Tegucigalpa, Honduras.
Todos los acuerdos, traslados y cancelaciones de personal hechos en los últimos 12 meses por medio del Consejo de la Judicatura serán sujetos a un proceso de revisión.
En un plazo máximo de un mes, la Dirección de Administración de Personal del Poder Judicial analizará los nombramientos ante el abuso en que habrían incurrido algunos consejeros en la designación y administración de personal.
Los nombramientos serán sujetos a investigación tras quedar al descubierto presuntas irregularidades en la gestión del recurso humano en el Poder Judicial.
Informe
Las anomalías quedaron al descubierto tras el autonombramiento del consejero Francisco Quiroz, quien se vio obligado a renunciar al cargo de magistrado de la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, que asumiría dentro de tres años, al concluir su función dentro del Consejo de la Judicatura.
Este órgano fue creado por el Congreso Nacional para despolitizar los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ); pero desde que entró en funciones ha permanecido envuelto en la polémica.
Ayer, el presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, confirmó que la Dirección de Administración de Personal del Poder Judicial analizará en menos de un mes los nombramientos hechos en más de un año por el Consejo de la Judicatura.
La orden de revisión salió del mismo órgano ante los cuestionamientos de distintos sectores por los abusos en las designaciones de personal.
Entre los casos señalados se menciona la designación del motorista del presidente de la Corte como defensor público, el nombramiento de su hijastro como secretario general del Juzgado Civil y otra serie de traslados y designaciones de personas que cumplen con los requisitos de ley.
“De llegar a comprobarse la falta de algún requisito legal y que el mismo sea insubsanable, se procederá a su anulación inmediata”, detalla la determinación del Poder Judicial.
No obstante, el período para revisar y regular al personal nombrado por los consejeros podría durar meses.
El departamento de recursos humanos hará primero el informe de los nombramientos, es decir, establecerá quiénes están en propiedad o como interinos. Luego evaluará que el funcionario asignado a ese cargo cumpla con los requisitos para el puesto adonde está asignando. Esta etapa tardaría al menos un mes. Después, las autoridades llamarán a aquellos empleados con irregularidades en sus nombramientos para que subsanen las anomalías.
Este es un proceso que tardaría algunos meses debido a que la dirección de personal debe continuar procesando la información de los funcionarios sometidos a las prueba de confianza.
Los resultados de las investigaciones serán comunicados oportunamente, así como las decisiones que se tomen respecto a los nombramientos.
“Es un trabajo que necesitará un tiempo prudencial porque hablamos de más de un año de nombramientos, en menos de un mes estaría listo”, dijo Rivera Avilés.
Los consejeros se vieron en la obligación de revisar los nombramientos asignados por ellos mismos, luego de las denuncias sobre designación de personal de forma irregular.
Ante estos cuestionamientos, varios sectores políticos, sociedad civil y organizaciones judiciales piden una investigación de las actuaciones de los consejeros, incluso su separación del cargo.
Todos los acuerdos, traslados y cancelaciones de personal hechos en los últimos 12 meses por medio del Consejo de la Judicatura serán sujetos a un proceso de revisión.
En un plazo máximo de un mes, la Dirección de Administración de Personal del Poder Judicial analizará los nombramientos ante el abuso en que habrían incurrido algunos consejeros en la designación y administración de personal.
Los nombramientos serán sujetos a investigación tras quedar al descubierto presuntas irregularidades en la gestión del recurso humano en el Poder Judicial.
Informe
Las anomalías quedaron al descubierto tras el autonombramiento del consejero Francisco Quiroz, quien se vio obligado a renunciar al cargo de magistrado de la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, que asumiría dentro de tres años, al concluir su función dentro del Consejo de la Judicatura.
Este órgano fue creado por el Congreso Nacional para despolitizar los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ); pero desde que entró en funciones ha permanecido envuelto en la polémica.
Ayer, el presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, confirmó que la Dirección de Administración de Personal del Poder Judicial analizará en menos de un mes los nombramientos hechos en más de un año por el Consejo de la Judicatura.
La orden de revisión salió del mismo órgano ante los cuestionamientos de distintos sectores por los abusos en las designaciones de personal.
Entre los casos señalados se menciona la designación del motorista del presidente de la Corte como defensor público, el nombramiento de su hijastro como secretario general del Juzgado Civil y otra serie de traslados y designaciones de personas que cumplen con los requisitos de ley.
“De llegar a comprobarse la falta de algún requisito legal y que el mismo sea insubsanable, se procederá a su anulación inmediata”, detalla la determinación del Poder Judicial.
No obstante, el período para revisar y regular al personal nombrado por los consejeros podría durar meses.
El departamento de recursos humanos hará primero el informe de los nombramientos, es decir, establecerá quiénes están en propiedad o como interinos. Luego evaluará que el funcionario asignado a ese cargo cumpla con los requisitos para el puesto adonde está asignando. Esta etapa tardaría al menos un mes. Después, las autoridades llamarán a aquellos empleados con irregularidades en sus nombramientos para que subsanen las anomalías.
Este es un proceso que tardaría algunos meses debido a que la dirección de personal debe continuar procesando la información de los funcionarios sometidos a las prueba de confianza.
Los resultados de las investigaciones serán comunicados oportunamente, así como las decisiones que se tomen respecto a los nombramientos.
“Es un trabajo que necesitará un tiempo prudencial porque hablamos de más de un año de nombramientos, en menos de un mes estaría listo”, dijo Rivera Avilés.
Los consejeros se vieron en la obligación de revisar los nombramientos asignados por ellos mismos, luego de las denuncias sobre designación de personal de forma irregular.
Ante estos cuestionamientos, varios sectores políticos, sociedad civil y organizaciones judiciales piden una investigación de las actuaciones de los consejeros, incluso su separación del cargo.
