San Pedro Sula, Honduras
El excoordinador de fiscales Rafael Fletes y tres guatemaltecos, incluido un exdiputado, quedaron hoy en libertad tras permanecer más de un año en prisión al ser acusados de tráfico de drogas y lavado de activos, tras ser declarados inocentes, informaron fuentes oficiales.
La resolución fue dictada por el tribunal de Sentencia de la ciudad norteña de San Pedro Sula, afirmó a periodistas un portavoz del Poder Judicial, sin dar más detalles.
'La observancia del Tribunal de Sentencia lo absolvió de toda responsabilidad penal, además todas las personas enjuiciadas en este proceso han sido absueltos', declaró a periodistas Luis Cruz, el abogado defensor de Fletes.
Tanto Fletescomo el exdiputado guatemalteco Juan González, y los pilotos Howard Castellanos y Denis Calderón, fueron detenidos el 6 de diciembre de 2012 en el norte de Honduras y se les acusaba de integrar una banda vinculada al tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y falsificación de documentos públicos.
'El Ministerio Público en ningún momento pudo enervar el estado de inocencia que le ha asistido a Rafael Fletes, no se pudo acreditar los injustos por los que se presentaron requerimientos fiscales en 2012', explicó Cruz, al salir de los tribunales donde se celebró el juicio oral y público.
Agregó que tanto el exdiputado como los pilotos guatemaltecos también fueron absueltos hoy de los delitos que se les imputaban.
Tras conocer la sentencia, el excoordinador de fiscales se mostró satisfecho por haber sido absuelto y aseguró 'se ha hecho valer justicia', tras permanecer un poco más de un año en prisión.
'Siempre he sido inocente y gracias a Dios el Poder Judicial en esta etapa ha hecho valer el derecho, ahora voy a tratar de recuperar mi vida que ha sido cercenada', subrayó Fletes, quien señaló que el Ministerio Público no pudo demostrar su culpabilidad.
Destacó que 'nunca he sido narcotraficante ni un lavador, tampoco he estado en esas actividades, me siento orgulloso de mi profesión' y dijo que no descarta la posibilidad de demandar al Estado hondureño por los daños causados.
Hasta el momento el Ministerio Público no ha reaccionado ante la decisión del tribunal de Sentencia.
