Tegucigalpa, Honduras.
Luego de una audiencia que duró tres horas, un juez natural decidió anoche decretar la medida de detención judicial y ordenar la reclusión en el Primer Batallón de Infantería del diputado del partido Libre, José Luis Galdámez Álvarez.
El parlamentario permanecerá recluido en dicho recinto militar mientras se define la celebración de la audiencia inicial.
El Ministerio Público (MP) interpuso el requerimiento fiscal contra Galdámez por suponerlo responsable de dos delitos: a título de autor directo del homicidio simple y homicidio en su grado de ejecución de tentativa.
El congresista habría cometido el homicidio en perjuicio del taxista Marvin Alexander Sánchez García y la tentativa de homicidio contra el también ruletero Eduardo Flores.
El primer ilícito es sancionado con una pena de 15 a 20 años de reclusión; el segundo (tentativa de homicidio) recibe la misma pena, rebajada en un tercio, es decir de 10 a 13 años y 6 meses.
La acusación se formalizó casi a las 10:30 am en la secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Casi simultáneamente, Galdámez era ingresado a la sede de la CSJ, custodiado por elementos de la Policía Nacional y de la Policía Militar.
Fue trasladado esposado de manos y fuera del alcance de los medios de comunicación.
El pleno de magistrados de la CSJ previó la presentación de este requerimiento fiscal y sesionó ayer temprano para elegir al tribunal que conocerá esta causa.
Como juez natural se nombró al magistrado German Vicente García, informó Melvin Duarte, portavoz de la CSJ.
Este juez conocerá las etapas preparatoria e intermedia del proceso. El pleno conformó el Tribunal de Apelaciones al designar a los magistrados Raúl Henríquez Interiano, Edith María López y Silvia Trinidad Santos.
Finalmente, agregó que se conformó el Tribunal de Sentencia, que será presidido por el titular de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, conformado por Rosa de Lourdes Paz, Víctor Manuel Martínez y, como suplente, Reina Sagrario Solórzano.
Deniegan trámite expedito
El MP solicitó al juez que admita el requerimiento fiscal y se siga el procedimiento expedito de flagrancia por ser aprehendido el diputado tras la comisión del crimen, es decir, in fraganti.
El pasado 11 de diciembre inició la vigencia del decreto 74-2013, que crea el procedimiento expedito para los delitos de flagrancia.
Mediante este proceso, los plazos del proceso judicial se acortan; implica que en no más de 30 días se podrá dictar a Galdámez una sentencia condenatoria o absolutoria.
Este decreto expone que si alguna de las partes interpone una apelación, el recurso deberá resolverse en un plazo de 24 horas. Mediante este proceso expedito, todos los días son hábiles.
Sin embargo, el juez resolvió denegar la solicitud del MP de evacuar el proceso expedito de flagrancia porque consideró que se incumplen requisitos.
En respuesta, el MP interpuso anoche una apelación. La Corte de Apelaciones resolverá dicho recurso en 24 horas contadas a partir del recibo del expediente.
No hay medida sustitutiva
La acusación contra Galdámez es el primer caso que conocerá la CSJ con esta nueva modalidad en Tegucigalpa; en San Pedro Sula ya se han evacuado varios procedimientos.
Con base en una reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal, que define un catálogo de delitos en que se prohíbe aplicar medidas sustitutivas, el MP solicitó al juez que dicte al diputado la medida cautelar de prisión, mientras se desarrolla el proceso judicial.
A las 4:00 pm comenzó la audiencia de admisibilidad del requerimiento fiscal y luego le preguntó a Galdámez si deseaba declarar.
En su requerimiento, los fiscales solicitaron al juez convalidar o autorizar pruebas ya practicadas, como entre ellas, tomas de muestras de sangre, de orina e hisopado nasal extraídas al imputado para confirmar si estaba bajo los efectos de algún estupefaciente o con bajo niveles de alcohol.
Asimismo, la de absorción atómica para detectar partículas de pólvora en manos del diputado por disparo de arma.
También, la evaluación física del imputado, ya que argumentó que sufrió lesiones causadas por los taxistas.
El requerimiento fiscal fue interpuesto por la fiscal de turno María de los Ángeles Barahona.
Por el MP asistieron a la audiencia los fiscales Melvin Iván Velásquez y Ricardo Castro Barrientos. Asimismo participó la abogada Irma Yamileth López en su condición de acusadora privada.
La defensa del diputado fue representada ayer por el abogado Marcos Zelaya.
López afirmó que concurren todas las circunstancias y requisitos para evacuar esta causa bajo el procedimiento expedito de flagrancia. “Si el juez decide que en las pruebas allegadas al juicio concurren todos los elementos del tipo penal, se estaría dictando una condena lo más pronto posible”, dijo.
Aclaró que no hay un auto acordado para enviar a un diputado a un centro de reclusión distinto de la Penitenciaría Nacional.
La defensa basa su tesis en que Galdámez actuó en su legítimo derecho de defensa. En caso de acreditarse este extremo, el juez tendrá que dictarle un sobreseimiento definitivo.
