San Pedro Sula, Honduras.
La victimada dirigente campesina Margarita Murillo (56) en años atrás había recibido amenazas de muerte, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo en el que el Estado estaba obligado a darle seguridad.
Ante tal situación, el Ministerio Público abrirá investigación y solicitará la documentación respectiva donde la fallecida pudo haber dado algún nombre que podría servir de guía a las autoridades para esclarecer el caso e identificar a los responsables.
Elvis Guzmán portavoz en la zona norte del Ministerio Público, informó que también se tomarán declaraciones a los jefes policiales de la zona para que declaren el porqué no se le estaba dando la seguridad. “Se va a establecer si hubo o no responsabilidad o alguna violación a los deberes de los funcionarios por quienes estaban a cargo de la seguridad de la señora”, manifestó Guzmán.
Agregó que dos fiscales adscritos a la Fiscalía de Delitos contra la Vida y un equipo de la Policía de Investigación están asignados para indagar sobre el crimen contra la dirigente. “Se manejan nombres de personas que pudieron haber participado en el hecho. Una vez que se tengan identificados a los presuntos responsables se presentará requerimiento. El posible móvil, aún no está confirmado, tampoco descartado, es la disputa de tierras en la zona”, expresó.
La victimada dirigente campesina Margarita Murillo (56) en años atrás había recibido amenazas de muerte, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo en el que el Estado estaba obligado a darle seguridad.
Ante tal situación, el Ministerio Público abrirá investigación y solicitará la documentación respectiva donde la fallecida pudo haber dado algún nombre que podría servir de guía a las autoridades para esclarecer el caso e identificar a los responsables.
Elvis Guzmán portavoz en la zona norte del Ministerio Público, informó que también se tomarán declaraciones a los jefes policiales de la zona para que declaren el porqué no se le estaba dando la seguridad. “Se va a establecer si hubo o no responsabilidad o alguna violación a los deberes de los funcionarios por quienes estaban a cargo de la seguridad de la señora”, manifestó Guzmán.
Agregó que dos fiscales adscritos a la Fiscalía de Delitos contra la Vida y un equipo de la Policía de Investigación están asignados para indagar sobre el crimen contra la dirigente. “Se manejan nombres de personas que pudieron haber participado en el hecho. Una vez que se tengan identificados a los presuntos responsables se presentará requerimiento. El posible móvil, aún no está confirmado, tampoco descartado, es la disputa de tierras en la zona”, expresó.
