San Pedro Sula, Honduras
En una carta abierta al coordinador del Gabinete Económico, Marlon Tábora, el Colegio Hondureño de Economistas (CHE), capítulo de San Pedro Sula, insta a un periodo prolongado de crecimiento económico con equidad para el país.
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Proponen acuerdos del salario mínimo que garanticen aumentos por arriba de la inflación y que mejoren la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora.
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Los economistas emitieron la misiva pública para agradecer al también embajador de Honduras en Washington la invitación que les hizo para reunirse y discutir la situación económica y social.
“La evolución de la situación del país nos obliga como economistas a seguir atentos y a elevar nuestra voz para contribuir a la solución de los problemas que más agobian a los ciudadanos”, dicen los profesionales de la zona norte.
Para ello, proponen la creación de un sistema de formación técnico-profesional público y privado con alcance nacional “que nos ubique como un país con trabajadores capacitados para desarrollar actividades de alto valor agregado tanto en la agricultura como en la industria y en los servicios. Otros países lo han demostrado, que sin esto no hay pequeñas ni medianas empresas competitivas vibrantes con capacidad de generar empleo y riqueza. Esto requiere de un programa de reestructuración del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) para convertirlo en una institución capaz de ofrecer servicios que demanda la economía para su crecimiento”, refieren los economistas.
Asimismo, instan a la revisión de la ley de empleo por hora, ya que deja desprotegido socialmente al empleado al terminar su contrato y ha contribuido a la precarización de todos los mercados laborales. El empleo por hora debe ser dirigido a sectores especiales como son los estudiantes y jubilados.
También, demandan el impulso a la calidad de los bienes y servicios que el país produce a través procesos y productos innovadores y certificados que permiten su acceso a los mercados desarrollados.
Además, sugieren el fomento de las alianzas entre los sectores productivo y educativo público y privado para facilitar la inserción laboral de los jóvenes en el mercado laboral desde su periodo formativo.
