“Recibí una orden del Juzgado de Sentencia en la puerta de mi casa, en la que me indicaban que era acusado por los delitos de violencia psicológica, física y patrimonial en contra de mi esposa”.
Así comienza el relato de un hombre que admite que se merecía un escarmiento de las autoridades. El castigo lo hizo cambiar como persona y reflexionar sobre su trato a las mujeres.
Tras la recepción del documento, “José Luis” se presentó al Juzgado de Sentencia.
Reconoce que sentía miedo y vergüenza. Cabizbajo escuchó al juez leer la sentencia que lo condenaba a prestar servicios comunitarios durante dos meses.
“José Luis” acordó cumplir su pena durante cuatro horas diarias los fines de semana en distintas labores supervisadas. Además debía presentarse cuatro días a la semana a recibir terapia psicológica. Un sábado por la mañana llegó en su camioneta a la Policía Municipal, donde sentados en una acera esperaban otros 10 sentenciados a hacer trabajos comunitarios.
“Ya llegó el supervisor”, dijo uno de los hombres, pero cuando lo vieron bajar con machete en mano se dieron cuenta de que eran parte del mismo grupo de sentenciados. Minutos después llegó el supervisor y les indicó que el trabajo consistía en limpiar un terreno.
Mientras cortaban el monte, los acusados por violencia doméstica, incluyendo abogados, ingenieros, periodistas, vendedores ambulantes, albañiles y desempleados, compartían sus historias. Unos aseguraban que eran inocentes, otros decían que no volverían a maltratar a su cónyuge y uno de ellos no mostraba el menor arrepentimiento.
“José Luis” cumplió su trabajo durante los siguientes dos meses y tras esa experiencia asegura que se volvió un hombre más reflexivo y que las pláticas con los psicólogos ayudaron en su crecimiento personal, pero al cabo de algunos meses su esposa finalmente le pidió el divorcio y no pudo salvar su matrimonio.
Los casos
Ramón Barrios, juez de sentencia, explicó que luego de que una persona presenta una denuncia por violencia doméstica se procede a la investigación y dependiendo del caso se aplica la pena. El juez agrega que el beneficio del trabajo comunitario no solo es otorgado en los casos de violencia doméstica, sino que puede ser solicitado por los acusados de cualquier delito en los que la pena sea de menos de cinco años de prisión, siempre que el implicado no tenga antecedentes penales.
Barrios indicó que la conmuta de tiempo en prisión por trabajo comunitario puede ser solicitada también cuando se cometen delitos en contra del Estado. En los casos de narcotráfico, por ser delitos que atentan contra la salud pública, a los acusados, además de sentencia en prisión, se les aplica una multa que puede ser millonaria; en la mayoría de los casos, los implicados aseguran que no pueden pagarla, por lo que solicitan el beneficio de realizar horas de servicio a la comunidad, explicó Barrios.
Una vez que los acusados son remitidos a las autoridades de la Policía Municipal, los dividen en dos grupos: uno es supervisado la Unidad contra Violencia Domestica y el segundo está compuesto por todos los casos en que se haya cometido cualquier otro ilícito y en que el Juzgado de Sentencia determinó otorgarles el beneficio.
Luis Bautista, director de Justicia Municipal de San Pedro Sula, indicó que las penas, además de la prestación de servicios, pueden incluir la prohibición de acercase a la persona afectada en los casos de violencia doméstica o de que el acusado frecuente ciertos lugares.
Explicó que con el tiempo las denuncias aumentan y que a diario reciben personas que han sido acusadas por la comisión de delitos, “incluso tenemos trabajando con nosotros a una mujer que se encarga de la limpieza de las oficinas de la Policía Municipal como parte de su sentencia y a un ciudadano que colabora reparando las puertas, las conexiones eléctricas, pintando paredes y haciendo cualquier labor que requiera su cooperación; todo esto se cumple en horarios que no interfieran con sus ocupaciones diarias y en el tiempo establecido de su pena”, señaló Bautista.
Regularmente se presentan casos en que una persona es sentenciada a cumplir una pena en prisión, pero al quedar en libertad se entera de que también le fue aplicada una multa, que debe pagar en efectivo. Al no tener esa suma de dinero, la paga con horas de trabajo comunitario.
Walter Brizuela, jefe de asuntos civiles en la Unidad de Violencia Doméstica de la Policía Municipal, dijo que constantemente se reúne con los sentenciados y trata de hacerles saber que pueden corregir su vida. “De nada sirve que les apliquemos un castigo si no les damos la oportunidad de ser escuchados. Muchos de los acusados, sean hombres, mujeres o ancianos, solo necesitan desahogarse para tener un cambio de actitud”, expresó el funcionario.
