Tegucigalpa. Un informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en 2013 de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos establece que la violencia contra los periodistas se ha convertido en una amenaza contra la libertad de expresión en Honduras.
“Cuando se produce el asesinato de periodistas o comunicadores sociales, no solo se vulnera en forma grave su derecho a la vida, sino que anula su derecho a expresarse libremente. Consecuentemente, se afecta el derecho de los ciudadanos a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas”, dijo en su momento Ana Pineda, exministra de Derechos Humanos.
Además, la violencia, peor aun si no se investiga y castiga, tiene un efecto de autocensura sobre el resto de los periodistas y comunicadores sociales, por lo que los organismos encargados de la investigación del delito devienen obligados a redoblar sus esfuerzos para dar con el paradero de los autores de estos condenables hechos”, aseguró.
En el informe se establece que “la impunidad es un problema estructural históricamente presente en la sociedad hondureña, largamente incubada y arraigada, que constituye uno de los principales factores que favorece y perpetúa la cultura de irrespeto a los derechos humanos, vulnerando y debilitando directamente el sistema nacional de protección de los derechos humanos”.
Es por ello que, para disminuir los altos índices de violencia e impunidad, que vuelve ilusorio el derecho de acceso a la justicia en nuestro país, resulta impostergable continuar con la reforma profunda de los sectores de seguridad y justicia del país.
Durante 2013, la tasa de homicidios en Honduras por cada cien mil habitantes, según la proyección del observatorio de la Violencia de la Unah, fue de 83, lo que indica una leve mejoría de 3.5 respecto a 2011 y de 2.5 al año 2012.
Del total de siete mil homicidios que se proyectaron en 2013, en el informe se da a conocer que 6,348 son hombres y 652 son mujeres.
En uno de los apartados se establece que en 2013 murieron de manera violenta seis periodistas y comunicadores sociales, 19 abogados, 26 miembros de la diversidad sexual y 1,013 personas menores de 23 años.
