Dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos para que se anule la prohibición de que dos personas del mismo sexo se casen o puedan adoptar hijos fueron admitidos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la iglesia evangélica anunció una cruzada para que las acciones sean declaradas en contra.
Miembros de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) se reunieron con magistrados constitucionales para exponerles que la restricción a la unión y la adopción de niños por homoparentales va en contra de preceptos bíblicos y legales.
VEA: Documento del recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio gay
“Que la Sala Constitucional se pronuncie a favor de una cuestión de esta naturaleza iría en contra de lo que la mayoría del pueblo piensa, iría en contra de los preceptos bíblicos e iría en contra de lo que la misma constitución dice”, dijo el directivo y expresidente de la CEH, Alberto Solórzano, tras la sesión.
Solórzano indicó que al igual que los grupos de la comunidad gay hacen presión para que esta demanda les sea satisfecha, los evangélicos también presionarán para que el veto se mantenga.
“Esta es una presión, los grupos que tienen una convicción contraria a la que nosotros tenemos hacen su propia presión, no crean que estos grupos están sentados y vinieron a dejar solo un papel (recursos), ellos están moviendo cuanta persona pueden”, acotó.
Uno de los recursos, con registro 233-2018, fue interpuesto por la Red Lésbica Catrachas.
El otro, con expediente 552 -2918, lo introdujo la Asociación LGTB Arcoiris.
En los dos escritos se pide la inconstitucionalidad del decreto 176-2004, mediante el cual se reconoce en el artículo 112 de la Constitución que el matrimonio solo es válido entre mujer y hombre “que tengan la condición de tales naturalmente”.
Ese decreto también hizo que se estipulara en el artículo 116 de la Carta Magna que es ilegal que personas del mismo sexo adopten niños.
Igualmente se demandó en los recursos que se deje sin valor el decreto 35-2013, que reformó el Código de Familia y que aprueba la validez del matrimonio y adopción tradicional.
Ambos decretos, según los recurrentes, violentan los derechos constitucionales de no discriminación, de igualdad social e igualdad jurídica que se establecen en los artículos 50, 60 y 61 de la Carta Magna, entre otros.
En los recursos se citan varios convenios internacionales de los que Honduras es signataria, entre estos el artículo 24 de la Convención Interamericana de Derechos que cita que “todas las personas son iguales ante la ley”.
La admisión de los recursos representa solamente que están bien redactados y ahora el Poder Judicial los remitirá al Ministerio Público para que emita una opinión que no es vinculante.
A criterio del pastor Solórzano “hay mucho dinero corriendo” para apoyar las exigencias de las entidades que defienden los derechos homosexuales en Honduras y por eso no dudaba que estos grupos también busquen el apoyo en otras esferas del Gobierno.“No solo en este espacio (Corte), en el Congreso, en el Legislativo esta es un agenda que no crea que nace en el país, es una agenda que tiene trasfondo internacional, hay mucho dinero corriendo acá, por eso es que la iglesia tiene que estar vigilante”, remarcó.
Posición
El vocero de Colectivo Violeta, Iván Banegas, explicó que la intención de interponer los recursos fue para que las personas homosexuales que han decidido vivir juntos tengan derechos de protección como lo goza una pareja de hombre y mujer.
“Buscamos los derechos que permiten la protección de un patrimonio hecho por la pareja y que ahora no se puede lograr”.
Según Banegas, la iglesia evangélica tiene una “doble moral” porque está en contra de que homosexuales críen niños, pero no se preocupan por muchos menores desamparados.
El dirigente de la diversidad sexual dijo que de acuerdo con estudios internacionales, entre el 6 y 10% de la población mundial tiene una especie de atracción hacia su mismo sexo o su identidad es diferente a la de su género, por lo que en Honduras, que tiene una población de 9 millones de personas habrían entre 540 mil y 810 mil en esa situación.
