Tegucigalpa. La Fiscalía contra el Crimen Organizado entregó ayer un informe preliminar con el que el Ministerio Público (MP) inició un proceso de identificación de responsabilidades penales contra quienes se habrían confabulado para dejar salir a cuatro hondureños que portaban ocho maletas con más de siete millones de dólares.
El fiscal general adjunto Rigoberto Cuéllar ofreció algunos hallazgos de las diligencias evacuadas.
Entre ellas informó que se logró confirmar que los dólares no se trasladaron en maletas de mano, sino en maletas que fueron facturadas en una línea aérea.
Se han incautado todas las cintas de video, tanto de los lugares visibles de ingreso al aeropuerto como de las cámaras ubicadas en el lugar de la facturación, igualmente de los lugares de control de las maletas detrás de los quioscos de las líneas aéreas.
“Se tienen identificadas las personas que estuvieron involucradas en el control o que tuvieron responsabilidad en el control de las maletas”, informó Cuéllar.
De manera formal el MP comenzó a citar a estas personas.
“Se tienen identificadas algunas anomalías sobre las cuales no puedo profundizar”.
Afirmó que hubo una ausencia de personas que debían estar en el momento en que se hacen los controles de las maletas al pasar por las máquinas de rayos X.
“Por ejemplo, el agente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico que debía estar allí se encontraba ausente en ese momento”.
Asimismo se encontraban ausentes agentes de la Policía Nacional en los puntos de control. Son aspectos que se está investigando a qué obedecieron, dijo Cuéllar.
El sábado pasado fueron detenidos en el aeropuerto Tocumen, de Panamá, tres hondureños por haber ingresado con 7.2 millones de dólares escondidos en ocho maletas.
Los compatriotas salieron de la terminal de Toncontín, en la capital, a Panamá, sin ser detectados por los cuerpos de seguridad del aeródromo.
Los arrestados con Ramón Arturo Muñoz Umanzor, Melvin Omar Calderón y Hugo Mauricio Galdámez. Un cuarto hondureño que sería parte de la banda logró salir de la terminal panameña sin ser capturado.
Fiscales a Panamá
Esta investigación es dirigida por el Ministerio Público en coordinación con las autoridades panameñas.
Para ese efecto, los fiscales generales de ambos países ya tuvieron comunicación para coordinar acciones.
En las próximas horas, el MP enviará una solicitud de asistencia judicial a Panamá para que comparta evidencias y conocer que el dinero existe y cómo se incautó. De esta forma se podrán incoar acciones penales en Honduras, afirmó.
Cuéllar informó que el fiscal general Óscar Chinchilla autorizó que un equipo de fiscales contra el Crimen Organizado viaje la próxima semana a Panamá. El propósito es agilizar el proceso de auxilio judicial.
Se tuvo que poner orden en las diligencias que iniciaron la DLCN y Policía Nacional, entre otras.
“Va a liderar la investigación la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Ya estamos coordinando acciones”.
Por ello, esta Fiscalía logró, hasta cierto punto, recopilar la información que distintas agencias habían recabado.
Confirmó que existe una cuarta persona involucrada que está prófuga en Panamá.
El adjunto destacó una política de transparencia del MP, que no llega a los extremos de entorpecer las investigaciones.
Revisión a contrato
La inspección del equipaje que sale e ingresa en los principales aeropuertos de Honduras no puede estar bajo la responsabilidad de la concesionaria Aeropuertos de Honduras.
De oficio, Soptravi debe someter a revisión el contrato de concesión de las terminales para devolver esta responsabilidad al Estado de Honduras. De esta manera se podría evitar que se repitan hechos como el suscitado el fin de semana en el aeropuerto Toncontín, donde al menos cuatro personas salieron a Panamá con ocho maletas cargadas con más de siete millones de dólares.
En esos términos se pronunció el titular del Interior y Población, Áfrico Madrid, al solicitar al ministro de Soptravi, Raquel Quan, someter a revisión el contrato de concesión de los aeropuertos del país.
Madrid sostuvo que el Estado tiene la potestad, por medio de Soptravi, de establecer si conviene o no revisar el contrato que administra la empresa Aeropuertos de Honduras.
