE es que solo procede la extensión de la Zoli a Granja Marina Larvicultura (GML) y a la Empacadora San Lorenzo (ESL), esta última ya venía gozando de ese régimen especial, no así Granjas Marinas San Bernardo (GMSB), que sonmás de 10,000 hectáreas de fincas de camarón de cultivo.

Exportaciones del GGM Unas 21.7 millones de libras de camarón congelado y procesado exportó el GGM en 2018 a los mercados de México, Inglaterra, Alemania y EEUU.

De mantener esa decisión, la que fue aprobada por la SDE mediante la resolución 200-2019, el Grupo Granjas Marinas ha anunciado que se verá obligada a suspender operaciones porque las fincas camaroneras deberán pagar impuestos.

Rocío Tábora, titular de la Secretaría de Finanzas, dijo que el caso está en manos de las autoridades de Desarrollo Económico.

Restricciones sanitarias.Las ventas externas de camarón alcanzaron un monto de $233.8 millones, $10.5 millones menos con respecto a las de 2017, por menor demanda de México.

El subsecretario de C omercio Interior de la SDE, Aldo Villafranca, comentó que la petición del GGM continúa en estudio, ya que se tiene que hacer el análisis del impacto fiscal al pasar de un régimen a otro. Subrayó que las camaroneras continúan gozando de los beneficios fiscales otorgados bajo el Régimen de Importación Temporal (RIT).

En el oficio SDP-268-2019 enviado por Díaz al titular de la SDE, Arnaldo Castillo, le pide que “en razón de lo anterior, se solicita tomar en consideración la opinión legal y los acuerdos llegados para la emisión de la respectiva resolución razonada dentro del principio de legalidad, jerarquía de la normativa y velando por el fiel cumplimiento de la normativa internacional”.